Panamá es un país pequeño en extensión y en habitantes.
Apenas
superamos los 3 millones de personas, de las cuales las dos terceras
partes están cubiertas por la Seguridad Social, en un sistema de
solidaridad.
No obstante a ello, desde la década de los ochenta, los
sucesivos gobiernos han intentando privatizar los fondos de pensiones,
pero no lo han logrado gracias a la firme oposición de los gremios
médicos y de trabajadores.
En los últimos años de la década de los
noventa, cuando el actual Presidente de la República, Ricardo Martinelli
Berrocal, era Director General de la Caja de Seguro Social, CSS,
intentó crear una empresa financiera dirigida por él, para administrar
los fondos de pensiones, pero el rechazo fue de tal magnitud que fue
obligado a renunciar.
Ahora, que está en la Presidencia, retoma sus
objetivos, con el interés igual de incluir la privatización de la
atención a la enfermedad que brinda la CSS y los hospitales del Estados.
Ya la Asamblea Legislativa, controlada por él con la compra de
diputados con fondos públicos, aprobó la ley de privatizaciones.
El
ideólogo de la misma es el ingeniero Guillermo Sáez-Llorens, actual
Director General de la CSS.
En el mes de agosto de 2010 apareció misteriosamente un brote de una bacteria, denominada Klebsiella Pneumoniae Carbapenemases (KPC),
en los salones de operaciones y en la Unidad de Cuidados Intensivos del
Complejo Hospitalario Metropolitano, el principal hospital de la CSS en
la República de Panamá.
Esta bacteria fue descubierta hace poco más de
10 años en hospitales de los Estados Unidos y se ha diseminado a varios
países.
Se caracteriza por ser altamente resistente a los antibióticos y
muy virulenta.
Las autoridades no han podido explicar el origen de esta
bacteria en el Complejo Hospitalario, por lo que no se descarta que
haya sido a través de los insumos médicos quirúrgicos que compra la
institución.
A la fecha, el Ministerio Público, controlado por el
Presidente, no ha podido explicar la procedencia de tales insumos, ni si
los mismos son reciclados, esto es, de segunda mano.
Cuando
apareció el brote de la KPC en el Complejo Hospitalario, el Director
General lo ocultó y no tomó ninguna medida para evitar su proliferación.
En su defecto, envió un memorándum al personal médico y administrativo
prohibiéndoles denunciar cualquier irregularidad dentro de la
institución.
La doctora María Guadalupe Reyes tuvo la valentía de
denunciar tal irregularidad y fue destituida.
En diciembre de 2010 fue
notificado oficialmente por las autoridades de salud, de la presencia de
esa bacteria, que ya había matado a varias decenas de pacientes.
El
director continuó ocultando la información y tampoco tomó ninguna
medida.
Solo cuando la ciudadanía se enteró de la muerte de más de 40
pacientes a través de los medios de comunicación, el Director General da
inicio a una serie de medidas que riñen con los más elementales
conceptos de epidemiología: traslada a pacientes de la Unidad de
Cuidados Intensivos hacia las otras salas y a pacientes del Complejo
Hospitalario hacia otro hospital público.
Antes de iniciar ese
genocidio, yo, un médico internista con más de 40 años de experiencia,
le advertí públicamente y en carta enviada a su despacho, que si
efectuaba esos traslados, la KPC se iba a diseminar hacia las otras
salas del Complejo y hacia otros lugares del país.
No se me hizo caso y
en efecto, la KPC está diseminada por el hospital y ya se han detectado
casos en otros centros hospitalarios.
La única recomendación que se me
atendió fue el cierre de los salones de operaciones, los que han sido
reabiertos recientemente, con el alto riesgo de que la bacteria continúe
proliferando.
La evolución de la KPC en Panamá se ha
convertido en un secreto de Estado.
Las autoridades de la CSS se niegan a
hablar de ello y cuando lo hacen minimizan los casos infectados y las
víctimas.
Ellos hablan de 72 muertes; el Ministerio Publico de 81 y los
datos recogidos por los médicos y entregados a mí, de 171. Tomando en
cuenta las cifras oficiales, se trata de la tasa de mortalidad por la
KPC más alta entre todos los hospitales del mundo.
El 8 de
agosto de 2011 presenté ante el Ministerio Publico una denuncia por
Homicidio Culposo contra el Director General de la CSS. A esta denuncia
han seguido varias querellas por el mismo delito presentado por
familiares de las víctimas.
En el día de ayer le envié una nota a
Santiago Cantón, relator de los Derechos Humanos de la OEA, en la que
acusaba a Guillermo Sáez-Llorens de Homicidio Doloso Colectivo con
Premeditación y Alevosía.
Ahora bien, qué se esconde detrás de
este genocidio?
La CSS está construyendo una Ciudad Hospitalaria que va a
pasar a manos privadas, a empresas en las que el Presidente de la
República, el ingeniero Sáez-Llorens y otros socios nacionales y
extranjeros controlan las acciones.
La idea central consiste en
considerar al actual Complejo Hospitalario como un centro enfermo y
obsoleto, es decir, desprestigiarlo a través de una intensa campaña
mediática, para sensibilizar a la población asegurada de la necesidad de
esa ciudad hospitalaria y que la misma pase a manos privadas.
Mauro
Zúñiga Araúz es Doctor en Medicina por la Universidad Nacional de
Panamá.
Fue profesor y en la actualidad es investigador de esa misma
universidad.
Blog del autor: http://www.maurozunigaarauz.com/
