PL – El gobierno de Bolivia reiterará a Estados Unidos la
demanda de extradición del expresidente Gonzalo “Goni” Sánchez de
Lozada, para que responda al juicio por genocidio en los casos de
Octubre Negro de 2003, se divulgó hoy aquí.
EL acuerdo marco que La Paz firmó con Washington establece una
comisión de diálogo político que tratará varios asuntos como la
extradición del expresidente, aseveró el canciller David Choquehuanca,
en declaraciones al diario Cambio.
Choquehuanca expresó al periódico que se tocarán todos los temas, y
recordó que las víctimas y familiares de 67 muertos y casi cuatro
centenares de heridos piden la extradición de Sánchez de Lozada desde
Estados Unidos, nación a donde huyó en octubre de 2003 tras la masacre
ocurrida en la ciudad de El Alto.
Ocho años después de ese hecho, la justicia boliviana condenó a cinco
exmilitares del gobierno de Sánchez de Lozada a penas de 10 a 15 años
por la matanza.
Al respecto, el canciller boliviano recordó que la citada comisión
bilateral, que según el tratado se reunirá cada dos años de forma
alterna en los dos países y de manera extraordinaria cuando el caso lo
requiera, será la instancia donde se tratará el retorno del exmandatario
boliviano.
La comisión de diálogo también debatirá lo relativo a los misiles que
se entregaron a Estados Unidos en 2005, durante la gestión del
expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, agregó Choquehuanca.
Rodríguez Veltzé negó anteriormente haya autorizado la entrega del
armamento para que sea desactivado en territorio norteamericano. El
exjefe de Estado señaló que él no se hallaba en el país cuando se
entregaron esos misiles de fabricación china.
El exembajador estadounidense en Bolivia David Greenlee, en la
ocasión, aseguró que el traslado y desactivación de ese armamento fue
ordenado por las autoridades militares de entonces.
El acuerdo marco entre Bolivia y Estados Unidos, firmado el lunes en
Washington por el vicecanciller Juan Carlos Alurralde y la subsecretaria
de Estado para la Democracia y Asuntos Globales de EE.UU., María Otero,
establece que las áreas de cooperación se definen de ahora en adelante
de Estado a Estado.
En ese sentido, ambos gobiernos definirán cuáles serán las
instituciones ejecutoras de la cooperación, y conformarán además una
instancia de diálogo político para tratar el curso de las relaciones
bilaterales.
