RT – América Central está viviendo un alarmante proceso de
militarización. Así lo revela un informe sobre derechos humanos y
conflictividad social en vísperas de la cumbre de los líderes del
Sistema de Integración Centroamericana en San Salvador.
El equipo de monitoreo y análisis de derechos humanos en
Centroamérica, que presentó el documento, constata que las Fuerzas
Armadas en varios países volvieron a ser la institución que comete más
infracciones de los derechos humanos.
Y eso que la criminalidad de los
cárteles también está en el auge.
Se recalca que la militarización se aprovecha de leyes
antiterroristas, de los planes de ‘tolerancia cero’, que son capaces de
convertir a cada transeúnte en sospechoso.
La tendencia se expresa no
solo en una creciente involucración de los Ejércitos nacionales en los
asuntos civiles, sino también en la presencia de bases y efectivos de
Estados Unidos en territorios de Guatemala, Honduras, El Salvador, y
también, más allá de la región, en México y Colombia.
A juicio del analista político salvadoreño Roberto Cañas, “una vez
instalada, la base militar puede servir para cualquier cosa”.
Solo en
principio las bases se instalan para monitorear y perseguir el tráfico
de drogas, dice él.
“De ser presentemente libres en términos de
soberanía, pueden criminalizar la lucha de los movimientos sociales”.
Cañas ve en esta presencia castrense un peligro para la lucha social y
para la paz interna, como en El Salvador, conseguida hace dos décadas.
Explica también las causas que conllevan la constante violación de los
derechos humanos por esta fuerza:
“Las funciones de la Fuerza Armada son
únicamente la defensa de la integridad del territorio de los países
centroamericanos y la soberanía —recalca— y no están para cumplir
funciones de patrulla en las calles, captura de delincuentes, porque no
están entrenados para ello”.
