Familiares de víctimas de la invasión estadounidense de diciembre de
1989 de Panamá reclaman al gobierno norteamericano juicios e
indemnizaciones por las muertes y daños ocasionados.
“Lo primero que pedimos a Estados Unidos es una indemnización al país
en su conjunto por la masacre de la invasión”, dijo Trinidad Ayola,
quien preside la asociación de víctimas de la intervención
norteamericana.
“Claro que a uno le gustaría que el responsable de esto, que fue el
ex presidente estadounidense George Bush, fuera juzgado.
Sería lo
ideal”, dijo Ayola.
“Exigimos que el Estado panameño condene la invasión y demande
internacionalmente a los Estados Unidos” para que Bush sea juzgado y
condenado por “este crimen de lesa humanidad”, dice un comunicado
firmado por más de una decena de organizaciones populares y de víctimas.
“Fuimos bombardeados y masacrados para aterrorizar, intimidar y
desmovilizar a nuestro pueblo”, añade el comunicado, que califica la
invasión como la “intervención militar más sangrienta” contra un país
latinoamericano en el siglo XX.
En mayo de 1990, un grupo de setenta panameños presentó una demanda
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA),
con sede en Washington, en la que se pide condenar a Estados Unidos
“por los daños causados” y por “violar la soberanía del país”.
Además, los demandantes exigen “una compensación justa” por los
perjuicios morales y económicos provocados por la invasión, pero hasta
el momento no se ha producido ningún pronunciamiento.
“La Comisión no ha rendido una decisión por la razón más obvia: tiene
temor a decir que el pueblo panameño le ha ganado una demanda a los
Estados Unidos por una invasión”, dijo a la abogada de las víctimas
panameñas Gilma Camargo.
En la madrugada del 20 de diciembre de 1989, las fuerzas
estadounidenses lanzaron sobre Panamá una cruenta invasión para derrocar
el régimen militar comandado por el general Manuel Antonio Noriega,
quien gobernaba de facto el país desde 1983. Noriega, un antiguo miembro
de la CIA que fue adquiriendo poder tras el golpe militar que encumbró
al líder nacionalista Omar Torrijos en 1968, terminó desafiando a
Washington, que lo acusaba de estar asociado al narcotráfico.
Oficialmente la invasión dejó 500 muertos, cifra ampliamente
cuestionada por varias organizaciones sociales locales debido a los
bombardeos y enfrentamientos entre el poderoso Ejército estadounidense y
una débil resistencia panameña.
“Son 22 años que todavía sufrimos por nuestros amigos y por tanta
gente que murió”, aseguró Olga Cárdenas, quien formó parte de los
llamados Batallones de la Dignidad, milicias formadas por el régimen militar panameño para enfrentarse a los estadounidenses.
“Este caso no tiene que caminar por la Corte Interamericana sino por el Tribunal Penal Internacional de
La Haya, pero para eso tiene que haber un gobierno que se atreva”, dijo
el catedrático en derecho internacional Julio Yao.
“Estados Unidos
nunca pagó un solo centavo por las muertes ni por las millonarias
pérdidas económicas que ocasionó ni durante ni antes de la invasión”,
añadió.
“Nos queda todavía el dolor de ver que nuestros gobiernos panameños
tienen a las víctimas en el olvido. No se atreven a entrar en
contradicción con la potencia más grande del mundo”, dijo a su vez
Trinidad Ayola.
Esta es la primera vez que las reclamaciones de las víctimas se
producen con Noriega en el país, después que éste fuera extraditado por
Francia el pasado 11 de diciembre para que cumpla tres condenas de 20
años de prisión por desaparición de opositores bajo su régimen.
Noriega estuvo preso en cárceles de Estados Unidos y Francia por
narcotráfico y lavado de capitales después que se entregara el 3 de
enero de 1990 a las tropas estadounidenses que asediaban la sede de la
Nunciatura, donde se encontraba escondido.
Juan José Rodríguez / AFP
