
Susana
Martinez, gobernadora republicana de Nuevo Mexico, se ha ganado una
poco envidiable fama internacional por mantener una violenta retórica en
contra de los inmigrantes indocumentados en su Estado.
Apenas la semana
pasada Martínez atacó al candidato presidencial texano, Rick Perry, por
haber apoyado en el pasado el DREAM Act y una reforma migratoria
comprensiva:
“No es una reforma comprensiva poner a gente que es ilegal,
que violaron la ley, por delante de esas personas que llevan esperando y
haciendo todas las cosas acorde a la ley para venir a Estados Unidos”.
Paradójicamente, esta semana Martinez
confesó que sus abuelos paternos fueron inmigrantes indocumentados, esto
es, desde su perspectiva, “personas que violaron la ley”.
Esta
sorpresiva declaración la realizó ante las crecientes protestas por su
iniciativa de ley que busca bloquear la posibilidad de que cualquier
indocumentado se haga de una licencia de conducir.
“Sé que llegaron sin
documentos, especialmente el padre de mi padre”, dijo en una entrevista
al canal hispanoestadounidense KLUZ-TV.
Esta fue la primera vez que la
gobernadora responde a una pregunta sobre sus antepasados
indocumentados.
Ahora lo único que falta es que alguien le explique a
Martinez que si la lógica aristotélica no se equivoca en este caso,
entonces ella no “existiría” si hubiese gobernado hace unas décadas, es
decir, ella no sería ciudadana estadounidense y mucho menos gobernadora
de Nuevo Mexico si supuestos criminales, como sus abuelos, no hubiesen
llegado a Estados Unidos.