El cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua, tras un encuentro celebrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó la necesidad de respetar y darle cumplimiento al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en el que se le restituyó a nuestro país su plataforma marítima en el Caribe.
El embajador de Nicaragua en La Haya, Dr. Carlos Argüello y el Canciller Samuel Santos, hicieron una presentación sobre la sentencia de la CIJ ante los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país.
Argüello explicó los alcances de la sentencia, dejando claro que el fallo es inapelable, de obligatorio cumplimiento y que fue una decisión unánime de los jueces del alto tribunal.
Por su parte, el Canciller Santos presentó los ejes de trabajo que el gobierno ha delineado en primera instancia para dar cumplimiento al mismo.
Aseguró que el Presidente Daniel Ortega ha manifestado garantías a las poblaciones del archipiélago de San Andrés para proteger su relación humana y social con las poblaciones caribeñas de Nicaragua.
También destacó lo relativo a la protección y conservación de la biodiversidad marina, lo cual es también una responsabilidad frente a la comunidad internacional.
Santos invitó a los gobiernos, representados por los embajadores, a “reafirmar su compromiso con la justicia y el derecho internacional”.
Embajadores confirman que las sentencias de la CIJ se acatan
Por su parte, los embajadores que participaron en la reunión, expresaron a medios nacionales e internacionales, que las sentencias dictadas por la CIJ se acatan sin ninguna excusa.
Antonio D´Andría, embajador de Italia en Nicaragua estimó que “esa es regla general cuando dos países resuelven ir a una corte internacional que va a resolver sus controversias, después hay que acatar (el fallo) eso es normal”.
“Yo creo que todos están conscientes que el derecho internacional tiene su sistema y hay que respetarlo en el interés de todos y de la paz, yo creo que las cosas se van calmando gracias a la actitud constructiva que el Gobierno de Nicaragua ha asumido, sobre todo frente a los intereses de los isleños de la zona”, comentó.
En tanto el Embajador de Honduras, señor Ledin Orlando Torres, coincidió con que la sentencia de la CIJ es de obligatorio cumplimiento y comentó que en el caso de su país, siempre se han acatado y reconocido los fallos de los tribunales internacionales.
“Los fallos sirven para que haya paz entre los pueblos y prosperidad. Nosotros esperamos que entre Nicaragua y Colombia haya paz y que se acepten los términos del fallo”, indicó.
De la misma manera el Embajador de Chile, señor Hernán Mena Taboada, resaltó que los fallos siempre se cumplen.
La embajadora de Venezuela, María Alejandra Ávila, comentó que en la reunión los embajadores conocieron la decisión de la CIJ. Indicó que Nicaragua y Colombia son dos repúblicas hermanas y deben de conservarse así en los mejores términos.
El pasado 19 de noviembre, la CIJ resolvió que Nicaragua tenía derecho a su plataforma continental en el Mar Caribe, restituyendo de esta manera los derechos soberanos de nuestro país en territorio que estaba siendo usurpado por Colombia.
Sin embargo, y a pesar de haber reconocido la jurisdicción de la CIJ, Colombia se ha negado a acatar el fallo y más bien denunció el Pacto de Bogotá, que obliga a los Estados miembros a resolver las controversias a través del tribunal internacional.
Argüello explicó los alcances de la sentencia, dejando claro que el fallo es inapelable, de obligatorio cumplimiento y que fue una decisión unánime de los jueces del alto tribunal.
Por su parte, el Canciller Santos presentó los ejes de trabajo que el gobierno ha delineado en primera instancia para dar cumplimiento al mismo.
Aseguró que el Presidente Daniel Ortega ha manifestado garantías a las poblaciones del archipiélago de San Andrés para proteger su relación humana y social con las poblaciones caribeñas de Nicaragua.
También destacó lo relativo a la protección y conservación de la biodiversidad marina, lo cual es también una responsabilidad frente a la comunidad internacional.
Santos invitó a los gobiernos, representados por los embajadores, a “reafirmar su compromiso con la justicia y el derecho internacional”.
Embajadores confirman que las sentencias de la CIJ se acatan
Por su parte, los embajadores que participaron en la reunión, expresaron a medios nacionales e internacionales, que las sentencias dictadas por la CIJ se acatan sin ninguna excusa.
Antonio D´Andría, embajador de Italia en Nicaragua estimó que “esa es regla general cuando dos países resuelven ir a una corte internacional que va a resolver sus controversias, después hay que acatar (el fallo) eso es normal”.
“Yo creo que todos están conscientes que el derecho internacional tiene su sistema y hay que respetarlo en el interés de todos y de la paz, yo creo que las cosas se van calmando gracias a la actitud constructiva que el Gobierno de Nicaragua ha asumido, sobre todo frente a los intereses de los isleños de la zona”, comentó.
En tanto el Embajador de Honduras, señor Ledin Orlando Torres, coincidió con que la sentencia de la CIJ es de obligatorio cumplimiento y comentó que en el caso de su país, siempre se han acatado y reconocido los fallos de los tribunales internacionales.
“Los fallos sirven para que haya paz entre los pueblos y prosperidad. Nosotros esperamos que entre Nicaragua y Colombia haya paz y que se acepten los términos del fallo”, indicó.
De la misma manera el Embajador de Chile, señor Hernán Mena Taboada, resaltó que los fallos siempre se cumplen.
La embajadora de Venezuela, María Alejandra Ávila, comentó que en la reunión los embajadores conocieron la decisión de la CIJ. Indicó que Nicaragua y Colombia son dos repúblicas hermanas y deben de conservarse así en los mejores términos.
El pasado 19 de noviembre, la CIJ resolvió que Nicaragua tenía derecho a su plataforma continental en el Mar Caribe, restituyendo de esta manera los derechos soberanos de nuestro país en territorio que estaba siendo usurpado por Colombia.
Sin embargo, y a pesar de haber reconocido la jurisdicción de la CIJ, Colombia se ha negado a acatar el fallo y más bien denunció el Pacto de Bogotá, que obliga a los Estados miembros a resolver las controversias a través del tribunal internacional.
