Seguir con detenimiento y pasión lo que sucede o sucederá en Cuba es un derecho y un deber no sólo socialistas sino de latinoamericanos que lucha por la liberación nacional y social del continente.
Guillermo Almeyra | La Jornada...
El Partido Comunista Cubano prepara su sexto congreso para abril próximo y, para ello, emitió un documento económico-social que –para los amigos de la revolución cubana– despierta grandes preocupaciones y para la población de la isla es un golpe brutal, desmoralizador.
Desgraciadamente, salvo los enemigos del proceso revolucionario, que se regocijan con las dificultades por las que éste atraviesa, no se leen análisis ni se escuchan opiniones sobre el curso que está siguiendo la revolución cubana, que sin embargo es tan decisiva para el proceso de liberación de toda América Latina. Por eso, con los límites que resultan de la posibilidad de escribir sólo un corto artículo cada domingo, me veré obligado a dedicar a este tema una serie de artículos, a sabiendas de que siete o 14 días después pocos recordarán –si lo han leído– el anterior.
Haré aquí algunas consideraciones generales, dejando para las sucesivas entregas el estudio de los artículos más peligrosos del documento del PCC y, naturalmente, lo que podría ser una alternativa. En primer lugar, considero que seguir con detenimiento y pasión lo que sucede y podría suceder en Cuba es un derecho y un deber no sólo de todo socialista sino también de todo latinoamericano que lucha por la independencia de nuestros países y por la liberación nacional y social del continente. En efecto, lo de Cuba es demasiado importante y demasiado grave para que sea sólo tema de discusión de los cubanos.
En segundo lugar, considero que si se convoca el congreso para abril de 2011 supuestamente como instancia de consulta y de decisión, no es posible empezar ya este año a aplicar medidas fundamentales e irreversibles en muchos campos de la actividad económica, colocando a todos ante hechos consumados y al congreso mismo en el triste papel de simple aprobador-legitimizador de resoluciones adoptadas por pocos en el aparato estatal.
La desgraciada fusión entre el Partido Comunista y el Estado subordina el primero al segundo y le hace adoptar como propias la lógica y las necesidades estatales, anulando así su propio papel de control y de crítico y vigilante, por no hablar de su papel indirecto de portavoz de opiniones y necesidades de los trabajadores.
Ahora bien, como recalcaba Lenin, el Estado es, incluso después de la revolución, un instrumento de clase, la expresión de la subsistencia del mercado mundial capitalista y de los valores y métodos burgueses de dominación, lo cual obliga al partido (y a los sindicatos) a defender los derechos particulares de los trabajadores incluso contra su Estado y, por lo tanto, a no someterse al mismo.
El hecho de que el programa económico-social que analizamos sea un programa exclusivamente burocrático-estatal destinado, según proclama, al fortalecimiento de la institucionalidad y a la reforma del Estado y del gobierno, destaca aún más el achatamiento del partido frente a éstos.
Porque si por institucionalidad se entiende poner coto al arbitrio y al voluntarismo desorganizadores de la economía y causantes del despilfarro, la incuria y la falta de control que permiten la corrupción y la burocratización, no se puede olvidar que el Estado no es sólo un aparato burocrático-administrativo o represivo sino una relación de fuerzas social y, por consiguiente, la reforma del Estado debe acordar mucho mayor peso a los órganos de democracia directa, a los trabajadores que a la vez son consumidores, productores y constructores del socialismo y no meros súbditos ni objetos pasivos de resoluciones verticalistas.
Además, una revolución, por definición, no es sinónimo de institucionalizar sino de renovar y democratizar profunda y totalmente las estructuras de poder permitiendo la expresión de la diferencia que existe en ese doble poder siempre latente entre la revolución (los trabajadores, en el sentido más amplio del término) y las importantes expresiones del capitalismo (como el aparato estatal, que pretende comandar al viejo modo).
Es, en mi opinión, muy grave que el documento para el próximo congreso del partido, aunque tenga como centro la restructuración económica, no mencione a los trabajadores (ni siquiera a los sindicatos que, en el aparato estatal burocratizado, son la correa de transmisión de éste hacia aquéllos).
En 32 páginas de texto la palabra socialista aparece, por otra parte, sólo tres veces y no hay ni una mención a la burocracia, su extensión y sus divisiones (que cualquier cubano ve como un problema grave), ni a la democracia de los productores, ni siquiera para explicar quiénes escogerán los que serán declarados disponibles (que suman nada menos que un 20 por ciento de la población económicamente activa). En cuanto a los órganos populares, democráticos, de control y de planificación, brillan simplemente por su ausencia.
Es igualmente grave el hecho de que este documento no esté acompañado por un texto del partido sobre la fase actual de la economía mundial, la sociedad cubana, los peligros sociales y políticos de una apertura mucho mayor al mercado mundial y al mercado libre en la isla, las causas que impusieron estas medidas drásticas y de guerra (incluyendo entre ellas, autocríticamente, los errores del partido y del gobierno entre congreso y congreso y en los últimos 40 años) y que no se prepare al partido y a los trabajadores para los peligros que derivarán del reforzamiento de los sectores burgueses y de los valores capitalistas, ni se fijen perspectivas.
Porque la brutalidad de la agresión imperialista y de la crisis mundial puede obligar, es cierto, a abandonar conquistas y a dar pasos atrás, pero no hace obligatorio que se escondan los retrocesos y, menos aún, que se pinten los progresos igualitarios que se tienen que abandonar forzados por el mercado mundial como si hubiesen sido negativos.
Pero sobre esto volveremos en los próximos artículos, analizando el texto que, para el congreso del PCC, presentan la burocracia y la tecnocracia que controlan el Estado.
¿Qué dice el documento presentado para el sexto Congreso del Partido Comunista Cubano que debería realizarse en abril próximo? Trataré de resumir sus 32 páginas en este breve espacio.
El punto 17 declara que se tenderá a suprimir el funcionamiento económico regido por el presupuesto. El 19, que los ingresos de los trabajadores estatales dependerán de los resultados obtenidos por sus respectivas empresas (o sea, de la capacidad o incapacidad de los dirigentes y de los respectivos ministerios, y de lo lucrativo que pueda resultar su actividad desde el punto de vista del mercado).
El 23 establece que cada empresa fijará los precios de sus productos y servicios y podrá ofrecer rebajas (lo cual abre el camino a la competencia feroz entre éstas y regiones, así como a toda clase de favoritismos y amiguismos).
El 35 plantea la descentralización municipal de la producción, que estará sometida a los Consejos Administrativos Municipales (pero no establece quién elige ni quién controla a los mismos). El 44, dice que hay que reducir la expansión de los servicios, la cual dependerá de la marcha general de la economía; el 45, que habrá que bajar la importación de insumos y productos para la industria, pues la misma dependerá de la obtención de divisas.
Entre las principales decisiones económicas, se dice que el vital problema de la circulación de dos monedas (el peso cubano y el CUC) pasará a ser estudiado y se decidirá cuando la marcha de la economía lo permita (la economía cubana, hay que recordar, está en crisis desde hace 30 años). Se declara, además, que se eliminarán los subsidios y las gratuidades, como norma (o sea, las políticas de sostén al consumo y a los sectores más pobres y que no reciben dólares del exterior ni pueden conseguirlos, legal o ilegalmente, en Cuba misma).
Se formula de modo muy vago la necesidad y la esperanza de facilitar los créditos bancarios y el ahorro, así como el objetivo de que los países beneficiarios paguen por lo menos los costos de la ayuda solidaria que brinda Cuba (lo cual no sólo transforma la solidaridad en servicio pagado, sino que choca con las posibilidades de las naciones que, como Haití, sufren desastres naturales o sanitarios de magnitud). Se crean también zonas especiales de desarrollo (que, se supone, gozarán de reducciones o exenciones de impuestos o de privilegios a quienes allí se instalen).
El punto 65 anuncia que el país pagará estrictamente la deuda (para conquistar la confianza de los inversionistas y obtener posibles préstamos, lo cual hace suponer que esa –y no el sostenimiento de la economía interna y del nivel de vida de los cubanos– será la prioridad de las finanzas estatales).
Al respecto, se plantea reducir o eliminar los gastos excesivos en la esfera oficial (dejando la definición de qué es excesivo al arbitrio de los administradores). La cantidad de universitarios estará determinada además por el desempeño de la economía y las universidades prepararán sobre todo técnicos y profesionales en las ramas productivas y relacionadas con el mercado.
El punto 142 establece que las condiciones que se creen para que los trabajadores puedan estudiar “deberán ser a cuenta del tiempo libre de éstos y a partir de su esfuerzo personal (es decir, sin becas, licencias, estímulos, facilidades).
El 158 decide ampliar el servicio por cuenta propia (sin especificar cómo facilitar la preparación del cuentapropista, la obtención de locales dada la crisis de la vivienda ni la provisión de insumos y herramientas). El 159 añade que se desarrollarán procesos de disponibilidad laboral (o sea, de reducción de las plantillas en forma drástica).
Aunque el documento no lo establece, resoluciones complementarias dicen al respecto que el trabajador con 30 años de antigüedad en la empresa recibirá durante cinco meses 60 por ciento de su salario una vez despedido, y los que tengan menor antigüedad, un salario aún menor. El punto 161 habla sobre la necesidad de reducir las gratuidades indebidas y los subsidios personales excesivos (¿quién fijará qué es indebido y qué excesivo?).
El 162 habla de una eliminación ordenada de la libreta de abastecimiento (que, según el texto, es utilizada también por quienes no la necesitan y fomenta el mercado negro). El punto 164 establece que los comedores obreros funcionarán a precios no subsidiados (sin compensación salarial alguna).
El 169 independiza las distintas formas de cooperativas (agrarias) de la intermediación y del control estatales.
El 177 especifica que la formación del precio de la mayoría de los productos dependerá sólo de la oferta y la demanda. El 184 dice que las inversiones se concentrarán en los productores más eficientes (y no en las ramas de mayor utilidad social). El 230 anuncia que se revisarán, al alza, las tarifas eléctricas.
Ni los cuentapropistas ni las cooperativas tendrán subsidios. El 248 llama a implantar medidas para reducir el consumo de agua por los turistas, debido a la sequía (lo cual, dicho sea de paso, contrasta con el fomento al turismo –que utiliza piscinas, necesita jardines regados, combate el calor con duchas frecuentes– y con la decisión de hacer grandes campos de golf de 18 hoyos, que son voraces consumidores de agua).
No hay artículos que reduzcan los gastos en las fuerzas armadas ni de la alta burocracia. Las previsiones ecológicas (cultivo orgánico, desarrollo de las fuentes energéticas alternativas) dependen sólo de la responsabilidad del Estado (no prevén, pues, la participación popular en el territorio y además no van más allá del tipo de consumo y de producción fijados por el capitalismo, sin hacer de la crisis la ocasión para experimentar una producción y un consumo alternativos).
Creo que el texto así resumido habla por sí solo y, por razones de espacio, dejo para el próximo artículo algunas conclusiones generales y la propuesta de otro tipo de soluciones.
Durante 20 años Cuba para vivir (y sobrevivir al bloqueo) gastó más de lo que producía y vivió ligada al tubo de suero de la economía soviética, que compensaba el faltante. Fidel y Raúl Castro, así como la inmensa mayoría de los dirigentes, hicieron de necesidad virtud porque estaban convencidos de que la Unión Soviética estalinizada sería eterna.
El costo moral y político fue inmenso.
Cuba apoyó la invasión de Checoslovaquia en 1968; Fidel elogió a Brezhnev diciendo que era un gran marxista, y la importación desde la Unión Soviética no se limitó a las armas y a la tecnología sino que también se extendió a la formación de los cuadros, a la imitación de la ideología, el modo de vivir y de resolver las cosas de los burócratas ineficientes, autoritarios y corruptos que estaban hundiendo a los “países socialistas” y desprestigiando el socialismo.
El país pudo, sí, elevar enormemente su nivel de cultura y de sanidad, pero no creó, debido a esa dependencia, una base industrial y una tecnología de punta salvo en medicina.
Y el voluntarismo del mando provocó despilfarros sin fin y llevó a la simulación del pleno empleo cubriendo una vasta capa de trabajadores improductivos y a la desvalorización del salario real, de la mercancía fuerza de trabajo. Ahora, cuando hay que enfrentar por fuerza la realidad de la economía, los mismos responsables del desastre no sólo no hacen una autocrítica sino que se aferran al timón y dejan que los náufragos se arreglen por su cuenta.
¿Qué impide que sean los mismos colectivos de trabajadores los que reduzcan los costos de la producción, la racionalicen, e incluso decidan dónde se harán los cortes de personal y las reducciones salariales?
¿Por qué dejar que sea el mercado el que decida los salarios mediante el lucro que obtenga la actividad económica en cuestión, de modo que, por ejemplo, un trabajador en un hotel gane mucho más que una enfermera o una maestra porque, por definición, los servicios esenciales son derechos, no negocios que deben ser pagados? ¿Por qué no reducir salarios y privilegios en los altos puestos del aparato estatal, civil o militar?
No es posible mantener (con sumas irrisorias, para colmo, que no permiten un consumo digno) a millones de personas que no producen o producen muy poco, pero eso es aplicable también a la alta burocracia, tan frondosa e improductiva. ¿Por qué no permitir comités barriales, vecinales, locales, de control de los privilegios, la corrupción, los despilfarros, el contrabando?
¿Por qué no abrir la prensa a la denuncia de las ineficiencias y abusos burocráticos y a la discusión sobre cómo hacer más barata y eficaz la distribución de los bienes escasos?
La participación popular es indispensable, ya que por el Mariel terminó de irse la mayoría de la burguesía cubana pero ahora, con las nuevas medidas, surgirá lo que Lenin, en la política económica de 1921, llamaba los sovietburg que, como la boliburguesía venezolana, serán como los rabanitos, rojos por fuera y blancos por dentro, y tendrán su sustancia bajo tierra, bien escondida.
Sólo los comités de base, los organismos de control popular, los consejos obreros, la autogestión social generalizada, pueden combatir eficazmente la crisis y el desarrollo de la desigualdad social, que se apoyarán en el inevitable reforzamiento del autoritarismo que resultará del bloqueo, sí, pero también de la necesidad de suplir el consenso que el gobierno está perdiendo junto con la esperanza en la construcción del socialismo que podía movilizar a la juventud.
Quien se opone a la democracia no quiere el socialismo pues éste es imposible sin ella. Quien descarta la autogestión, la democracia obrera y social, el control popular, fomenta el poder desmoralizador y disgregador de la burocracia y de la tecnocracia, que se guían por valores propios del capitalismo, no del socialismo.
Fue un error gravísimo estatizar el pequeño comercio, el artesanado.
Eso se puede remediar, aunque tarde, fomentando la creación de cooperativas con ayuda crediticia y facilidades técnicas. Pero, para aliar al sector estatal con el sector cuentapropista orientado hacia y por el mercado, y evitar que de éste surja una burguesía, hay que ofrecer apoyo técnico, hacer campaña cultural solidaria, reforzar la democracia directa, eliminar o reducir al máximo los aparatos y los mandamases.
El pueblo cubano se salvará por sí mismo. No necesita salvadores supremos ni en la Tierra ni en el cielo. Lo que debe preparar el sexto congreso es una discusión amplia, en todos los sectores, sobre los problemas, las urgencias, las prioridades, los recursos disponibles y las soluciones posibles en el marco de la democracia y del socialismo.
Sin que los cubanos tengan plena conciencia de dónde está Cuba en el mundo y de cuáles son las perspectivas inmediatas, sin un balance autocrítico del pasado propio y del “socialismo real”, y sin plena libertad de opinión y de crítica, no será posible reconstruir la economía ni la confianza popular.
El punto 17 declara que se tenderá a suprimir el funcionamiento económico regido por el presupuesto. El 19, que los ingresos de los trabajadores estatales dependerán de los resultados obtenidos por sus respectivas empresas (o sea, de la capacidad o incapacidad de los dirigentes y de los respectivos ministerios, y de lo lucrativo que pueda resultar su actividad desde el punto de vista del mercado).
El 23 establece que cada empresa fijará los precios de sus productos y servicios y podrá ofrecer rebajas (lo cual abre el camino a la competencia feroz entre éstas y regiones, así como a toda clase de favoritismos y amiguismos).
El 35 plantea la descentralización municipal de la producción, que estará sometida a los Consejos Administrativos Municipales (pero no establece quién elige ni quién controla a los mismos). El 44, dice que hay que reducir la expansión de los servicios, la cual dependerá de la marcha general de la economía; el 45, que habrá que bajar la importación de insumos y productos para la industria, pues la misma dependerá de la obtención de divisas.
Entre las principales decisiones económicas, se dice que el vital problema de la circulación de dos monedas (el peso cubano y el CUC) pasará a ser estudiado y se decidirá cuando la marcha de la economía lo permita (la economía cubana, hay que recordar, está en crisis desde hace 30 años). Se declara, además, que se eliminarán los subsidios y las gratuidades, como norma (o sea, las políticas de sostén al consumo y a los sectores más pobres y que no reciben dólares del exterior ni pueden conseguirlos, legal o ilegalmente, en Cuba misma).
Se formula de modo muy vago la necesidad y la esperanza de facilitar los créditos bancarios y el ahorro, así como el objetivo de que los países beneficiarios paguen por lo menos los costos de la ayuda solidaria que brinda Cuba (lo cual no sólo transforma la solidaridad en servicio pagado, sino que choca con las posibilidades de las naciones que, como Haití, sufren desastres naturales o sanitarios de magnitud). Se crean también zonas especiales de desarrollo (que, se supone, gozarán de reducciones o exenciones de impuestos o de privilegios a quienes allí se instalen).
El punto 65 anuncia que el país pagará estrictamente la deuda (para conquistar la confianza de los inversionistas y obtener posibles préstamos, lo cual hace suponer que esa –y no el sostenimiento de la economía interna y del nivel de vida de los cubanos– será la prioridad de las finanzas estatales).
Al respecto, se plantea reducir o eliminar los gastos excesivos en la esfera oficial (dejando la definición de qué es excesivo al arbitrio de los administradores). La cantidad de universitarios estará determinada además por el desempeño de la economía y las universidades prepararán sobre todo técnicos y profesionales en las ramas productivas y relacionadas con el mercado.
El punto 142 establece que las condiciones que se creen para que los trabajadores puedan estudiar “deberán ser a cuenta del tiempo libre de éstos y a partir de su esfuerzo personal (es decir, sin becas, licencias, estímulos, facilidades).
El 158 decide ampliar el servicio por cuenta propia (sin especificar cómo facilitar la preparación del cuentapropista, la obtención de locales dada la crisis de la vivienda ni la provisión de insumos y herramientas). El 159 añade que se desarrollarán procesos de disponibilidad laboral (o sea, de reducción de las plantillas en forma drástica).
Aunque el documento no lo establece, resoluciones complementarias dicen al respecto que el trabajador con 30 años de antigüedad en la empresa recibirá durante cinco meses 60 por ciento de su salario una vez despedido, y los que tengan menor antigüedad, un salario aún menor. El punto 161 habla sobre la necesidad de reducir las gratuidades indebidas y los subsidios personales excesivos (¿quién fijará qué es indebido y qué excesivo?).
El 162 habla de una eliminación ordenada de la libreta de abastecimiento (que, según el texto, es utilizada también por quienes no la necesitan y fomenta el mercado negro). El punto 164 establece que los comedores obreros funcionarán a precios no subsidiados (sin compensación salarial alguna).
El 169 independiza las distintas formas de cooperativas (agrarias) de la intermediación y del control estatales.
El 177 especifica que la formación del precio de la mayoría de los productos dependerá sólo de la oferta y la demanda. El 184 dice que las inversiones se concentrarán en los productores más eficientes (y no en las ramas de mayor utilidad social). El 230 anuncia que se revisarán, al alza, las tarifas eléctricas.
Ni los cuentapropistas ni las cooperativas tendrán subsidios. El 248 llama a implantar medidas para reducir el consumo de agua por los turistas, debido a la sequía (lo cual, dicho sea de paso, contrasta con el fomento al turismo –que utiliza piscinas, necesita jardines regados, combate el calor con duchas frecuentes– y con la decisión de hacer grandes campos de golf de 18 hoyos, que son voraces consumidores de agua).
No hay artículos que reduzcan los gastos en las fuerzas armadas ni de la alta burocracia. Las previsiones ecológicas (cultivo orgánico, desarrollo de las fuentes energéticas alternativas) dependen sólo de la responsabilidad del Estado (no prevén, pues, la participación popular en el territorio y además no van más allá del tipo de consumo y de producción fijados por el capitalismo, sin hacer de la crisis la ocasión para experimentar una producción y un consumo alternativos).
Creo que el texto así resumido habla por sí solo y, por razones de espacio, dejo para el próximo artículo algunas conclusiones generales y la propuesta de otro tipo de soluciones.
En mis dos artículos anteriores (del 14 y del 21 de noviembre) expongo las características principales del texto que discutirá el sexto congreso del Partido Comunista Cubano y algunas opiniones al respecto. A ellos me remito, de modo que aquí me dedicaré a contraponerle una posible alternativa realista, democrática y socialista.
Porque es cierto que el documento trata de sincerar” la economía cubana eliminando cargas insoportables en la actual situación y de corregir graves errores voluntaristas del pasado.
Pero lo hace con una concepción estrechamente local, nacionalista, prescindente de toda perspectiva política mundial. Y de modo brutal, burocrático y no democrático, brusco y terriblemente tardío, forzado por la crisis y no voluntario, prepotente y sin la menor autocrítica.
El texto ningunea igualmente las consecuencias sociales, políticas y morales de las medidas propuestas y la necesidad de comprenderlas y explicarlas y de aclarar que se tiene conciencia de ellas.
Además, refuerza privilegios burocráticos y prepara las condiciones de base para una veloz polarización social y para la transformación de parte de la burocracia cubana en germen de burguesía local, incluso para la soldadura entre ella y el mercado mundial (y el imperialismo).
No es casual que el documento no toque para nada los aparatos represivos y de la prensa partidaria, tan deficiente y tan de espaldas a la realidad, o sea a los principales instrumentos de dominación.
El costo moral y político fue inmenso.
Cuba apoyó la invasión de Checoslovaquia en 1968; Fidel elogió a Brezhnev diciendo que era un gran marxista, y la importación desde la Unión Soviética no se limitó a las armas y a la tecnología sino que también se extendió a la formación de los cuadros, a la imitación de la ideología, el modo de vivir y de resolver las cosas de los burócratas ineficientes, autoritarios y corruptos que estaban hundiendo a los “países socialistas” y desprestigiando el socialismo.
El país pudo, sí, elevar enormemente su nivel de cultura y de sanidad, pero no creó, debido a esa dependencia, una base industrial y una tecnología de punta salvo en medicina.
Y el voluntarismo del mando provocó despilfarros sin fin y llevó a la simulación del pleno empleo cubriendo una vasta capa de trabajadores improductivos y a la desvalorización del salario real, de la mercancía fuerza de trabajo. Ahora, cuando hay que enfrentar por fuerza la realidad de la economía, los mismos responsables del desastre no sólo no hacen una autocrítica sino que se aferran al timón y dejan que los náufragos se arreglen por su cuenta.
¿Qué impide que sean los mismos colectivos de trabajadores los que reduzcan los costos de la producción, la racionalicen, e incluso decidan dónde se harán los cortes de personal y las reducciones salariales?
¿Por qué dejar que sea el mercado el que decida los salarios mediante el lucro que obtenga la actividad económica en cuestión, de modo que, por ejemplo, un trabajador en un hotel gane mucho más que una enfermera o una maestra porque, por definición, los servicios esenciales son derechos, no negocios que deben ser pagados? ¿Por qué no reducir salarios y privilegios en los altos puestos del aparato estatal, civil o militar?
No es posible mantener (con sumas irrisorias, para colmo, que no permiten un consumo digno) a millones de personas que no producen o producen muy poco, pero eso es aplicable también a la alta burocracia, tan frondosa e improductiva. ¿Por qué no permitir comités barriales, vecinales, locales, de control de los privilegios, la corrupción, los despilfarros, el contrabando?
¿Por qué no abrir la prensa a la denuncia de las ineficiencias y abusos burocráticos y a la discusión sobre cómo hacer más barata y eficaz la distribución de los bienes escasos?
La participación popular es indispensable, ya que por el Mariel terminó de irse la mayoría de la burguesía cubana pero ahora, con las nuevas medidas, surgirá lo que Lenin, en la política económica de 1921, llamaba los sovietburg que, como la boliburguesía venezolana, serán como los rabanitos, rojos por fuera y blancos por dentro, y tendrán su sustancia bajo tierra, bien escondida.
Sólo los comités de base, los organismos de control popular, los consejos obreros, la autogestión social generalizada, pueden combatir eficazmente la crisis y el desarrollo de la desigualdad social, que se apoyarán en el inevitable reforzamiento del autoritarismo que resultará del bloqueo, sí, pero también de la necesidad de suplir el consenso que el gobierno está perdiendo junto con la esperanza en la construcción del socialismo que podía movilizar a la juventud.
Quien se opone a la democracia no quiere el socialismo pues éste es imposible sin ella. Quien descarta la autogestión, la democracia obrera y social, el control popular, fomenta el poder desmoralizador y disgregador de la burocracia y de la tecnocracia, que se guían por valores propios del capitalismo, no del socialismo.
Fue un error gravísimo estatizar el pequeño comercio, el artesanado.
Eso se puede remediar, aunque tarde, fomentando la creación de cooperativas con ayuda crediticia y facilidades técnicas. Pero, para aliar al sector estatal con el sector cuentapropista orientado hacia y por el mercado, y evitar que de éste surja una burguesía, hay que ofrecer apoyo técnico, hacer campaña cultural solidaria, reforzar la democracia directa, eliminar o reducir al máximo los aparatos y los mandamases.
El pueblo cubano se salvará por sí mismo. No necesita salvadores supremos ni en la Tierra ni en el cielo. Lo que debe preparar el sexto congreso es una discusión amplia, en todos los sectores, sobre los problemas, las urgencias, las prioridades, los recursos disponibles y las soluciones posibles en el marco de la democracia y del socialismo.
Sin que los cubanos tengan plena conciencia de dónde está Cuba en el mundo y de cuáles son las perspectivas inmediatas, sin un balance autocrítico del pasado propio y del “socialismo real”, y sin plena libertad de opinión y de crítica, no será posible reconstruir la economía ni la confianza popular.
