Tegucigalpa. 30 Agosto. 2010. La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), reveló, este domingo, que “ya hemos identificado cárceles de terror en San Pedro Sula y en Tegucigalpa […] así como el resurgir de la Mano Blanca 14/-88, sabemos dónde están operando”.
Oliva llamó al Régimen de Porfirio Lobo a “desarticular los escuadrones de la muerte existentes en Honduras”.
Denunció, además, que han detectado cómo opera el escuadrón CAM (Comando Álvarez Martínez), de lo que ya había informado, así como han encontrado indicadores del reaparecimiento de elementos de la Mano Blanca 14/-88, de quienes expresó saber donde están operando.
El grupo paramilitar, Mano Blanca, era simbolizado por una mano que representaba a los cinco mandos civiles del escuadrón, apareció en Guatemala, en junio de 1966, torturó y asesinó estudiantes, profesionales y campesinos, con pretexto de ser comunistas.
La Mano Blanca, habría operado con asistencia clandestina del ejército guatemalteco, respaldado por la CIA y el Pentágono, según varias fuentes, como el Consorcio para el Estudio y la Respuesta al Terrorismo (Start) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHG).
Paramilitarismo no es reconciliación.
Aunque no proporcionó mayores detalles, Oliva expresó que la denuncia la hacía “no para tener miedo”, sino para mostrar que “éste no es un gobierno respetuoso de los derechos humanos y de reconciliación, mientras existan escuadrones de terror”.
Bertha Oliva en un encuentro con la dirigencia magisterial, discutió los casos de violaciones a los derechos humanos perpetradas por policías y militares contra profesores, estudiantes, niños, periodistas, y otras personas, dentro y en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), ocurridas el pasado viernes 27 de agosto de 2010.
Perseguir al magisterio para impedir el efecto multiplicador de sus demandas.
Oliva manifestó estar preocupada porque “los veo tristes, debemos tener ánimo salir con vida, porque eso es sólo un pequeño problema del problema macro, de quienes demandan un nuevo contrato social que se exige desde la Resistencia, y ustedes son la columna vertebral; se les reprime con gas, pero con un trabajo sutil, el de socavar la bases, se inicia el desprestigio, en un intento de debilitarlos”.
Criticó indignada: “Vemos como se le trata al mentor, estamos ante un gobierno que lejos de ser de reconciliación, su práctica de garrote es de desarticulación y de no escuchar”.
Oliva analizó, que “es difícil socavar al magisterio, por su dinámica democrática, y por eso es que a los docente es al sector que reprimen, porque su acción tiene efecto multiplicador y al tener esos efectos, hay que cortarlo, hay que asesinarlo”.
Violaciones a derechos humanos.
De los asesinatos ocurridos, ninguno ha sido esclarecido, “dicen que eran mareros y los están vinculando para ir limpiando y no dejar registrado que se dieron violaciones a los derechos humanos”, explicó.
Amnistía, engaño para ocultar las violaciones a derechos humanos.
Oliva refirió que hay 146 personas encausadas de atentar contra la seguridad del Estado y desde el Ministerio Público les abren los juicios, lo que pretenden es que es que “si se acogen a la amnistían aceptan que se les acusó en legal y debida forma y se esconde la violación a los derechos humanos, de que fueron golpeados y torturados”.
Y añadió que, eso es peligro porque borran la violación, porque la gente acepta, sometiéndose a una amnistía, olvidar y perdonar; y los dejan inhabilitados para poner una demanda por su derecho violado.
“Es una picardía”, lamentó.
Centros ilegales de detención.
Otro aspecto señalado por la coordinadora del Cofadeh, es que, en la represión más fuertes que se dio el jueves 21, las personas no fueron detenidas en un lugar legalmente establecido.
“Los llevaron a Tránsito (Dirección General) , que no es para detener a nadie, luego al Core 7, hasta entonces ubicamos el paradero, estuvieron desaparecidos por más de tres horas y hasta se hizo habeas corpus”, detalló.
Oliva contrastó, impresionada, que por “primera vez en 28 años que no se me permite ingresar a donde están las víctimas, ni en la época de los ochenta, ni cuando se suspendieron las garantías durante el golpe de Estado [se le impidió]”.
Convierten en prisión Casa de Gobierno y Plaza Libertad.
La coordinadora del Cofadeh afirmó que el jueves 26 de agosto, “el ejército fue el que reprimió”.
Oliva declaró conmovida que “fue terrible ver la Plaza Libertad convertida en centro de concentración”.
Pero, “me siento orgullosa de un militante que con dignidad, cuando adentro los militares le entregaban a ella los detenidos, le decían ‘puede ver que no están goleados’, un maestro dijo ‘a mi si me han golpeado si me dejan detenido, que me dejen’”, amplió.
Cuando logró identificar a la mayoría, en Comayagua, presenció violaciones a los derechos humanos. “Aun ya detenidas” las personas, observó “como tiraban gases en la celdas [dentro], y eso es tortura. Desde el Ministerio Público quieren convertir a las víctimas, en condición no de victimas, sino de atentadores del Estado”, acusó Oliva.
Negaron atención en hospital y el ingreso de médicos de confianza.
En los hospitales fue rechazado atender a la victimas. A los agredidos no se les permitió el ingreso de médicos de confianza durante la detención, eso es constitutivo de tortura, eso debe ser mencionado, sancionado, y elevado a la autoridad, afirmó.
Aseguró que, “el gobierno tendrá que responder a las violaciones a los derecho humanos independiente que haya un acuerdo” con el magisterio por la crisis educativa.
Un equipo médico internacional evaluará el efecto de la saturación masiva de gases.
Respecto al bombardeo de gases que saturó el ambiente, Bertha Oliva informó que vendría un equipo médico internacional para evaluar el daño que podrá repercutir en las personas.
Y reflexionó que “no sólo veamos el costo del bombardeo con químico en el área” equivalente a 300 a 200 bombas con un precio promedio de dos mil lempiras, sino que son “muy peligrosos los efectos a largo plazo”.
Oliva cuestionó que “yo soy alérgica y me afectó tanto, aun después de pasada [la bombardeada], como no va afectar a toda la gente que fue sometida a ese salvajismo” de tirarles gases directamente.
Ha sido denunciado que unas 17 personas fueron recluidas en un aula del quinto o cuarto piso de uno de los edificios y los agentes abrían la puerta, les tiraban bombas lacrimógenas y volvían a cerrarla.
Cruz Roja habría sido avisada, aseguran que llegó 10 minutos a media hora antes de intensificarse la represión.
El viernes, “previo, empezaron a llegar ambulancias, una media hora antes de la represión”. Las denuncias coinciden en que entre 10 minutos a media hora las ambulancias habían llegado a la UPN, lo que significa que “fueron avisados; y ellos deberían haber avisado a la base magisterial, ponerlos en auto, cooperar y ser testigos. Ese es un delito internacional, hay que buscar y documentarlos”.
Recordó que la Cruz Roja, cuando asesinaron a Pedro Magdiel, fue objeto de denuncia pública, “varia gente denunció que una de sus ambulancias llevaba bombas lacrimógenas en El Paraíso, y ese es un delito internacional que debemos documentarlo”.
Cómo entender el asesinato de hermanos.
“Todos esas acciones despiadadas, crueles, de ablandamiento, para meter miedo, asesinar a los miembros del magisterio, y para sentarse a la mesa, por mucho que se sienten, el problema de violación de derechos humanos no va a escapar, porque la justicia es de aplicarse y si no se aplica hay que exhibir al gobierno”, enfatizó.
Autoridades universitarias deben denunciar invasión militar.
“Me llama la atención tanta indiferencia de las autoridades, por la represión policial. La Policía en el último ataque que ingresó a los pasillos, no tienen ninguna argumento para entrar a hacer un desalojo de las instalaciones físicas de la Universidad”, reflexionó.
Según Oliva, las fuerzas represoras cometieron “más que abuso”. Entraron en un centro universitario, ellos no pueden, está prohibido. No pueden alegar ninguna denuncia, para mí es un llamado a las autoridades de la Universidad”.
Toman registro fotográfico de los manifestantes.
En medio de la represión, los manifestantes fueron fotografiados. “no hay que tener miedo, nos asiste la razón del derecho, hay que denunciar y tratar de identificar quienes son”, orientó.
Acoso a los profesores en plantón por toma de Inprema.
El dirigente Will Paz del departamento de Colón, estuvo a cargo de la toma del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema), también denunció que en la noche pasan, de tres en tres, vehículos sin placa y con vidrios polarizados.
Y responsabilizó a los negociadores del Régimen, Arturo Corrales y Rafael Callejas, y al titular de la secretaría de Seguridad, Oscar Álvarez, por cualquier profesor, estudiante, padre, o miembro de la Resistencia, que le suceda algo.
