La irritación, con veladas amenazas, del expresidente de Perú Alan García contra una comisión parlamentaria que investiga la posible corrupción en su último gobierno, coincide hoy con la inminencia de un informe de ese grupo legislativo.
El exgobernante dijo estar dispuesto a ser investigado, pero advirtió que si no se le prueba nada, los investigadores deberán renunciar a sus curules y no escudarse en su inmunidad parlamentaria, lo que sugiere una amenaza de juicio.
Afirmó además estar cansado “de los abusos politiqueros, del afán de figuración” y sostuvo que en las investigaciones “hay intereses políticos” que buscan destruirlo como opción de su organización, el Partido Aprista.
La arremetida de García coincidió con la revelación por la prensa de que la llamada megacomisión, por la gran cantidad de casos registrados en esa administración (2006-2011), sindica al ex primer ministro y extitular de Educación José Chang.
El exjefe de Gobierno es principal accionista de la universidad privada San Martín, a la que está ligado también García y a la que el grupo legislativo proyecta investigar por haber sido contratada para la elaboración del proyecto de remodelaciones.
Chang, muy cercano a García, es acusado en el informe por malversación de fondos y otros delitos, como principal responsable de irregularidades en la remodelación de numerosas escuelas secundarias estatales, contratada cuando era ministro de Educación.
Cuando recientemente la prensa reveló que García pagaba un cuantioso alquiler por una lujosa residencia y andaba en un automóvil muy costoso, él afirmó que la universidad citada le había facilitado tanto la vivienda como el vehículo.
