(PL) – Honduras tiene más de 70 mil guardias privados, el doble de efectivos con que cuenta la Policía Nacional y el Ejército juntos, según un estudio de Naciones Unidas divulgado hoy. Citada por el diario El Heraldo, la investigación destaca que en este país hay unas 700 empresas de seguridad privada.
Según Patricia Arias, consultora de la ONU, la regulación de estas firmas, que corresponde a la Secretaría de Seguridad, “resulta insuficiente y muy débil”.
Agregó que esos agentes tienen salarios bajos y apenas gozan de los derechos de servicios médicos, a través del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
La experta chilena comentó que la existencia de tantas empresas entre legales e ilegales “facilita de alguna manera la violación a los derechos humanos y el sometimiento de las personas, entre otros atropellos, incluso las violaciones sexuales de mujeres en la zona del Bajo Aguán, en la costa norte hondureña”.
En el Bajo Aguán tiene lugar desde hace cinco años un conflicto entre campesinos que reclaman tierras y empresarios agrícolas.
Allí se han registrado más de 70 muertes violentas, en su mayoría labriegos, señaló Arias.
La relación del número de policías y guardias de seguridad es de uno a cinco, de acuerdo con Naciones Unidas. La mayoría de los propietarios de esas compañías son exoficiales de la Policía y del Ejército.
Las Fuerzas Armadas de Honduras cuentan con alrededor de 12 mil miembros.
Arias mostró su preocupación por la existencia de más de un millón de armas en manos de los hondureños, lo que contribuye a la ola de violencia que sacude al país, donde se registran al menos 19 muertes al día.
La ONU expresó que otro problema que demanda respuestas urgentes es la falta de investigación y la aplicación de la justicia, ya que muchos crímenes quedan impunes en Honduras.
Las “violaciones de derechos humanos que habrían sido cometidas por las compañías de seguridad privada no son investigadas, no se procesa a los autores y las víctimas no tienen acceso a una justa reparación”, aseguró.
Según Patricia Arias, consultora de la ONU, la regulación de estas firmas, que corresponde a la Secretaría de Seguridad, “resulta insuficiente y muy débil”.
Agregó que esos agentes tienen salarios bajos y apenas gozan de los derechos de servicios médicos, a través del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
La experta chilena comentó que la existencia de tantas empresas entre legales e ilegales “facilita de alguna manera la violación a los derechos humanos y el sometimiento de las personas, entre otros atropellos, incluso las violaciones sexuales de mujeres en la zona del Bajo Aguán, en la costa norte hondureña”.
En el Bajo Aguán tiene lugar desde hace cinco años un conflicto entre campesinos que reclaman tierras y empresarios agrícolas.
Allí se han registrado más de 70 muertes violentas, en su mayoría labriegos, señaló Arias.
La relación del número de policías y guardias de seguridad es de uno a cinco, de acuerdo con Naciones Unidas. La mayoría de los propietarios de esas compañías son exoficiales de la Policía y del Ejército.
Las Fuerzas Armadas de Honduras cuentan con alrededor de 12 mil miembros.
Arias mostró su preocupación por la existencia de más de un millón de armas en manos de los hondureños, lo que contribuye a la ola de violencia que sacude al país, donde se registran al menos 19 muertes al día.
La ONU expresó que otro problema que demanda respuestas urgentes es la falta de investigación y la aplicación de la justicia, ya que muchos crímenes quedan impunes en Honduras.
Las “violaciones de derechos humanos que habrían sido cometidas por las compañías de seguridad privada no son investigadas, no se procesa a los autores y las víctimas no tienen acceso a una justa reparación”, aseguró.
