Los derechos de millones de palestinos desplazados son inalienables y no caducan por su larga supresión; es lo que moviliza realmente a la Flotilla II y también por ese motivo Israel la considera tan peligrosa (Reuters)
Las informaciones de que dos de los diez barcos de bandera extranjera que forman parte de la Flotilla de la Libertad sufrieron formas similares de sabotaje crean una fuerte evidencia circunstancial de responsabilidad israelí.
Se requiere mucha imaginación para suponer que el sofisticado corte de los árboles de transmisión de las hélices de ambos barcos sea una coincidencia en la que no tiene nada que ver el Mossad de Israel, de antigua mala fama por sus actos criminales en el extranjero en apoyo a los controvertidos intereses nacionales israelíes.
Al recordar el letal encuentro en aguas internacionales con la Flotilla de la Libertad I que tuvo lugar el 31 de mayo de 2010, y la frenética campaña diplomática de Tel Aviv por impedir este segundo desafío por activistas por la paz y trabajadores de la ayuda humanitaria al bloqueo de Gaza, una conducta semejante por un Estado contra esta última iniciativa de la sociedad civil, si es adicionalmente validada por evidencia incriminante, debe ser formalmente condenada como una forma de ‘terrorismo de Estado’ o incluso como un acto guerra por un Estado contra la sociedad civil global.
El gobierno israelí ha hecho poco hasta ahora por desmentir su culpabilidad.
Sus más altos responsables hablan de las afirmaciones en un lenguaje farisaico típicamente diversionista, en el que afirma su derecho irrelevante de autodefensa, que al parecer entra misteriosamente en juego cada vez que la sociedad civil actúa de modo no violento a fin de romper el sitio de Gaza que persiste durante más de cuatro años.
Desde la perspectiva de las obligaciones de respeto del derecho internacional, los que actúan legal y moralmente son los participantes en la Flotilla, que ciertamente lo hacen dentro de sus derechos, y son Israel y sus amigos los que recurren a una variedad de tácticas legal y moralmente dudosas para aislar ese bloqueo cruel e ilegal de lo que es esencialmente un desafío simbólico.
Sabotaje patrocinado por el Estado
El precedente más relevante para un semejante sabotaje patrocinado por el Estado es el incidente del Rainbow Warrior de 1985.
En ese caso, agentes franceses detonaron explosivos en un barco pesquero de Greenpeace (una ONG ecologista) atracado en el puerto de Auckland, Nueva Zelanda, antes de proceder a desafiar efectivamente los planes franceses de realizar ensayos nucleares submarinos frente a la costa del cercano atolón del Pacífico, Mururoa.
Fernando Pereira, activista de Greenpeace, y fotógrafo de la misión, fue muerto por las explosiones, aunque los artefactos fueron detonados a una hora en la que no se esperaba que alguien de Greenpeace estuviera a bordo del barco.
El gobierno francés primero negó toda participación, y luego a medida que aumentaba la evidencia incriminante, París afirmó oficialmente que sus agentes, quienes fueron identificados cerca de la escena, solo estaban espiando las actividades de Greenpeace y no tenían nada que ver con los explosivos, y luego, a pesar de todo, a medida que la evidencia de la culpabilidad francesa se hizo innegable, funcionarios franceses terminaron por admitir la responsabilidad del gobierno por ese acto violento para eliminar la oposición activista a su ensayo nuclear, reconociendo incluso que la operación había recibido el nombre de código algo confesional de Operación Satánica.
Después de algunos meses, el primer ministro francés, Laurent Fabius, emitió una declaración contrita:
“La verdad es cruel. Agentes del servicio secreto francés hundieron el barco. Actuaban siguiendo órdenes.” Más adelante se confirmó que las órdenes habían sido dadas por la máxima autoridad en Francia, el presidente de la República, François Mitterand.
Para entonces, los agentes franceses habían sido arrestados por la policía neozelandesa, acusados de delito de incendio, daño intencional y asesinato, pero debido a la presión del gobierno francés que incluía la amenaza de un embargo económico europeo contra exportaciones de Nueva Zelanda, el tribunal de Auckland aceptó una declaración de culpabilidad menor de homicidio involuntario, que llevó a una sentencia de prisión de diez años, y fue acompañada por un trato intergubernamental.
Los franceses pagaron a Nueva Zelanda 6,5 millones de dólares y presentaron una disculpa.
Los agentes franceses fueron transferidos a una base militar francesa en el atolón Hao, y posteriormente liberados injustamente después de haber estado confinados brevemente en confortables alojamientos durante dos años.
Eventos pasados
Es útil comparar lo que pasa con la Flotilla II con el incidente del Rainbow Warrior. En aquel entonces, los ensayos nucleares franceses en el Pacífico eran considerados legales, aunque intensamente impugnados, mientras el bloqueo de Israel es visto ampliamente como un caso prolongado de castigo colectivo en violación del derecho humanitario internacional, específicamente del Artículo 33, de la 4ª Convención de Ginebra.
Una persona fue muerta sin intención por los actos de sabotaje franceses, y hasta ahora nadie ha muerto como resultado de los esfuerzos por incapacitar e interferir con los barcos de la Flotilla, aunque el barco irlandés, MV Saoirse (‘libertad’ en gaélico), fue incapacitado de tal manera que si el daño no hubiera sido descubierto antes de salir a la mar, se informa que posiblemente el barco se habría hundido poniendo en extremo peligro a numerosos pasajeros.
Posiblemente, la diferencia más importante de todas es que Francia no pretendió tener derecho alguno a actuar violentamente contra manifestantes pacíficos a pesar de que el Estado francés estaba oficialmente involucrado en una actividad directamente asociada con su seguridad nacional (desarrollo de armas).
Al contrario, los israelíes tratan de evitar que sus políticas en Gaza, impopulares en todo, sean aún más deslegitimizadas, y afirman que tienen derecho a emprender acciones violentas, incluso si ponen en peligro a civiles no violentos.
Cualquier persona razonablemente informada sabe que la supuesta preocupación israelí por un posible contrabando de armas es una cortina de humo sin significado real.
Los organizadores de la Flotilla se comprometieron de modo verosímil a la no violencia, han ofrecido que permitirán que inspectores examinen la carga, y han invitado a respetados periodistas a viajar a bordo de los barcos.
La posibilidad de que se hayan permitido armas en la flotilla es nula, y los israelíes indudablemente lo saben, como también lo sabe Washington. Insistir en que este activismo manifiestamente pacífico plantee una amenaza para la seguridad de Israel, mientras nunca se mencionan los cientos de túneles no controlados que están en uso diario a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto, convierte el argumento israelí en una burla.
Campaña de desinformación
Mucho antes de que la flotilla zarpara, con típico fervor propagandístico y refinamiento diplomático, con el apoyo permanente de sus numerosos amigos poderosos en Washington, Israel se lanzó con afán a una campaña concertada para desacreditar el embarque de ayuda humanitaria al pueblo sitiado de Gaza.
Mediante acrobacias verbales que nos recuerdan que las advertencias de Orwell sobre el envilecimiento del lenguaje político (1984) siguen siendo tan relevantes como siempre, Israel ha estado tratando de presentar a dedicados activistas por la paz y a los iconos culturales entre sus filas como ‘terroristas’ y traficantes de armas.
Como era de esperar, gran parte de los medios, especialmente en EE.UU., han aceptado íntegramente esas escandalosas acusaciones, o por lo menos las han presentado como justificación para la acerba queja de Israel de que la flotilla es utilizada como un frente humanitario para contrabandear armas a Israel.
En un segundo nivel de distorsión orwelliana, se ha presentado un caso un poco más sutil contra la flotilla.
La existencia diaria de los gazanos atrapados, empobrecidos y mental y físicamente debilitados ha sido presentada por los propagandistas israelíes como si fuera un deslumbrante reino placentero que beneficia a sus 1,6 millones de habitantes.
Nada menos que una personalidad periodística como Ethan Bronner, un antiguo experto apologista de Israel, inicia un artículo en primera plana del periódico New York Times del 28 de junio de 2011, con la siguiente descripción de un brillo absurdo de la situación en Gaza: “Este mes se abren dos hoteles de lujo en Gaza. Miles de coches nuevos repletan las calles.
Un segundo centro comercial –con escaleras mecánicas importadas de Israel– se abrirá el próximo mes. Cientos de casas y dos docenas de escuelas están a punto de ser construidas. Una granja dirigida por Hamás donde otrora había asentamientos judíos produce suficiente fruta que es afectada por las importaciones israelíes.”
Lo que hace que valga mencionar esta parodia sobre las condiciones en Gaza no son esas afirmaciones sobre la supuesta buena vida en la Franja, sino su relevancia para la aseveración israelí de que la justificación humanitaria para la misión de la flotilla es fatua e innecesaria porque la vida de los habitantes de Gaza, a pesar de las apariencias, se desarrolla de manera activa y dinámica, detrás de las alambradas de púas y los muros que cercan el enclave.
No es sorprendente que Bronner pase de inmediato a conectar su obertura publicitaria con la campaña contra la flotilla: “Mientras activistas pro palestinos se preparan para zarpar en una flotilla que se propone mantener la atención internacional sobre Gaza y presionar a Israel, el aislado enclave costero palestino vive su primer período real de crecimiento económico desde que el sitio contra el que protestan comenzara en 2007.”
Más adelante en su historia, presumiblemente para evitar una pérdida total de su credibilidad como periodista objetivo, Bronner reconoce algunos de los lados más oscuros de la vida en Gaza, pero de modo que haga poco por cuestionar el mensaje dominante de su artículo: ya que no hay una auténtica crisis humanitaria en Gaza, las verdaderas motivaciones de los organizadores de la Flotilla tienen que ser deslegitimizar a Israel o debilitar las medidas razonables de seguridad del país.
Es una descripción a la que se hace eco la afirmación del jefe de Estado Mayor de las FDI [ejército israelí], Benny Gantz, de que la gente de Gaza goza de un ‘modo de vida confortable.
Ehud Barak, ministro de Defensa, se suma al coro con su sugerencia de que si los activistas de la Flotilla fueran sinceros en su compromiso humanitario, olvidarían a la gente de Gaza y comenzarían a trabajar por la liberación del único prisionero israelí, Gilad Shalit, y por cierto, guarda silencio sobre los varios miles de palestinos, incluidos numerosos niños, detenidos por Israel bajo condiciones duras.
Pobreza y desempleo
Un primer nivel de respuesta a semejantes distorsiones es mencionar el informe publicado el pasado mes por la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas (UNRWA), bien documentado, basado totalmente en hechos, sobre las condiciones económicas en Gaza con especial atención al trabajo.
Entre los puntos que destaca está la revelación de que la tasa de desempleo en Gaza ha aumentado a un 45%, que parece ser la más elevada del mundo.
Esta cifra alarmante va combinada con una disminución de un 7,9% en el poder de compra de los salarios mensuales promedio de los palestinos que han tenido la suerte de encontrar trabajo durante la segunda mitad de 2010. Ha habido una alarmante disminución general de 34,5% en el poder de compra de los trabajadores durante el período desde 2006.
Además se estima que 300.000 gazanos subsisten ahora con menos de 1 dólar por día.
Y eso no es todo. Noventa y cinco por ciento del suministro de agua es inseguro para el consumo humano, la electricidad es insuficiente para las necesidades de la población, causando frecuentes apagones.
Peor todavía, el sistema de salud está cerca del colapso, sin suministro de numerosas medicinas vitales, y la mayoría de las medicinas en Gaza no son seguras porque se encuentran más allá de sus fechas de expiración.
Hay numerosos informes recientes de servicios limitados en los hospitales de Gaza, cirugías anuladas y cierres por falta de insumos médicos esenciales.
Y tal vez, lo peor de todo sea que no se permiten exportaciones de ningún tipo desde Gaza, lo que significa que los gazanos dependen enteramente de dádivas de la ONU y de las maquinaciones de operadores del mercado negro solo para mantenerse vivos.
Pero las condiciones materiales de pobreza absoluta ni siquiera comienzan a describir la horrorosa experiencia que sufre la población de Gaza.
Estar atrapados en áreas tan empobrecidas y abarrotadas durante unos pocos días sería duro, pero que se les niegue el ingreso o la salida durante un período de cuatro años es en sí un desastre humanitario incluso si Gaza fuera la Suiza de Medio Oriente como los dirigentes israelíes quisieran que el mundo lo crea.
Además, Israel usa la violencia a través de la frontera cuándo y dónde lo desee, matando e hiriendo a muchos, y aterrorizando a toda la población de Gaza.
La mayor parte de los escombros de los masivos ataques de 2008-2009 no han sido removidos, ni han sido reconstruidas muchas de las casas y edificios destruidos.
Es grotesco ver esta acumulación de condiciones como otra cosa que una grave crisis humanitaria, intensificada por un bloqueo ilegal. A esto se agrega otra maniobra orwelliana.
La secretaria de Estado de EE.UU., Hilary Clinton, tuvo el descaro de decir hace unos pocos días que: “… no es útil que haya flotillas que tratan de provocar acciones al penetrar en aguas israelíes y crear una situación en la cual los israelíes tienen derecho a defenderse”.
¿No deberíamos preguntar ‘quién provoca a quién?” ¿Se defienden los israelíes o aíslan su criminalidad en Gaza de un cuestionamiento pacífico y enteramente apropiado, en particular en vista de la pasividad de los gobiernos y de la ONU que han permitido que esta catástrofe humanitaria en particular continúe interminablemente?
Esta experiencia de obstrucción de la Flotilla II pone el dedo en la llaga sobre la ilegitimidad de la política de ocupación israelí.
Ni el movimiento de la Flotilla ni la campaña BDS [boicot, desinversión y sanciones]que de alguna manera la complementa, cuestionan la legitimidad de Israel, excepto en la medida en que la dirigencia sionista, obstinada y expansionista, oprime los derechos fundamentales del pueblo palestino – incluidos los derechos de los entre 5 y 7 millones de palestinos que viven en campos de refugiados o en el exilio, o los derechos de los 1,5 millones de palestinos a los que se somete a toda una gama de discriminaciones desde el establecimiento de Israel en 1948.
Una paz justa y sustentable para ambos pueblos requiere el reconocimiento de esos derechos. Esos derechos son verdaderamente inalienables, y no caducan por su prolongada supresión.
En última instancia, es la esencia del encuentro de la Flotilla II, y es también el motivo por el que Israel la considera tan peligrosa.
* Richard Falk es Profesor Emérito de Derecho Internacional en la Universidad de Princeton y Distinguido Profesor Visitante de Estudios Globales e Internacionales en la Universidad de California, Santa Bárbara.
Es autor y editor de numerosas publicaciones a lo largo de cinco décadas, y recientemente editor de “El Derecho Internacional y el Tercer Mundo: reformulando la Justicia” (Routledge, 2008).
Aunque desde 2009 es Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Palestina, el gobierno de Israel no le ha permitido entrar a los Territorios Palestinos Ocupados.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=131694
Fuente: http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/07/201172105822899551.html
