El tráfico humano crece en todo el mundo,
pero ha llegado a incrementos monstruosos en Irak, debido a la
inestabilidad producida por la odiosa invasión de EEUU y la consiguiente
guerra de casi una década.
Muchas mujeres y niñas irakíes quedaron viudas o huérfanas por la
muerte de sus maridos o la pérdida de sus padres precisamente por causas
derivadas de esa invasión y guerra, afirma la 11ª historia de las 25 noticias más censuradas por los grandes medios de EEUU rescatada por el Proyecto Censurado de una publicación de Alternet.org (del 25 de agosto 2010), que a su vez tomó el tema de la revista The Nation.
Hoy, más de 50.000 mujeres de Irak que huyeron a Jordania y Siria
están atrapadas en redes de esclavitud y servidumbre sexual, sin
posibilidad de escape.
Al vivir en condiciones que les imposibilitan
valerse por sí mismas, o de apoyarse en sus hogares, y ante la creciente
incapacidad gubernamental de generar políticas de protección social,
millares de mujeres irakíes han sido presa fácil de los cazadores que
trabajan con los traficantes de sexo que florecen en este caótico
ambiente social, económico y político.
El gobierno de EEUU, que es el principal causante del caos en Irak, y
en otros lugares del mundo como Afganistán, con la habitual hipocresía
estadounidense “reafirmó su compromiso de terminar con este flagelo”,
según el informe anual “Reporte sobre Tráfico de Personas” del
departamento de Estado emitido en junio 2010 y llamado “TiP Report”, por
su abreviación en inglés.
Este tráfico de mujeres ha merecido escasa atención de quienes
establecen las políticas estadounidenses, poseen el poder real de
aliviar ese sufrimiento femenino y condenar a los países que consienten
el florecimiento de ese comercio de seres humanos.
EEUU tiene en sus manos la solución: puede proteger a esas mujeres
vulnerables haciendo del tráfico femenino una prioridad de su política
exterior para reasentar a ese grupo y dar un ejemplo, sólo aplicando
mayor presión sobre el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR). Hacer esto, finalmente, crearía una rápida y
bastante eficaz opción de restablecimiento para las víctimas del tráfico
en Irak y realmente ayudarlas.
La historia censurada
El artículo de Alternet.org apareció originalmente en la prestigiada revista The Nation,
firmado por Sebastian Swett y Cameron Webster, bajo el título “Tráfico
desenfrenado de mujeres irakíes a pesar del compromiso de EEUU para
terminarlo”. Swett es estudiante de la escuela de derecho de la
Universidad de Yale y trabaja con el Proyecto de Asistencia al Refugiado
Irakí, que forma parte del Centro Urbano de Justicia. Webster estudió
ciencias políticas en Yale y, desde su graduación, realiza su práctica
legal en inmigración y refugiados, y también trabaja con el Proyecto de
Asistencia al Refugiado Irakí, del Centro Urbano de Justicia.
Las líneas siguientes, hasta el final de este informe, más o menos
traducen al pie de la letra el texto de Swett y Webster (aunque todos
los subtítulos son del autor):
Una significativa ayuda norteamericana contribuiría a contrarrestar
la indiferencia siria y jordana hacia estas mujeres. Ambos gobiernos
sólo están comenzando recién a admitir que el tráfico humano es un
crimen desenfrenado dentro de sus fronteras. Según el “TiP Report”,
ninguno de los dos países cumple a cabalidad “con los estándares mínimos
para la eliminación del tráfico”.
Aunque el gobierno sirio reconoció
recientemente el problema más amplio del tráfico humano en ese país y
aprobó una legislación que lo considera un crimen, el departamento de
Estado reportó que no aumenta notoriamente la aplicación de esa ley.
Además, las mujeres víctimas en Siria son derivadas a refugios por
denuncias ‘inconsistentes’.
Detalles del tráfico de mujeres
La tasa de divorcio oficial se duplicó en Irak a partir de la
invasión de EEUU, particularmente en los matrimonios mixtos entre sectas
sunita y chiíta y, probablemente, todavía se disimulan muchas
separaciones de hecho, pero ambas situaciones convirtieron a gran
cantidad de mujeres en únicas cabezas de sus hogares. La enajenación
social, que trajo consigo la fractura de los sistemas tradicionales de
apoyo familiar -bajo la presión del conflicto civil, la inseguridad y la
soledad- impulsó a muchas mujeres a huir a Siria y Jordania, y
continúan haciéndolo.
Sin embargo, las perspectivas en Siria y Jordania son tristes.
Ninguno de los dos gobiernos reconoce como refugiados a los irakíes que
ingresan al país, ni les concede el derecho a trabajar. En Siria otorgan
visas temporales a algunos irakíes, pero las disminuyeron desde 2007,
convirtiendo a la gran mayoría en inelegibles para un trabajo.
En Siria y
Jordania reclutan a las mujeres irakíes como bailarinas de cabaret y
después las fuerzan a la prostitución, luego que sus patrones requisan
sus pasaportes y las confinan en sus lugares de trabajo. Otras son
secuestradas en las calles de Irak y traficadas a Siria y Jordania para
trabajar en la industria de sexo.
Los autores del artículo afirman que irakíes desesperados llegan a
traficar a los países vecinos a mujeres de su propia familia, algunas
tan jóvenes como de 11 años, para pagar deudas o resolver conflictos. Y a
otras muchachas jóvenes las venden para el matrimonio temporal islámico
llamado “Muta’a”, donde la familia de la “novia” recibe una dote del
marido y la “boda” es esencialmente un acuerdo de prostitución a corto
plazo, por un tiempo específico.
Cuando estas mujeres arriban a los hogares de sus maridos en Jordania
o Siria, a menudo se encuentran atrapadas en un anillo de tráfico donde
las explotan sexualmente y nunca se les permite volver a casa. Antes de
la guerra ya existían esas bodas temporales, pero el caos y la
desesperación que llevaron a Irak la invasión y la guerra hicieron mucho
más frecuentes estos casamientos “Muta’a”. Incluso familias iraquíes
que emigran intactas a Siria o Jordania a menudo se disuelven bajo las
presiones económicas y culturales de la forma de vida del refugiado,
dejando a sus niños como presa fácil para los traficantes de sexo.
A pesar de la clara trayectoria que convierte en prostitutas a madres
e hijas irakíes, contra su voluntad, estas mujeres traficadas han
recibido escasa atención de los responsables políticos norteamericanos
que tienen el poder de aliviar estos sufrimientos y de condenar a los
países que permiten su crecimiento.
Jordania concluyó recientemente un plan general de acción
anti-tráfico, aunque el departamento de Estado confirmó que tal plan es
“inadecuado” y resaltó la problemática ausencia de refugios para las
víctimas del tráfico en ese país.
Ni Siria ni Jordania han reconocido
específicamente el problema del tráfico de mujeres iraquíes en ambos
países. Tampoco han tomado medidas para proveer refugio o asistencia a
estas víctimas. De hecho, en vez de encontrar refugio en Siria o
Jordania, algunas prostitutas iraquíes han sido arrestadas y deportadas a
Irak como criminales, donde las matan para preservar el honor de su
familia.
Doble estándar de EEUU ante el tráfico de mujeres irakíes
La “Ley Crisis de Refugiado en Irak” de 2008 otorgó al secretario de
Estado la autoridad de catalogar a las “poblaciones vulnerables” irakíes
como “refugiados P-2″ que [en teoría] aplican directamente al Programa
de Admisión de Refugiados de EEUU, saltando los obstáculos burocráticos
típicos de empezar solicitando al ACNUR que primero determine su estatus
de refugiado y entonces podría ser asignado a un país de acogida.
Los
refugiados en “situación P-2” sólo deben demostrar que son parte de un
grupo considerado vulnerable, pero una vez que lo han hecho así
[teóricamente] debería concedérseles la situación de reasentamiento.
EEUU utilizó en el pasado esta condición de prioridad para ayudar a
los grupos de refugiados cuya dislocación comenzó después de operaciones
militares estadounidenses. El ejemplo más claro fue que EEUU de América
abrió sus fronteras a los “amerasians”, los niños de soldados
norteamericanos que se hallaban en el sureste asiático después de la
guerra de Vietnam.
El Congreso autorizó al departamento de Estado a
adoptar un trato similar con los refugiados irakíes, pero el
departamento de Estado no ha creado ningún nuevo grupo “Irakí P-2″ desde
que la legislación se aprobó en 2008 y asignó la categoría P-2 a los
“irakíes que trabajaron para el gobierno de EEUU, para contratistas,
ONGs de EEUU u organizaciones mediáticas de EEUU, y a los miembros de
sus familias” y “religiosos perseguidos o miembros de grupos
minoritarios con familiares cercanos en EEUU”.
Esta inacción se coloca
en agudo contraste, no sólo con las severas necesidades de las víctimas
irakíes de tráfico, sino también con la enorme responsabilidad de EEUU
en su situación.
Más allá de la solidez de su propio compromiso de asistir a las
víctimas irakíes de tráfico, EEUU debe alentar al ACNUR a centrarse en
las víctimas de tráfico en Jordania y Siria. Nuestro trabajo con el
Proyecto de Asistencia al Refugiado nos ha mostrado que actualmente el
ACNUR está mal equipado para proporcionar un restablecimiento urgente a
las víctimas de tráfico en situaciones amenazantes para su vida.
En
Siria, donde el tráfico particularmente es un severo problema, los
refugiados pueden contar con una pobre ayuda monetaria y una espera de
dos años antes de ser reasentados.
Peor aún, identificándose a sí misma
como víctima de tráfico, la mujer solamente consigue que la espera sea
más larga y se añaden más pasos al proceso de reasentamiento. Para las
víctimas que buscan la protección del ACNUR, este retraso significa
explotación sexual adicional, si no una ocasión perdida para su
restablecimiento. EEUU, que en lo grueso proporciona al ACNUR la mitad
de su financiación y acoge a más refugiados que cualquiera otra nación,
tiene cómo influir para inclinarlo a dinamizar el proceso de
reasentamiento de las víctimas de tráfico en Siria y Jordania.
EEUU ahora está preparando el retiro de todas sus tropas de combate
en Iraq. Sin embargo, las mujeres y niñas iraquíes atrapadas en la
esclavitud sexual permanecerán largamente después que se haya ido el
último de los soldados norteamericanos, a menos que estemos dispuestos a
aceptar nuestra responsabilidad de aliviar este problema.
Cuando la
secretaria de Estado Clinton anunció que el informe “TiP Report”
juzgaría ahora a Estados Unidos “basado en los mismos estándares con los
cuales sostenemos a otros países”, añadió que “este abuso de derechos
humanos es universal y nadie debe demandar inmunidad de su alcance o de
la responsabilidad de enfrentarlo”.
No podemos abdicar de nuestra
responsabilidad hacia estas mujeres y debemos proporcionar medios
seguros y rápidos para su restablecimiento.
Además, EEUU debe asegurarse que el ACNUR corrija las ineficiencias
que hacen tan difícil el reasentamiento de estas mujeres.
No basta con
observar pasivamente, pues estas mujeres luchan contra un proceso
quebrado de rehabilitación del refugiado. Tenemos la obligación de
reparar ese sistema, para quitar los grillos que mantienen a estas
mujeres en la degradación.
Fuentes:
● Proyecto Censurado
Student Researcher: Allison Holt, San Francisco State University
Faculty Evaluator: Kenn Burrows, San Francisco State University
*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno
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