Durante meses hemos sido testigos de cómo los grandes medios de comunicación se han enfrascado en una campaña para hacer creer a la población en general, que peligra una de nuestras libertades fundamentales, la libertad de expresión. Asimismo se ha hecho creer que se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad con la finalidad de penalizar la crítica periodística.
Tan poderosa ha sido la campaña, que muchos funcionarios y personajes que "orientan" opinión con sus columnas o en espacios de radio y/o televisión, han caído en la ligereza de verter opinión, sin conocer el contenido de la demanda de inconstitucionalidad, siendo pocas las excepciones en las cuales algunos personajes han vertido opinión sensata y objetiva al respecto.
Hemos visto como se ha manipulado a funcionarios para que se pronuncien en relación a la libertad de expresión y la penalización de la crítica periodística, y así lo han hecho, sin comprender que han sido manipulados para verter criterios en defensa de la libertad de expresión y la despenalización de la critica periodística..., es sólo que eso no es lo que esta en discusión en la demanda presentada.
Se ha buscado con la campaña continua y desesperada, ejercer una de las presiones más fuertes de las que hayamos sido testigos, sobre los magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes han de resolver la demanda, con dos y hasta 4 páginas por día en los principales periódicos de circulación nacional, así como largas entrevistas en espacios de opinión de radio y televisión en donde se defiende la supuesta libertad de expresión y la despenalización de la crítica periodística.
La campaña busca, asimismo, restar credibilidad a la Sala de lo Constitucional y los magistrados que la integran, al haber predispuesto a la opinión publica con opiniones de funcionarios de todo nivel, desde juristas internacionales, gremiales empresariales como ANEP, ASI y FUSADES, pasando por el mismo Presidente de la República, representantes de AIR, ASDER, SIP y, así como las declaraciones del máximo jerarca de la Iglesia Católica, analistas y políticos, quienes con sus opiniones han generado un ambiente de expectación y presión directa sobre una resolución que proteja la libertad de expresión y mantenga la despenalización de la crítica periodística..., es solo que eso no es lo que la demanda de inconstitucionalidad reclama.
Pero es el caso que la libertad de expresión que tanto profesan, es tan libre el acceso a los medios de comunicación que han hecho mas de 70 artículos referentes a ese tema y no han dado acceso en tan sólo uno, al demandante para explicar al pueblo salvadoreño los verdaderos alcances de su demanda de inconstitucionalidad, los cuales no tienen si no otro fin, que el de proteger a los ciudadanos salvadoreños de los constantes abusos que los dueños de los medios de comunicación cometen amparados en la supuesta libertad de expresión.
- La demanda reclama la igualdad de todos frente a la Ley, según lo establece la Constitución de la República en su artículo 3 y los periodistas y propietarios de medios NO pueden estar sobre la Ley y estar exentos de responsabilidad por actos que estén fuera de la Ley.
- La demanda reclama el respeto al honor, la intimidad y la propia imagen que la misma Constitución tutela en el artículo 2.
A los periodistas que trabajan en los grandes medios, les afirmamos que sabemos que están conocedores de la masiva campaña de mentiras y falsedades desde los grandes medios de comunicación, pero entendemos que dependen de su fuente de trabajo, la cual perderían si no obedecen la línea editorial de los directores ó propietarios de los medios.
Así, los funcionarios y personajes que han vertido opinión siguiendo la desinformación que los medios han delineado para, supuestamente "proteger" la libertad de expresión y la despenalización de la crítica periodística, solo han hecho gala de su ignorancia y desconocimiento de la demanda presentada.
Entre los funcionarios que han emitido opinión contraria a la verdad, esta el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, quien siendo abogado debió haber leído la demanda de inconstitucionalidad, antes de haberse prestado a la campaña de desinformación y de mentiras de los grandes medios de comunicación.
Esa es la verdad real, como se dice en derecho.
San Salvador, 11 de Agosto de 2010
Servipronto de El Salvador S.A.
Ernesto Carmona
