Las últimas y más severas sanciones lanzadas contra La Habana tienen como objetivo paralizar cualquier intento de soberanía económica y afectar la vida cotidiana de las familias cubanas.
Cuba se encuentra nuevamente bajo el fuego cruzado de un imperialismo obsoleto. Si bien la agresión nunca ha cesado, lo que ocurre en este último tramo de 2026 roza la perversidad más extrema. La maquinaria de Washington ha vuelto a poner en marcha su estrategia de estrangulamiento. Las últimas y severas sanciones impuestas contra La Habana buscan paralizar cualquier intento de soberanía económica y el derecho a la autodeterminación, impactando directamente la vida cotidiana de las familias cubanas.
Esta inhumanidad no es un incidente aislado, sino la culminación de un bloqueo histórico —el bloqueo— que se ha prolongado durante casi siete décadas. Desde los primeros decretos punitivos, promulgados tras la victoria revolucionaria y consolidados en 1962, la estrategia de Washington ha seguido la lógica colonial del Memorándum Mallory: derrocar al gobierno de La Habana exasperando a la población mediante medidas destinadas a imponer privaciones materiales y generar hambre y desesperación. A lo largo de los años, leyes restrictivas como la Ley Helms-Burton han exacerbado el asedio, causando daños acumulados que ahora superan los 178 mil millones de dólares. Entre marzo de 2025 y febrero de 2026, las pérdidas superaron los 8 mil millones de dólares, un aumento del 7% con respecto al período anterior.
El histórico asedio se traduce ahora en una implacable persecución diaria contra sectores vitales. En el sector alimentario, la persecución financiera dificulta la compra habitual de productos de primera necesidad. En el sector servicios, la crisis del transporte se agrava por la imposibilidad de conseguir repuestos, paralizando así la movilidad interna. Además, las recientes medidas implementadas —en particular el bloqueo energético y de hidrocarburos impuesto desde enero de este año— equivalen a un verdadero bloqueo naval y a un acto de guerra no declarada.
El sector de la salud pública es, sin duda, uno de los más perjudicados. En los últimos 65 años, el daño causado por el bloqueo estadounidense en este sector ha superado los 4.200 millones de dólares (Minrex). Tan solo el año pasado, el impacto financiero directo fue de 268,5 millones de dólares. Para dar una idea de la magnitud de esta sanción, las autoridades cubanas destacan que las pérdidas totales ocasionadas por el bloqueo en tan solo 25 días serían suficientes para financiar la lista de medicamentos esenciales de todo un año (estimada en 339 millones de dólares). Asimismo, tan solo nueve días de bloqueo equivalen al presupuesto total necesario para importar insumos médicos desechables para todos los hospitales.
Debido a las leyes extraterritoriales de Estados Unidos, Cuba tiene prohibido o muy limitado el acceso a más del 50 % de los nuevos fármacos del mundo. Esto incluye medicamentos oncológicos pediátricos protegidos por patentes estadounidenses, fármacos para la demencia y terapias avanzadas como Nusinersen , un tratamiento vital para la atrofia muscular espinal. Recientemente, la multinacional farmacéutica suiza Novartis anunció su incapacidad para suministrar a la isla cabergolina , un principio activo esencial para evitar procedimientos neuroquirúrgicos complejos en pacientes con tumores hipofisarios (Minrex – Medicuba). El sistema de salud tampoco puede adquirir equipos de vanguardia como el robot Da Vinci Xi para cirugía mínimamente invasiva, ni obtener repuestos para tomógrafos computarizados o equipos de diagnóstico oncológico de alta gama como PET-CT (Medicuba – Minsap).
A esto se suma la crisis del combustible de 2026, agravada por la búsqueda de buques cisterna, que ha paralizado drásticamente los quirófanos. La escasez de suministros mecánicos y la falla de los sistemas de aire acondicionado en las unidades de cuidados intensivos han generado una lista de espera de más de 100 000 personas para ser operadas, incluyendo a más de 11 000 niños. Mientras tanto, el programa de inmunización cubano —que incluye tanto las vacunas pediátricas tradicionales como las contra la COVID-19— enfrenta amenazas constantes: los apagones y la congelación de los canales bancarios están paralizando las plantas biotecnológicas locales, privadas de materias primas y reactivos esenciales.
La crisis energética e hídrica está afectando gravemente a los departamentos de nefrología, lo que obliga a reutilizar los dializadores para pacientes de hemodiálisis. Ante la paralización del transporte, el Estado se ve forzado a hospitalizar a pacientes con enfermedades crónicas que viven lejos de centros especializados de cuidados a largo plazo, una medida logística que, lamentablemente, expone a los pacientes inmunocomprometidos al riesgo de contraer infecciones nosocomiales peligrosas (Minsap).
La ofensiva actual también ha alcanzado niveles sin precedentes en los sectores financiero y de transporte marítimo comercial, debido al impacto directo de las directrices implementadas entre 2025 y 2026. Con la entrada en vigor de las últimas restricciones en septiembre, los bancos bajo jurisdicción estadounidense tienen estrictamente prohibido procesar transacciones triangulares (las llamadas transacciones U-Turn ), se están cancelando los permisos para viajes científicos o conferencias, y se está persiguiendo agresivamente el suministro de combustible destinado a la isla.
El cinismo de Washington queda así al descubierto: mientras sus portavoces repiten el viejo discurso de querer "ayudar al desarrollo del sector privado", las regulaciones actuales impiden que los bancos estadounidenses abran o mantengan cuentas incluso para empresarios cubanos independientes. Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) se ven asfixiadas antes incluso de poder consolidarse, mientras miles de contenedores cargados de alimentos y medicinas permanecen varados en puertos internacionales bajo la amenaza de represalias legales.
En el ámbito diplomático, la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas se ha convertido una vez más en un escenario de abierta hostilidad. Desde esa plataforma, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó un duro ataque contra la mayor de las Antillas, calificándola de "estado fallido" y alardeando del control férreo que pretende ejercer sobre su economía. Esta retórica no solo ignora la condena global casi unánime del bloqueo, sino que también eleva la violencia económica y militar —como en el caso de la invasión de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores, líder de la Primera Combatiente— a la categoría de instrumento legítimo de presión política.
A este coro de hostilidad se suma la arrogancia del secretario de Estado Marco Rubio, quien no dudó en lanzar amenazas abiertas, declarando triunfalmente que "Cuba ya cayó". La respuesta del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla desmintió la narrativa de Rubio, demostrando que el secretario es el máximo exponente de una política agresiva, obsoleta y aislada, carente de verdad y sostenida únicamente por el chantaje, la fuerza y la intimidación sistemática. Según el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Americana de Washington, Estados Unidos invierte entre 60 y 70 millones de dólares anuales en operaciones psicológicas y de información contra Cuba, principalmente a través de las redes sociales, para fomentar el descontento y provocar un levantamiento popular que derroque al gobierno.
Esta situación vuelve a poner de manifiesto las limitaciones estructurales y las contradicciones internas de las Naciones Unidas. El organismo internacional opera en una clara asimetría: si bien proporciona una plataforma institucional para la retórica unilateral de la derecha internacional, demuestra simultáneamente una incapacidad crónica para hacer cumplir sus propias resoluciones. Esta parálisis institucional es ahora sistémica. Durante 33 años, las naciones han votado casi unánimemente a favor de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense contra Cuba, pero la ONU carece de los mecanismos de sanciones o de la fuerza política (o la voluntad) necesaria para obligar a Washington a cumplir con el derecho internacional.
Ante el endurecimiento de las sanciones, varios gobiernos de la región han fortalecido sus redes de cooperación con La Habana. México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, ha continuado enviando ayuda humanitaria, alimentos y asistencia técnica, además de buscar soluciones para el suministro de combustible. En el continente, Nicaragua y Brasil también han reafirmado su apoyo a La Habana en foros internacionales. En este contexto, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas del 25 de octubre entre el presidente en funciones, Luiz Inácio Lula da Silva, y el líder de extrema derecha Flávio Bolsonaro (quien ganó la primera vuelta con el 47% de los votos frente al 45% de Lula) reviste una importancia estratégica para el futuro de las relaciones bilaterales con la isla y para América Latina en su conjunto.
En el plano estratégico, potencias mundiales como Rusia y China brindaron ayuda a la mayor de las Antillas durante los meses más difíciles de 2026, a pesar de tener que lidiar con un bloqueo financiero que limitaba su alcance. Moscú intentó sortear las restricciones energéticas mediante el envío de crudo desde los Urales, mientras que Pekín priorizó la transición estructural acelerando la financiación para la instalación de sistemas fotovoltaicos y parques solares, combinando el apoyo político con la necesidad de reorganizar las relaciones comerciales en un contexto de grave asfixia económica.
En este contexto, la arquitectura financiera global muestra signos de cambio, y Cuba aspira a desempeñar un papel activo en el Sur global. Desde su ingreso oficial como "miembro asociado" del grupo BRICS, ratificado en septiembre de 2026 durante la cumbre de Nueva Delhi, la isla ve en esta plataforma una alternativa real a la hegemonía del dólar y a las limitaciones del sistema SWIFT.
El escudo económico de los BRICS ofrece la posibilidad de acceder a nuevas líneas de crédito —a través del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD)— y de promover el comercio en monedas locales. Esta plataforma, reafirmada en la Declaración de Nueva Delhi, se posiciona como el motor de un «orden multipolar basado en la cooperación no hegemónica, capaz de mitigar el impacto estructural de las sanciones unilaterales», como el bloqueo estadounidense. En este sentido, el resultado de las elecciones brasileñas será crucial. Un posible cambio de rumbo en Brasilia podría obstaculizar la agenda de desdolarización y los mecanismos de crédito alternativos promovidos por esta coalición intergubernamental.
A Cuba se suman cerca de 9.000 intelectuales, activistas y organizaciones de 58 países, que exigen el fin del bloqueo. Los firmantes del documento «No a la agresión militar contra Cuba. Manifiesto internacional contra el avance del fascismo en América Latina» denuncian casi siete décadas de sabotaje económico y comercial, así como las inhumanas medidas de estrangulamiento adoptadas este año, que presentan «las características de un genocidio».
A pesar de los obstáculos burocráticos y la presión ejercida desde Washington, Cuba resiste. Ante la presión externa, el gobierno cubano responde apelando a la cohesión interna y a la identidad y dignidad histórica de todo un pueblo. Mientras Estados Unidos persista en disfrazar el bloqueo anacrónico como legalidad institucional, la solidaridad de los pueblos y la consolidación de un orden internacional multipolar seguirán siendo un recurso fundamental para mitigar sus trágicos efectos.
https://pagineesteri.it/2026/10/07/america-latina/cuba-sempre-piu-intenso-lassedio-statunitense/
