La muerte provoca ovaciones por estos días en Estados Unidos.
Cuando,
durante el último debate entre los candidatos republicanos a la
presidencia en Tampa, Florida, el periodista de CNN Wolf Blitzer le
preguntó en forma hipotética al congresista Ron Paul, si se debería
dejar morir a un hombre que eligió no tener cobertura de salud y de
pronto sufriera una grave enfermedad, el público de la sala respondió al
únisono y efusivamente “¡Sí!”.
Cuando, en el debate anterior, se le
preguntó al Gobernador Rick Perry acerca de su aplicación entusiasta de
la pena de muerte en Texas, el público comenzó a aplaudir y a
ovacionarlo.
La reacción del público provocó que el moderador del
debate, Brian Williams, de NBC News, continuara la pregunta “¿Cómo
interpreta la dinámica que acaba de suceder aquí?: mencionar la
ejecución de 234 personas provoca aplausos.”
Esa “dinámica” es el
motivo por el cual es tan importante la revocación de la condena a pena
de muerte de Troy Davis, que el Estado de Georgia llevará a cabo el 21
de setiembre.
Davis ha estado condenado a pena de muerte en Georgia
durante cerca de 20 años luego de haber sido declarado culpable de matar
al policía Mark MacPhail en Savannah.
Desde que fue sentenciado, siete
de los nueve testigos no policiales se retractaron de su declaración,
alegando coerción e intimidación policial para la obtención de sus
testimonios.
No hay pruebas materiales que vinculen a Davis con el
homicidio.
En marzo de este año, la Corte Suprema de Estados
Unidos falló que se debería admitir la realización de una audiencia
probatoria para que Davis tuviera la oportunidad de demostrar su
inocencia. Varios testigos identificaron a uno de los testigos que no se
retractó de su testimonio, Sylvester “Redd” Coles, como el autor del
disparo.
El Juez Federal de Distrito William T. Moore Jr. se negó,
basándose en un tecnicismo, a aceptar la declaración de los testigos que
afirmaban que, luego de que Davis fue procesado, Coles admitió haber
disparado a MacPhail.
En la orden judicial que emitió en agosto, Moore
resumió sus argumentos de esta forma: “El Sr. Davis no es inocente”.
Uno
de los miembros del jurado, Brenda Forrest, discrepa del juez Moore.
En
referencia al juicio contra Davis de hace casi 20 años, dijo a CNN en
2009:
“Todos los testigos pudieron identificarlo como autor del delito”.
Tras enterarse de la retractación de los siete testigos, ahora dice:
“Si hubiese sabido entonces lo que sé ahora, Troy Davis no habría sido
condenado a pena de muerte.
El veredicto sería ‘inocente’”.
Troy
Davis tiene tres grandes cosas en su contra.
La primera, que es un
hombre afroestadounidense.
La segunda, que fue acusado de matar a un
policía blanco.
Y la tercera, que está en Georgia.
Hace más de un
siglo, la legendaria periodista y activista Ida B. Wells arriesgó su
vida cuando comenzó a denunciar una epidemia de linchamientos en el Sur
Profundo.
En 1892 publicó un libro titulado “Los horrores del Sur:
La ley de linchamiento en todas sus fases”, al que le siguió en 1895 “El informe rojo”,
donde detalla cientos de linchamientos. Allí escribió:
“En el Condado
de Brooks, Georgia, el 23 de diciembre, mientras este país cristiano se
preparaba para celebrar la Navidad, siete individuos negros fueron
linchados en veinticuatro horas por no poder establecer el paradero, o
haberse negado a ello, de un hombre de color denominado Pike que mató a
un hombre blanco... Georgia encabeza la lista de estados donde se
producen más linchamientos”.
La planificada ejecución de Troy
Davis no estará en manos de un turba enardecida, sino que tendrá lugar
en los confines estériles, iluminados con luces fluorescentes, de la
Prisión de Diagnóstico y Clasificación de Georgia en el Condado de
Butts, cerca de la localidad de Jackson.
El estado no pretende
colgar a Davis de un árbol con una cuerda o una cadena, colgarlo —como
decía la canción de Billie Holiday— como una fruta rara:
“Los árboles
del sur tienen frutas raras/ sangre en las hojas y sangre en la raíz/
cuerpos negros balanceándose en la brisa sureña,/ fruta rara colgando de
los álamos.”
A menos que intervenga la Junta de Perdón y Libertad
Condicional, el estado de Georgia le aplicará una dosis letal de
pentobarbital.
Georgia está utilizando una nueva droga en las
ejecuciones debido a que la Administración de Control de Drogas, la DEA,
confiscó su suministro de pentotal sódico en marzo, tras acusar al
estado de importar la droga de forma ilegal.
Ben Jealous, el
presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de
Color, dijo sobre el caso:
“Este es un caso que, se esté a favor o en
contra de la pena de muerte, debería dejarnos perplejos”. Amnistía
Internacional solicitó a la Junta Estatal de Perdón y Libertad
Condicional que conmute la pena de Davis. Larry Cox, director ejecutivo
de Amnistía Internacional Estados Unidos, dijo:
“No conozco ningún otro
caso como este que diga a gritos que es una injusticia. Se trata de un
caso en que siete de los nueve testigos se retractaron de su
declaración.
No hay pruebas materiales que lo vinculen al delito. Hay
una presunción o una duda razonable tan grande en torno al caso que
condenarlo a muerte sería realmente un delito provocado por otro”.
Pero
la junta de perdón debería escuchar no solo a los grupos de derechos
humanos: el Papa Benedicto XVI y los Premios Nobel de la Paz, el
Presidente Jimmy Carter y el Arzobispo Sudafricano Desmond Tutu, entre
otros, también pidieron clemencia.
La otra opción que tiene la junta es
escuchar a las masas que claman y aplauden la muerte.
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
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