El presidente boliviano Evo Morales denunció el día 9 que Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), espian a Bolivia y a otros países latinoamericanos, reporta la agencia Xinhua.
“Estoy convencido que algunas ONG, especialmente aquellas financiadas por USAID, son la quinta instancia de espionaje, no sólo en Bolivia, sino en toda Latinoamérica”, afirmó Morales en rueda de prensa en la ciudad de Oruro (sudoeste) al participar en los actos cívicos por las efemérides del departamento del mismo nombre.
Según el mandatario boliviano, mediante estas organizaciones es que Estados Unidos conoce “hasta el último movimiento de los sectores sociales y dirigentes sindicales”.
También lamentó que algunos directivos sindicales se dejen comprar por esta clase de ONG, para generar conflictos con información falsa, como es el caso del conflicto indígena del Tipnis por la construcción y rechazo de una carretera regional.
Para el gobernante, USAID “da plata (dinero) a las ONG para que luego rindan cuentas” al gobierno estadounidense sobre la situación de los movimientos sociales y sus dirigentes de toda la región latinoamericana.
El gobierno boliviano, a través de Morales y del vicepresidente boliviano Alvaro García Linera, ministros y hombres de confianza, acusaron en reiteradas oportunidades a las ONG de intentar frenar proyectos viales y de explotación de recursos naturales en Bolivia, al usar para ese fin a los pueblos indígenas y el discurso “ecologista”.
Morales ratificó su decisión de resolver el conflicto indígena a través de una consulta previa basado en los preceptos internacionales de la OIT y de la Constitución boliviana.
Con la finalidad de legitimar una amplia participación ciudadana, el presidente boliviano convocó para el próximo miércoles a los movimientos sociales, especialmente a indígenas y campesinos, para definir el proyecto de ley de consulta previa.
El dignatario indígena insistió que la primera marcha de los indígenas que rechazan la construcción de una carretera fue manejada por la embajada de Estados Unidos y por las ONG.
Estas denuncias fueron sustentadas en agosto pasado por el ex director de la Agencia para el Desarrollo de Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf) y por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien afirmó que la USAID “invirtió 100 millones de dólares para corromper a dirigentes indígenas a través de un ejército de ONG”.
Quintana dijo que así como se desmanteló en agosto de 2008 el golpe cívico-prefectural y el presidente Evo Morales dispuso la expulsión del entonces embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, se debe hacer lo mismo con la USAID por ser una amenaza para los recursos naturales y la estabilidad democrática.
El ministro boliviano mostró también documentación desclasificada de los archivos del propio Departamento de Estado de Estados Unidos por parte de instituciones académicas y de investigación.
“Los programas que financia USAID son unilaterales sin autorización del Gobierno para ejecutar operaciones encubiertas y conspirar contra Bolivia desde la embajada de Estados Unidos”, indicó.
Según Quintana, los funcionarios de la USAID asumieron que la mejor manera de corromper a los dirigentes indígenas para enfrentarse al gobierno es mediante la concesión de becas y el financiamiento a 100 ONG.
El plan incluye la suscripción de subcontratos con ONG de Bolivia para que trabajen con las comunidades que administran situaciones de conflicto.
Indicó que otros caminos utilizados por la USAID es la capacitación de medios de comunicación, el apoyo a los pasantes indígenas en esa agencia y en la embajada de Estados Unidos y la consolidación de una red de graduados para que aboguen por áreas claves estadounidenses en política ambiental como un instrumento de desestabilización.(Xinhua)
“Estoy convencido que algunas ONG, especialmente aquellas financiadas por USAID, son la quinta instancia de espionaje, no sólo en Bolivia, sino en toda Latinoamérica”, afirmó Morales en rueda de prensa en la ciudad de Oruro (sudoeste) al participar en los actos cívicos por las efemérides del departamento del mismo nombre.
Según el mandatario boliviano, mediante estas organizaciones es que Estados Unidos conoce “hasta el último movimiento de los sectores sociales y dirigentes sindicales”.
También lamentó que algunos directivos sindicales se dejen comprar por esta clase de ONG, para generar conflictos con información falsa, como es el caso del conflicto indígena del Tipnis por la construcción y rechazo de una carretera regional.
Para el gobernante, USAID “da plata (dinero) a las ONG para que luego rindan cuentas” al gobierno estadounidense sobre la situación de los movimientos sociales y sus dirigentes de toda la región latinoamericana.
El gobierno boliviano, a través de Morales y del vicepresidente boliviano Alvaro García Linera, ministros y hombres de confianza, acusaron en reiteradas oportunidades a las ONG de intentar frenar proyectos viales y de explotación de recursos naturales en Bolivia, al usar para ese fin a los pueblos indígenas y el discurso “ecologista”.
Morales ratificó su decisión de resolver el conflicto indígena a través de una consulta previa basado en los preceptos internacionales de la OIT y de la Constitución boliviana.
Con la finalidad de legitimar una amplia participación ciudadana, el presidente boliviano convocó para el próximo miércoles a los movimientos sociales, especialmente a indígenas y campesinos, para definir el proyecto de ley de consulta previa.
El dignatario indígena insistió que la primera marcha de los indígenas que rechazan la construcción de una carretera fue manejada por la embajada de Estados Unidos y por las ONG.
Estas denuncias fueron sustentadas en agosto pasado por el ex director de la Agencia para el Desarrollo de Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf) y por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien afirmó que la USAID “invirtió 100 millones de dólares para corromper a dirigentes indígenas a través de un ejército de ONG”.
Quintana dijo que así como se desmanteló en agosto de 2008 el golpe cívico-prefectural y el presidente Evo Morales dispuso la expulsión del entonces embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, se debe hacer lo mismo con la USAID por ser una amenaza para los recursos naturales y la estabilidad democrática.
El ministro boliviano mostró también documentación desclasificada de los archivos del propio Departamento de Estado de Estados Unidos por parte de instituciones académicas y de investigación.
“Los programas que financia USAID son unilaterales sin autorización del Gobierno para ejecutar operaciones encubiertas y conspirar contra Bolivia desde la embajada de Estados Unidos”, indicó.
Según Quintana, los funcionarios de la USAID asumieron que la mejor manera de corromper a los dirigentes indígenas para enfrentarse al gobierno es mediante la concesión de becas y el financiamiento a 100 ONG.
El plan incluye la suscripción de subcontratos con ONG de Bolivia para que trabajen con las comunidades que administran situaciones de conflicto.
Indicó que otros caminos utilizados por la USAID es la capacitación de medios de comunicación, el apoyo a los pasantes indígenas en esa agencia y en la embajada de Estados Unidos y la consolidación de una red de graduados para que aboguen por áreas claves estadounidenses en política ambiental como un instrumento de desestabilización.(Xinhua)
