El juicio por la represión militar que causó más de 60
muertes en Bolivia en el caso conocido como “octubre negro” de 2003 ha
concluido y la sentencia será emitida en los próximos días, informó hoy
la Fiscalía General, reporta EFE.
El proceso concluyó el miércoles tras la exposición de los alegatos
finales de la defensa de las únicas siete exautoridades de la gestión
del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, cinco exjefes militares y
dos exministros, que permanecieron en el país tras los hechos de octubre
de 2003, señaló la Fiscalía en un comunicado.
La Fiscalía pidió hace tres años la extradición de Sánchez de Lozada y otros exministros que están asilados en Estados Unidos que no fueron juzgados en ausencia, pero los trámites no han prosperado.
En declaraciones a la radio estatal, Uribe anticipó que la Fiscalía
“continuará con el esfuerzo” para lograr la extradición de Sánchez de
Lozada y sus exministros radicados en EE.UU. y también analiza pedir a
Perú y España que revoque el asilo otorgado a otras exautoridades
acusadas que se encuentran en esos países.
El caso es conocido como “octubre negro” por haber estallado en ese
mes de 2003 una revuelta en las ciudades de La Paz y El Alto que fue
reprimida por militares, con el saldo de más de sesenta muertes.
Aquellos sucesos llevaron a Sánchez de Lozada (1993-97 y 2002-03) a
abandonar Bolivia y renunciar a la continuidad de su segundo mandato, y
desde entonces reside en Estados Unidos.
El Fiscal General, Mario Uribe, expresó su complacencia por haber
llegado al final de un juicio que calificó de “histórico” y señaló que
el Ministerio Público cumplió con todos los pasos legales necesarios
para lograr una sentencia condenatoria.
“Toda esa prueba que fue legalmente fundamentada es suficiente para
generar en el Tribunal la convicción respecto de la responsabilidad en
la participación de los hechos acusados con relación a cada uno de los
acusados dentro de este Juicio”, dijo.
Los exjefes militares y exministros fueron imputados por el delito de
“masacre” y la Fiscalía pidió que se les sancione con 25 años de
cárcel.
