El Tribunal Provincial Popular de La Habana señaló como fecha del juicio contra el ciudadano norteamericano Alan Phillip Gross el próximo 4 de marzo, se anunció en la capital cubana.
Después de un exhaustivo proceso de investigación, la Fiscalía había presentado el expediente de fase preparatoria No 59/2009, en el cual se acusa al ciudadano estadounidense Alan Phillip Gross del delito de “Actos Contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado”.
De acuerdo con el Artículo 91 del Código Penal de Cuba, la Fiscalía solicita una sanción de 20 años de privación de libertad.
Empleado de la firma norteamericana Development Alternatives Incorporated (DAI), contratada por la USAID, Alan Gross, fue detenido en Cuba, el 5 de diciembre de 2009, mientras repartía teléfonos satelitales y otros equipos sofisticados de comunicación de última generación a elementos de la contrarrevolución. Pocos días después de su detención, el presidente de Cuba, Raúl Castro, declaró,
“El enemigo está tan activo como siempre, muestra de ello es la detención en días pasados de un ciudadano norteamericano, eufemísticamente denominado en declaraciones de los voceros del Departamento de Estado como ‘contratista’ de su gobierno”.
En el caso de Cuba, la USAID se jacta abiertamente de manejar operaciones desestabilizadoras utilizando “contratistas” norteamericanos y de otras nacionalidades para introducir tecnologías propias a actividades de inteligencia.
La USAID, en varias oportunidades, reconoció haber orientado y financiado operaciones de grosera injerencia, de haber distribuido, entre otras cosas, 385.000 libras de medicinas, ropas y comida; unos 26.000 radios de onda corta; millones de libros subversivos; además de proveer “cursos de formación en periodismo” y publicar 23.000 “reportes” de estos agentes sin hablar de visitas pagadas a 200 reclutas para ayudar al desarrollo de “ONGs independientes”.
Los escándalos denunciados por la propia auditoria norteamericana en relación con las extravagancias de administradores de fondos “humanitarios” de la USAID para Cuba se han acumulado en los últimos años sin hablar del caso del ex jefe del Plan Bush de anexión Caleb McCarry, quién subsidió con 6,5 millones de dólares del dinero de la USAID otra firma contratista, Creative Associates International, que dos meses después de abandonar su puesto de funcionario, a su turno lo “contrató”.
Por cierto, con un pasado cargado de sombríos episodios – desde Vietnam hasta la cobertura que dio al instructor en tortura Dan Mitrione y al terrorista cubano americano Antonio Veciana – el lobo de la USAID no llega a esconderse bajo la piel de oveja que le entrego la CIA.
En distintas partes del mundo donde su presencia se orienta de acuerdo con los planes injerencistas del Departamento de Estado, el apetito de las 16 agencias norteamericanas de inteligencia, y “complementa” agresiones, la USAID y sus contratistas, como parte integral de la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, siempre enfrentarán más dificultad en repartir “zanahorias” humanitarias que no engañan a nadie.
Hace unos meses, Hosiy Sahibzada, una joven empleada afgana de la firma norteamericana Development Alternatives Incorporated (DAI), ha sido asesinada en Kandahar, Afganistán, frente a las oficinas de esta firma, este 12 de abril último.
Se trataba de la última víctima de ataques contra firmas contratistas de la USAID cuyo papel de apoyo a las fuerzas de ocupación extranjeras en este país es asimilado a la inteligencia norteamericana.
