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Manifestación contra fallo de Corte de Justicia que beneficia a represores de la dictadura

 La protesta, que se desarrolló de manera pacífica, fue convocada por el oficialista Frente Amplio y diversas agrupaciones. 
 
Un fallo del máximo tribunal declaró inconstitucional una ley que permitía juzgar a militares y policías por crímenes de la dictadura.

El oficialista Frente Amplio (FA) y diversas agrupaciones defensoras de los derechos humanos marcharon este lunes por la tarde contra un fallo de la Corte Suprema de Uruguay que repone la ley de caducidad que impide juzgar a militares y policías por crímenes perpetrados durante la dictadura en ese país.

Cientos de personas vinculadas al conglomerado de izquierda se manifestaron frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia (CSJ) de Uruguay que repone la ley de caducidad que impide juzgar a militares y policías por crímenes perpetrados durante la dictadura.

La concentración se desarrolló frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia en la plaza Libertad, en la ciudad de Montevideo, en rechazo por la resolución del máximo cuerpo judicial.

Pasadas las 18:30h de la tarde se entonó el himno uruguayo que fue seguido de un gran aplauso por todos los presentes. La concentración fue acompañada de una importante presencia policial.

Luego hubieron algunos cánticos previos contra el fallo judicial: 
 
“Se va a acabar la impunidad en Uruguay”, gritó la multitud. Además, banderas del estilo “Fallo de la suprema corte la festejan asesinos, torturadores y latifundistas” o “Basta de maniobras. Anular la ley de caducidad”, acompañó el pedido de renuncia de los miembros de la Suprema Corte.

Junto al FA se manifestaron, entre otros, Madres y familiares de detenidos desaparecidos y de ex presos políticos (Crysol), la central sindical PIT-CNT, la institución de derechos humanos SERPAJ y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).

La protesta fue contra el fallo de la Corte que la semana pasada declaró la inconstitucionalidad de la ley 18.831, sancionada en octubre de 2011 y que hace una interpretación de la vieja ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que por muchos años actuó como “paraguas protector” de militares y policías violadores de los derechos humanos durante la última dictadura.

Guillermo Pellegrino

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