"Estados Unidos, efectivamente, se opone al registro de la información".
Es la respuesta ofrecida por Interpol al requerimiento del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que preguntaba por los motivos por los que el organismo de coordinación policial se negaba a incluir en sus listas de delincuentes buscados a los tres militares estadounidenses que dispararon contra el hotel Palestina, en Bagdad, y produjeron la muerte del periodista español José Couso, el 8 de abril de 2003.
La comunicación recibida en el Juzgado Central de Instrucción número 1 contesta de una en una las preguntas que formuló el magistrado.
A la referida a si algún Estado miembro había informado a Interpol de que los hechos por los que se había dictado la orden de detención internacional de los militares constituyen un delito militar, lo que impide incluir sus nombres entre los reclamados, la contestación es sucinta: "Ningún país miembro se ha dirigido a la Secretaría General en este caso".
Sin embargo, a continuación precisa que la Secretaría General de Interpol pidió a la Oficina Central Nacional (OCN) de Washington que le indicara si tenía alguna objeción con respecto al registro de la información relativa al cargo de crímenes contra la comunidad internacional.
"En su respuesta, la OCN de Washington estableció que Estados Unidos, efectivamente, se opone al registro de la información", señala el documento, para añadir: "Como corresponde, concluimos que la información relativa a este crimen no sea registrada en la base de datos de la Interpol".
Distintas listas de buscados
Tras estudiar la justificación de la negativa, que en gran parte se explica en un cambio de la política de Interpol ante las reclamaciones por crímenes de guerra, el juez ha optado por cursar un nuevo oficio al organismo.
En esta ocasión le exige que ya que no puede incluir a los tres militares en sus listas para que sean inmediatamente detenidos, sí lo haga para alertar a los países miembros de los delitos que han cometido "en grado de seria probabilidad".
Es decir, si el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp salen de Estados Unidos, el país que les reciba sabrá que están acusados de los delitos de homicidio voluntario y crímenes de guerra.
La otra petición de Pedraz se encamina a conseguir la completa identidad de los imputados ya que sólo consta en el sumario su nombre y graduación militar y su paradero en cada momento.
Con la inclusión en esta lista que reúne las notificaciones de tipo verde, según la clasificación de Interpol se podrá localizar a los tres militares y solicitar su extradición a España al país en el que se encuentren.
El juez también comunica a Interpol que puede publicar las notificaciones en la zona de acceso público de su web.
Pese a que es la propia Interpol la que informa de que cambió su política en relación con estos crímenes en julio de 2009 y lo ratificó el pasado junio, la respuesta a por qué las dos órdenes de busca y captura dictadas con anterioridad por los mismos hechos sí fueron atendidas, el organismo se limita a señalar que "no sabe de ninguna difusión previa en este caso".
