La iglesia sigue viviendo a espaldas del mundo, en una realidad paralela en la que los actos cometidos en la tierra se pagan o recompensan después de la muerte, tras un juicio parcial en el que no hay manera de defenderse.
Sin embargo, la urgencia de los acontecimientos hace que, tras quedar salpicada por escándalos de abusos sexuales a menores en los cinco continentes, la milenaria institución tenga que imponer cierto orden entre sus filas para conseguir mantener a un rebaño cada vez más desencantado e indignado.
En Chile, en los últimos tiempos han salido a la luz algunos vergonzosos episodios de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes.
En la localidad de Melipilla, a 70 kilómetros al suroeste de la capital chilena, el ex párroco de la iglesia de Santa Teresa Ricardo Muñoz Quintero, ha sido imputado por presuntamente ofrecer dinero a menores a cambio de sexo.
El caso se conoció en enero de 2010 a raíz de un reportaje de televisión, que desveló que además Muñoz Quintero tenía mujer y dos hijos en una localidad cercana a su parroquia.
Circunstancia que, aún yendo contra la doctrina de la iglesia, no tendría menor importancia si la compañera del presunto pederasta no hubiese colaborado con las reprochables actividades de su pareja.
Casos como el anterior, han provocado que la iglesia del país resuelva crear un protocolo de actuación para detectar precozmente los casos de abusos sexuales.
El pasado febrero el Vaticano encontraba culpable a Fernando Karadima, formador de varios obispos y pastor de una parroquia a la que asistía parte de los más influyentes miembros de la sociedad chilena, de abusos de menores.
La denuncia de las víctimas que no fueron escuchadas en su momento por parte de las autoridades eclesiásticas, en primer lugar ha servido para que la iglesia tenga que pedir perdón por la dejación en su deber de proteger a las víctimas.
Unido a la creación de un protocolo, que incluye medidas como recibir no sólo denuncias firmadas por escrito sino también “noticias” sobre casos de abusos sexuales, además de investigar hechos que hayan prescrito y colaborar con la justicia ordinaria.
Pero aunque estas disposiciones van en sintonía con la cadena de perdones y arrepentimientos públicos de la iglesia católica, por otro lado siguen manteniendo la cómplice delicadeza con aquellos miembros de su comunidad que han callado, mantenido y justificado a los abusadores en perjuicio de sus víctimas, que quedaban indefensas y desacreditas públicamente.
Se ha conocido gracias a la prensa local, que uno de los cardenales que más cuestionado ha estado por callar ante las denuncias presentadas de abusos de menores, Francisco Javier Errázuriz, ha sido recompensado con una casa de unos 500.00 dólares ubicada en una de las mejores zonas de la capital, para procurar su descanso.
El retiro de lujo del cardenal sólo es un ejemplo de la práctica habitual de resolver esta clase de conflictos que aún maneja la iglesia católica, que encima de tardar veinte años en reaccionar a las acusaciones de sus feligreses, es capaz de premiar por su trabajo y fidelidad a un cardenal que apoyó con su silencio que estos abusos se mantuvieran en el tiempo.
VVJ
