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Personalidades nicaragüenses apreciaron el el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como una vía pacífica para la solución del conflicto marítimo entre este país y Colombia.
A partir del acatamiento de la sentencia, puede abrirse una nueva etapa en las relaciones a favor del comercio, la inversión y el desarrollo, dijo a la prensa el experto en derecho internacional Manuel Madriz.
El pronunciamiento del máximo tribunal de Naciones Unidas debe llevar a "bajar el nivel de tensión que se ha mantenido", para hacer primar el beneficio de los dos pueblos, estimó el jurista.
Con el reconocimiento de la soberanía nicaragüense sobre las aguas del mar Caribe más allá del meridiano 82, termina un extenso conflicto que Managua y Bogotá sostenían desde hace décadas.
A juicio del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional (parlamento), Jacinto Suárez, la nueva delimitación fijada por la CIJ echa por tierra una injusticia histórica.
El acceso de Nicaragua a sus mares y el límite fronterizo resultan sumamente importantes; en lo adelante nuestros pesqueros, que antes era parados en el meridiano 82, podrán faenar en esas aguas, respondió el diputado.
En opinión del exdiplomático e historiador Aldo Díaz Lacayo el pronunciamiento de la CIJ responde de manera cabal a las normativas del derecho internacional, de ahí su solidez.
"El Estado colombiano siempre dijo que no esperaba nada más allá al occidente del meridiano 82. Nuestra posición frente a la Corte fue muy sencilla y, aunque era muy compleja, la voy a reducir simplemente a que se fijara la frontera conforme a las 200 millas del mar territorial", indicó.
Abogamos por la solución pacífica de las controversias y ante la imposibilidad de un arreglo bilateral directo, el gobierno recurrió a La Haya, valoró el estudioso.
Por decisión de la CIJ, Nicaragua ganó una franja de mar tanto al norte como al sur del archipiélago de San Andrés y Providencia.
La Corte se pronunció a favor del derecho de país centroamericano a las 200 millas de espacio marítimo, mientras admitió la soberanía administrativa, jurídica y política ejercida por Colombia sobre los cayos en disputa.
De tal forma los territorios de Albuquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajo Sueño, pertenecientes al archipiélago de San Andrés, quedan en manos de esa nación suramericana.
Para el subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín, la sentencia constituye un triunfo del pueblo nicaragüense y señala el respeto por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega a las normas del derecho internacional en contraste con otros países.
En los años 80 del siglo XX, nuestro país ganó en su demanda contra Estados Unidos por los daños de la guerra de agresión, pero esa potencia norteña "nunca se ha dignado honrarla".
