A los 13 militares salvadoreños que en noviembre de 2008 habían sido demandados en España por el asesinato de los seis sacerdotes, el juez Eloy Velasco sumó otros siete nombres, incluidos los de quienes ya fueron procesados como autores materiales.
Su argumento es que en El Salvador solo se montó una simulación de un proceso penal contra los acusados.
Un juzgado de la Audiencia Nacional de España consideró este lunes que el juicio que culminó con la condena de dos militares salvadoreños por el asesinato de los sacerdotes jesuitas fue un fraude “que tuvo la cobertura de un proceso formal”.
Esa injusticia, reza la resolución, habilita a las autoridades españolas a juzgar por segunda vez a quienes ya fueron declarados culpables, pero que en 1993 fueron beneficiados con una Ley de Amnistía.
Por esa razón, el juez 6o. de Instrucción de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, ordenó este lunes la captura de 20 militares salvadoreños acusados por la masacre de los seis religiosos, una empleada y la hija de esta.
En 1991, el Juzgado Cuarto de lo Penal condenó a 30 años de prisión al ex director de la Escuela Militar, coronel Guillermo Alfredo Benavides, y al subteniente del batallón Atlacatl René Yusshy Mendoza Vallecillos.
El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional dio a conocer una resolución en la que ordena procesarlos otra vez por asesinato, terrorismo y crímenes de lesa humanidad, y el mismo documento aclara que no hay doble juzgamiento.
“La existencia de inefectiva justicia por el mecanismo de la simulación de procedimiento penal que terminó en impunidad absoluta (…) evitaría la institución de cosa juzgada.
Resumidamente, el fraude detectado en el juicio, habilitante de la continuación del presente procedimiento, consiste en la realización de un acto de juicio, bajo la aparente cobertura de un proceso formal, pero tan influido e intervenido que llegó a resultados de no justicia”, razonó el juez Eloy Velasco.
Velasco procesa una querella interpuesta en noviembre de 2008 por los parientes de una de los seis sacerdotes jesuitas asesinados, cinco de los cuales eran españoles. Junto a ellos fueron asesinadas una empleada y la hija de esta.
En la demanda original estaba incluido el ex presidente Alfredo Cristiani, pero en la primera fase de examen del caso, Velasco desestimó la causa contra el ex mandatario, acusado de encubrimiento.
Las pruebas que demuestran ese fraude, dice el juez, son la tardanza para secuestrar documentos, lo que permitió una posible destrucción de pruebas.
Cita, además, la imposibilidad de que las autoridades judiciales u observadores internacionales tuvieran acceso a 30 declaraciones extrajudiciales de miembros del ejército, que fueron las más cercanas a la fecha de los hechos.
Asimismo, menciona la poca colaboración del ejército con el juez del caso y las amenazas contra el jurado.
La decisión del juez de incluir más personas se produjo después de la petición de los querellantes en ese mismo sentido. “Ha habido una ampliación de la querella.
La semana pasada presentamos un escrito en el que se solicitaba, al tenor de la prueba, que se ampliara, que incluyera a estas nuevas personas y el juez analizaba detalladamente la prueba y considera que sí, que hay prueba para incluirlas”, dijo a El Faro, vía telefónica, Almudena Bernabéu, abogada del Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés).
Entre los militares que fueron incluidos están Benavides y Mendoza Vallecidos, declarados culpables en 1991, pero que 15 meses después de su arresto fueron puestos en libertad por una Ley de Amnistía que aprobó la Asamblea Legislativa.
Los otros militares que no estaban en la acusación inicial son: Joaquín Arnoldo Cerna Flores, jefe del conjunto 3 del Estado Mayor; Óscar Alberto León Linares, coronel a cargo del batallón Atlacatl; y otros dos que integraban la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Mauricio Guzmán Aguilar y Héctor Ulises Cuenca Ocampo.
Aunque Cristiani ha quedado fuera del proceso, este reaccionó el mismo lunes en rechazo a la decisión de Velasco.
El ex presidente (1989-1994) dijo que los salvadoreños quieren ver hacia el futuro.
"No hay que esta revolviendo esas cosas del pasado", dijo.
La mañana de este martes, el ex fiscal salvadoreño Ástor Escalante comentó que existe la posibilidad de que la justicia salvadoreña desestime la decisión de Velasco y que, una vez llegada una eventual petición de extradición, la Corte Suprema la rechace.
Escalante mencionó en una entrevista en el canal 12 de televisión que ya se juzgó a los involucrados y que, además, está la Ley de Amnistía, que perdonó los crímenes políticos ocurridos durante la guerra.
Fue la misma Sala de lo Constitucional, sin embargo, la que hace años resolvió que la Ley de Amnistía no podía aplicarse a aquellos delitos ocurridos durante el lapso de gobierno en que se emitió la ley.
Dado que la normativa se promulgó en 1993, los delitos entre 1989 y 1994 quedarían fuera de protección.
La resolución de Velasco, de decenas de páginas, abunda en antecedentes y perfila al país, a los involucrados y a varios de los políticos de aquellos años.
“Esta es la fase más importante con la que formalmente concluye una investigación.
Confirma aquí que 20 personas están implicadas, dice cómo están implicadas y dice por qué considera que están implicadas”, observó Bernabéu.
Además de los nuevos siete nombres, la Audiencia Nacional confirmó el involucramiento de “La Tandona” en los ocho asesinatos.
La Tandona es una generación de militares que se graduó en la Escuela Militar en 1966, que tenían un gran nivel de lealtad entre sus miembros.
Muchos de ellos intentaron convencer a Cristiani de autorizar asesinatos masivos para frenar la ofensiva guerrillera de 1989, según los documentos.
En ese contexto planificaron el asesinato de los jesuitas porque consideraban que “envenenaban la mente de los jóvenes” con ideas favorables para el FMLN.
Los oficiales que ocupaban puestos claves al momento de la masacre eran el ministro de Defensa, Rafael Humberto Larios (el único que no era parte de La Tandona, y que eventualmente fue sustiduido por Ponce); el jefe del estado mayor, René Emilio Ponce; el jefe de la Fuerza Aérea, Rafael Bustillo; el viceministro de defensa, Juan Orlando Zepeda; y el viceministro de seguridad, Inocente Orlando Montano.
El resto de los procesados son oficiales de la Escuela Militar, así como sargentos, cabos y soldados del Batallón Atlacatl, grupo armado que cometió la masacre en la Universidad Centroamericana, el 16 de noviembre de 1989.
Ponce murió el pasado 2 de mayo, pero el resto de acusados al parecer siguen vivos.
El juez Velasco ordena que cada procesado rinda una fianza de 3.2 millones de euros (400 mil euros por cada uno de los ocho asesinatos), equivalentes a unos 4.57 millones de dólares.
Los abogados querellantes y la misma Fiscalía española, tienen un plazo de tres días para presentar un recurso de reforma y cinco días para presentar una apelación.
En el mismo documento, el juez habla de “requisitorias” en un plazo máximo de 10 días.
Bernabéu explica ese término así: “Una vez informados se les da 10 días para que comparezcan ante el juzgado. Transcurridos esos días, si no hay una respuesta por parte de los procesados, va a emitir órdenes de captura”.
Esas “requisitorias” –orden de búsqueda y captura- serían enviadas al director general de la Policía y la Guardia Civil española.
Luego, ese documento pasaría a las oficinas de la Policía Internacional (Interpol) para que se proceda a la ubicación y captura de los procesados.
En El Salvador, la decisión final sobre la procedencia de una eventual extradición recaería en la Corte Suprema.
La mañana de este martes, el rector de la Universidad Centroamericana, Andre Oliva, dijo que declaraciones como las que dio Cristiani no ayudan a la reconciliación. Reiteró la posición que asumió la UCA desde 2008, cuando anunció que no iba a ser parte de la querella porque quiere que a los implicados se les procese en El Salvador, aunque no les interesa que vayan a la cárcel, sino que se conozca la verdad.
Abierta la posibilidad de que la justicia española pida la extradición, Oliva expresó su preocupación por la Corte Suprema, que ha estado marcada por claras divisiones sobre el trabajo que debe hacer.
Cuando la Audiencia Nacional pidió a El Salvador que enviara copia de los expedientes judiciales por el asesinato de los jesuitas, la cúpula del Órgano Judicial se negó a hacerlo.
"Nos encontramos frente a un obstáculo monumental e insensible, que es la Corte Suprema de Justicia", dijo Oliva.
Esa injusticia, reza la resolución, habilita a las autoridades españolas a juzgar por segunda vez a quienes ya fueron declarados culpables, pero que en 1993 fueron beneficiados con una Ley de Amnistía.
Por esa razón, el juez 6o. de Instrucción de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, ordenó este lunes la captura de 20 militares salvadoreños acusados por la masacre de los seis religiosos, una empleada y la hija de esta.
En 1991, el Juzgado Cuarto de lo Penal condenó a 30 años de prisión al ex director de la Escuela Militar, coronel Guillermo Alfredo Benavides, y al subteniente del batallón Atlacatl René Yusshy Mendoza Vallecillos.
El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional dio a conocer una resolución en la que ordena procesarlos otra vez por asesinato, terrorismo y crímenes de lesa humanidad, y el mismo documento aclara que no hay doble juzgamiento.
“La existencia de inefectiva justicia por el mecanismo de la simulación de procedimiento penal que terminó en impunidad absoluta (…) evitaría la institución de cosa juzgada.
Resumidamente, el fraude detectado en el juicio, habilitante de la continuación del presente procedimiento, consiste en la realización de un acto de juicio, bajo la aparente cobertura de un proceso formal, pero tan influido e intervenido que llegó a resultados de no justicia”, razonó el juez Eloy Velasco.
Velasco procesa una querella interpuesta en noviembre de 2008 por los parientes de una de los seis sacerdotes jesuitas asesinados, cinco de los cuales eran españoles. Junto a ellos fueron asesinadas una empleada y la hija de esta.
En la demanda original estaba incluido el ex presidente Alfredo Cristiani, pero en la primera fase de examen del caso, Velasco desestimó la causa contra el ex mandatario, acusado de encubrimiento.
Las pruebas que demuestran ese fraude, dice el juez, son la tardanza para secuestrar documentos, lo que permitió una posible destrucción de pruebas.
Cita, además, la imposibilidad de que las autoridades judiciales u observadores internacionales tuvieran acceso a 30 declaraciones extrajudiciales de miembros del ejército, que fueron las más cercanas a la fecha de los hechos.
Asimismo, menciona la poca colaboración del ejército con el juez del caso y las amenazas contra el jurado.
La decisión del juez de incluir más personas se produjo después de la petición de los querellantes en ese mismo sentido. “Ha habido una ampliación de la querella.
La semana pasada presentamos un escrito en el que se solicitaba, al tenor de la prueba, que se ampliara, que incluyera a estas nuevas personas y el juez analizaba detalladamente la prueba y considera que sí, que hay prueba para incluirlas”, dijo a El Faro, vía telefónica, Almudena Bernabéu, abogada del Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés).
Entre los militares que fueron incluidos están Benavides y Mendoza Vallecidos, declarados culpables en 1991, pero que 15 meses después de su arresto fueron puestos en libertad por una Ley de Amnistía que aprobó la Asamblea Legislativa.
Los otros militares que no estaban en la acusación inicial son: Joaquín Arnoldo Cerna Flores, jefe del conjunto 3 del Estado Mayor; Óscar Alberto León Linares, coronel a cargo del batallón Atlacatl; y otros dos que integraban la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Mauricio Guzmán Aguilar y Héctor Ulises Cuenca Ocampo.
Aunque Cristiani ha quedado fuera del proceso, este reaccionó el mismo lunes en rechazo a la decisión de Velasco.
El ex presidente (1989-1994) dijo que los salvadoreños quieren ver hacia el futuro.
"No hay que esta revolviendo esas cosas del pasado", dijo.
La mañana de este martes, el ex fiscal salvadoreño Ástor Escalante comentó que existe la posibilidad de que la justicia salvadoreña desestime la decisión de Velasco y que, una vez llegada una eventual petición de extradición, la Corte Suprema la rechace.
Escalante mencionó en una entrevista en el canal 12 de televisión que ya se juzgó a los involucrados y que, además, está la Ley de Amnistía, que perdonó los crímenes políticos ocurridos durante la guerra.
Fue la misma Sala de lo Constitucional, sin embargo, la que hace años resolvió que la Ley de Amnistía no podía aplicarse a aquellos delitos ocurridos durante el lapso de gobierno en que se emitió la ley.
Dado que la normativa se promulgó en 1993, los delitos entre 1989 y 1994 quedarían fuera de protección.
La resolución de Velasco, de decenas de páginas, abunda en antecedentes y perfila al país, a los involucrados y a varios de los políticos de aquellos años.
“Esta es la fase más importante con la que formalmente concluye una investigación.
Confirma aquí que 20 personas están implicadas, dice cómo están implicadas y dice por qué considera que están implicadas”, observó Bernabéu.
Además de los nuevos siete nombres, la Audiencia Nacional confirmó el involucramiento de “La Tandona” en los ocho asesinatos.
La Tandona es una generación de militares que se graduó en la Escuela Militar en 1966, que tenían un gran nivel de lealtad entre sus miembros.
Muchos de ellos intentaron convencer a Cristiani de autorizar asesinatos masivos para frenar la ofensiva guerrillera de 1989, según los documentos.
En ese contexto planificaron el asesinato de los jesuitas porque consideraban que “envenenaban la mente de los jóvenes” con ideas favorables para el FMLN.
Los oficiales que ocupaban puestos claves al momento de la masacre eran el ministro de Defensa, Rafael Humberto Larios (el único que no era parte de La Tandona, y que eventualmente fue sustiduido por Ponce); el jefe del estado mayor, René Emilio Ponce; el jefe de la Fuerza Aérea, Rafael Bustillo; el viceministro de defensa, Juan Orlando Zepeda; y el viceministro de seguridad, Inocente Orlando Montano.
El resto de los procesados son oficiales de la Escuela Militar, así como sargentos, cabos y soldados del Batallón Atlacatl, grupo armado que cometió la masacre en la Universidad Centroamericana, el 16 de noviembre de 1989.
Ponce murió el pasado 2 de mayo, pero el resto de acusados al parecer siguen vivos.
El juez Velasco ordena que cada procesado rinda una fianza de 3.2 millones de euros (400 mil euros por cada uno de los ocho asesinatos), equivalentes a unos 4.57 millones de dólares.
Los abogados querellantes y la misma Fiscalía española, tienen un plazo de tres días para presentar un recurso de reforma y cinco días para presentar una apelación.
En el mismo documento, el juez habla de “requisitorias” en un plazo máximo de 10 días.
Bernabéu explica ese término así: “Una vez informados se les da 10 días para que comparezcan ante el juzgado. Transcurridos esos días, si no hay una respuesta por parte de los procesados, va a emitir órdenes de captura”.
Esas “requisitorias” –orden de búsqueda y captura- serían enviadas al director general de la Policía y la Guardia Civil española.
Luego, ese documento pasaría a las oficinas de la Policía Internacional (Interpol) para que se proceda a la ubicación y captura de los procesados.
En El Salvador, la decisión final sobre la procedencia de una eventual extradición recaería en la Corte Suprema.
La mañana de este martes, el rector de la Universidad Centroamericana, Andre Oliva, dijo que declaraciones como las que dio Cristiani no ayudan a la reconciliación. Reiteró la posición que asumió la UCA desde 2008, cuando anunció que no iba a ser parte de la querella porque quiere que a los implicados se les procese en El Salvador, aunque no les interesa que vayan a la cárcel, sino que se conozca la verdad.
Abierta la posibilidad de que la justicia española pida la extradición, Oliva expresó su preocupación por la Corte Suprema, que ha estado marcada por claras divisiones sobre el trabajo que debe hacer.
Cuando la Audiencia Nacional pidió a El Salvador que enviara copia de los expedientes judiciales por el asesinato de los jesuitas, la cúpula del Órgano Judicial se negó a hacerlo.
"Nos encontramos frente a un obstáculo monumental e insensible, que es la Corte Suprema de Justicia", dijo Oliva.
