A propósito del reporte anual del Departamento del Tesoro al Congreso de EE.UU sobre los activos confiscados a los estados y organizaciones calificadas por Washington como “terroristas”, que revela que ese país congeló a Cuba 245 millones de dólares durante el 2011, recuerdo que en el mes de octubre se cumplen veinte años de que fuera sancionada en el Congreso norteamericano la Ley Torricelli, promulgada por el ex presidente George Bush (padre) el 23 de octubre de 1992, en plena campaña electoral, con el propósito, entre otros, de ganarse al electorado de la Florida.
Es una de las expresiones más acabadas de la línea agresiva del imperio contra la Revolución cubana, al articular toda una retórica eufemística que enarbola conceptos como democracia, derechos humanos, economía de mercado, y, por supuesto, un reforzamiento del bloqueo impuesto desde inicios de la Revolución. Al mismo tiempo se pronunció a favor de “comunicaciones adecuadas entre ambos países”, en el interés de “promover cambios políticos en Cuba”.
En este contexto, en julio de 1993, el gobierno norteamericano hizo pública su nueva política de telecomunicaciones hacia Cuba, que se caracteriza por los aspectos principales siguientes:
Ratificó que la cuenta perteneciente a la empresa EMTELCUBA, por concepto del tráfico telefónico internacional entre los años 1966 a 1992 no fuera desbloqueada. Esta cuenta era de unos 122 millones de USD que sumados los intereses, más la cuenta bloqueada a favor del Banco Nacional de Cuba por otros conceptos, se elevó a unos 161,6 millones en el año 2000.
Ratificó la prohibición de adquirir por Cuba medios de comunicaciones en EE.UU., y de que las empresas del vecino del norte participaran en la modernización de la red nacional de telecomunicaciones de la mayor de las Antillas.
Autorizó la liquidación de cuentas entre empresas de telecomunicaciones de ambos países, aunque evitando la acumulación “excesiva” de ganancias en divisas por parte de empresas cubanas.
Fijación de forma arbitraria e impositiva de la tasa de distribución máxima a repartir entre las compañías de $1.20/minuto que aunque era la histórica debió haber sido determinada y acordada nuevamente por las compañías operadoras de ambos países, y no impuesta por el gobierno norteamericano.
De esta forma, se le da un carácter político a una cuestión puramente técnica y económica entre empresas. Es decir, la Ley Torricelli aboga por comunicaciones eficientes y adecuadas entre ambos países pero exige que el gobierno cubano no acumule beneficios que ellos consideren “excesivos”.
Aunque se autorizaba las llamadas familiares se limitaban las llamadas comerciales como las derivadas del turismo y continuaban confiscando activos de empresas cubanas.
Como se manifiesta con la confiscación de los activos cubanos en 2011, la administración de Barack Obama continúa la línea de sus antecesores y refuerza el injusto bloqueo económico y comercial contra Cuba en un año electoral en EE.UU..
Algo por lo que le vaticino momentos nada agradables en la próxima Cumbre de las Américas, a efectuarse esta semana en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.
