El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, denunció
este viernes a través de un comunicado que el Partido Liberal
Independiente (Alianza PLI) ha estado falsificando centenares de actas
de escrutinios y boletas electorales de los comicios presidenciales
realizados el pasado 6 de noviembre en el país suramericano.
El ente electoral explicó en el documento que el objeto de Alianza
PLI es sembrar confusión dentro de la ciudadanía y en algunos medios de
comunicación social nicaragüense con respecto a los resultados que
arrojó como vencedor al primer mandatario nacional reelecto, Daniel
Ortega, con más del 60 por ciento del apoyo en las urnas.
El organismo refirió que “la alteración de las boletas electorales
forman parte del plan de terror y caos que el partido opositor ha
orquestado con el propósito de no aceptar los resultados oficiales de la
jornada electoral”.
“Reiteramos a la ciudadanía que los únicos resultados electorales oficiales
son los dados a conocer por el Consejo Supremo Electoral, tal y como lo
establece la Constitución Política y la Ley Electoral” señaló el texto.
En el comunicado, la institución nicaragüense recordó que Alianza PLI
efectuó diferentes actos vandalicos en el desarrollo de los comicios.
El balance del CSE detalló que la tolda política promovió la quema 16
Juntas Receptoras de Votos, material electoral y vehículos de
funcionarios electorales, así como las manifestaciones callejeras en las cuales han resultado ciudadanos afectados.
Por otro lado, treinta y dos personas, entre ellas tres policías,
serán acusadas por la muerte de al menos cuatro personas y lesiones a 50
policías en varios hechos de violencia desatadas por la alianza
PLI–MRS, en venganza porque perdió las elecciones generales del domingo
pasado, informó el viernes el fiscal Armando Juárez.
Juárez dijo que 24 personas fueron acusadas el jueves en el juzgado
de Siuna por el asesinato del secretario político del Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN) en la localidad de Coperna, Donaldo
Martínez.
Además, serán acusados por los delitos de homicidio frustrado,
obstrucción y lesiones gravísimas contra 7 policías que fueron
emboscados el martes por activistas del PLI en la comunidad Coperna, a
unos 20 kilómetros de Siuna, en la Región Autónoma del Atlántico Norte
(RAAN).
Otros policías han resultado heridos durante el desalojo de los
activistas del PLI, durante acciones violentas de estos, contra civiles e
instituciones públicas.
Juárez agregó que otras ocho personas, entre ellas tres oficiales de
policía y el secretario político del FSLN en San José de Cusmapa,
Madriz, serán acusados por el asesinato de tres personas de una familia y
lesiones graves contra dos más ocurridas en la comunidad de El
Carrizal, ocurrido el martes pasado.
Los muertos fueron identificados como Mercedes Tórrez Pérez, y sus
hijos José Ariel Torres (de 22 años) y Elmer Torres Cruz (de 25). Irene
Mejía Cruz, esposa de Mercedes, acusó por la muerte de su esposo y sus
hijos al jefe de la policía de Cusmapa, subcomisionado Elvin de Jesús
López Aguilera; al secretario político del FSLN, Jesús Herrera Zepeda y a
Eusebio Cruz Montenegro, funcionario del Consejo Electoral de la misma
localidad.
El fiscal Juárez dijo en conferencia de prensa que ordenó la captura
de los miembros de la institución policial y del secretario político del
FSLN que se vieron involucrados en el crimen de El Carrizal, quienes
están bajo resguardo preventivo.
Dijo que lamentaba los hechos y advirtió a la dirigencia del PLI “que
no continúen promoviendo e incentivando la violencia, ni movilizando a
sus simpatizantes con la intensión de provocar los resultados que hoy
lamentablemente tenemos”.
El fiscal dijo que el PLI mantenía “una actitud anárquica, agresiva,
confrontativa de movilización”, desde antes de los comicios denunciada
por el Consejo Supremo Electoral.
