A pesar de que los líderes de la comunidad judía de Cuba han desmentido en distintas oportunidades haber tenido relaciones con Alan P. Gross, el “contratista” de la USAID norteamericana detenido y condenado en la Isla, la campaña desencadenada ayer en EEUU después de que se confirmará su sentencia retoma esta version falsa del caso.Estados Unidos reconoce al contratista como empleado de la empresa Development Alternatives, contratada por la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) del Departamento de Estado, pero sostiene que suministraba “celulares y equipos a grupos judíos” para “ayudarles a comunicarse con el exterior”, reporta AFP.
Sin embargo, se demostró ampliamente en el juicio de Gross que este “contratista” de un proveedor de servicios de la controvertida agencia norteamericana introdujo ilegalmente en la Isla sofisticados y costosos equipos de comunicaciones destinados a “contactos” que no tien que ver con las actividades de la comunidad hebrea que ya dispone de todas las comunicaciones necesarias a su desarrollo.
AFP presenta como declaración “de la comunidad judía de Estados Unidos” un comunicado de la Unión Americana de Sobrevientes del Holocausto Judío y sus Descendientes, enviada “desde Washington” a su oficina en La Habana.
Esta organización radica en Nueva York.
La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo cubano ratificó el viernes la sentencia contra Gross, condenado por “actos contra la independencia o la integridad del Estado” en un juicio el 12 de marzo pasado.
Según la decision judicial, Gross introdujo al país “de manera ilegal, medios de infocomunicaciones para crear redes internas, como parte de un programa del gobierno de Estados Unidos dirigido a promover acciones desestabilizadoras en el país y a subvertir el orden constitucional”.
La familia de Gross “y Washington” también reclamaron el viernes a las autoridades cubanas la liberación del contratista “por razones humanitarias”, reporta AFP.
Una de las voces que se oyeron desde Washington después de la decision del tribunal de apelación fue la del senador cubanoamericano David Rivera, quién también reclamó la liberación del agente de la USAID. Rivera, un político estrechamente vinculado a la mafia de Miami, es actualmente objeto de varias investigaciones por corrupción.
