La periodista Anabel Hernández sirvió como “testigo experto” en la corte de Arizona para que el departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos le otorgara asilo a José Ulises Bernabé García, quien en la noche de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, en Guerrero, se desempeñaba como juez de barandilla.
¿Por qué lo hizo?, se cuestiona el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su nuevo libro Pueblo.
José Ulises Bernabé García- Anabel Hernández
En el capítulo Opositores y Otras Voces, el exmandatario recuerda que Bernabé García, un testigo clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se fugó a Estados Unidos porque no quiso esclarecer si la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando ocurrió la desaparición de los jóvenes, entregó a los normalistas a policías municipales o a otros delincuentes, como sostienen otros implicados.
La actuación de Bernabé ha cobrado nueva relevancia con las investigaciones de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa, que descubrió que uno de los teléfonos celulares de los normalistas desaparecidos fue usado por una persona allegada a Bernabé García, días después de la desaparición de los jóvenes, según reveló el fiscal del caso Mauricio Pazarán.
México ha insistido en solicitar la extradición de Bernabé García al gobierno de Estados Unidos, pero hasta ahora la petición ha sido rechazada. El tema es de gran relevancia para el gobierno de la presidenta Sheinbaum al grado que la propia mandataria hizo la petición directamente al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el encuentro que sostuvieron hace un año en la Ciudad de México.
En su libro, López Obrador recuerda que los fiscales de Estados Unidos otorgaron el asilo al exjuez de Barandilla de Iguala sin ninguna prueba, con una resolución “en la simple pero perversa conjetura de que: resulta inverosímil que un departamento de policía municipal tenga la influencia política y los recursos necesarios para organizar un intrincado encubrimiento y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más plausible que el Gobierno federal mexicano y la policía federal fueran responsables de este horrible incidente”
“La pregunta lógica es ¿por qué la señora Anabel Hernández promovió la protección del juez de Iguala en el Departamento de Justicia de Estados Unidos? ¿Por interés propio? ¿A petición de la DEA o del mismo Departamento de Justicia?
Para sacarle toda la información al asilado y culpar al Ejército mexicano de la desaparición de los estudiantes?”, cuestiona el presidente López Obrador.
Recuerda que la periodista fue de las primeras en manejar como consigna en otro libro, La verdadera noche de Iguala (2016), que un famoso narcotraficante le había transmitido la información de que a los jóvenes los ejecutó el Ejército, siempre con el propósito del Gobierno de Estados Unidos “de mantener agarradas a las autoridades mexicanas y de ir socavando sus instituciones para contar con más elementos para intervenir y pisotear nuestros derechos soberanos como nación independiente”.
“En conclusión, una de dos: la señora Anabel Hernández tiene, como modus operandi, ganar dinero vendiendo libros calumniosos contra dirigentes progresistas con la editorial Grijalbo, y más si tienen asegurados a los lectores poco informados de sectores de la clase media, quienes convierten en bestellers los libros de Rafael Loret de Mola, Luis Pazos, los de la señora Luz Elena Chávez (El Rey del Cash) o los del famosísimo escritor Martín Moreno, quien quería quemar a todos los de Morena con leña verde en el Zócalo.
La otra posibilidad es que actúe por encargo de las agencias del Gobierno estadounidense con fines propagandísticos y políticos, sin descartar que pudieran ser las dos cosas”, asegura el dirigente y fundador de Morena.
EEUU, vulgares chantajistas y filibusteros
En otro capítulo, el de Política Exterior y Defensa de la Soberanía, el expresidente mexicano denuncia cómo Estados Unidos utiliza el problema del narcotráfico para controlar a gobiernos de países no alineados.
“Simulan enfrentar este grave problema mediante el uso de la fuerza, la propaganda y la amenaza de acusar de narcoterroristas a las autoridades extranjeras que no se someten al mandato de quienes actúan como vulgares chantajistas y filibusteros”, afirma el exjefe del ejecutivo.
"En cuanto a esa postura prepotente e injerencista, conviene enfatizar que, si en Estados Unidos, además de su decadencia moral, ha venido imperando una gran corrupción, cómo un gobernante honesto y no entreguista va a abrir de par en par las puertas de la República a funcionarios de ese país, por amenazantes o abusivas que sean las represalias”, se pregunta AMLO.
“Independientemente del nada superficial principio de soberanía, baste preguntarnos por qué entregar la custodia de nuestros ciudadanos a las autoridades del Departamento de Estado, del de Justicia o a las agencias de Estados Unidos cuando es evidente que no hay garantías de honestidad, apego a la verdad ni de un recto proceder”, añade.
“¿Con qué autoridad moral los gobernantes de nuestra vecina y poderosa nación buscan, de manera insistente, intervenir en asuntos de nuestro país, si ellos están atravesando un proceso de degradación progresivo y no pocos de sus servidores públicos carecen de honestidad y convicciones humanitarias, indispensables para vivir, soñar y ser felices en una sociedad mejor, con justicia y paz, sin corrupción ni violencia?”, afirma López Obrador, quien dejó el cargo el 30 de septiembre de 2024.
Johnson: un excitado y entrometido policía
En este sentido, el ex mandatario hace una dura crítica al embajador de Estados Unidos en México, el exagente de la CIA y Boina Verde Ronald Johnson. Cita el caso de la participación de dos agentes de la CIA en un operativo antidrogas en Chihuahua -del que no se informó al gobierno federal y aun bajo investigación de la Fiscalía General de la República- al que considera contrario a una relación de respeto a nuestra soberanía.
También recordó las declaraciones de Johnson en Sinaloa -días antes de que se solicitara la detención con fines de extradición del gobernador de ese estado Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza y de otros 8 funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa- en las que el diplomático norteamericano afirmó que el gobierno de Washington procedería de manera unilateral a presentar denuncias en tribunales de Estados Unidos contra presuntos lavadores de dinero o políticos corruptos mexicanos vinculados al narco.
“Este embajador que, repito, no es diplomático ni tampoco político, que más bien actúa como un excitado y entrometido policía, debería ser más ecuánime y menos prepotente, buscar parecerse más a Josephus Daniels y menos al siniestro Henry Lane Wilson”, afirma.
“En política exterior no se debe pontificar en territorio ajeno. Debe desaparecer esa mala costumbre de la política exterior de Estados Unidos de solo ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, pero no solo por la frase bíblica, sino también por el respeto al derecho ajeno, como diría el presidente Juárez, nuestro prócer republicano y laico.
Estoy seguro de que a dicho embajador ni a sus superiores les gustaría que nuestro gobierno o cualquier ciudadano mexicano presentara denuncias en nuestro país, con bombo y platillo, contra funcionarios norteamericanos de alto nivel que reciben dinero para sus campañas electorales de fabricantes de armas”, argumenta el expresidente.
La acusación contra Rocha: asunto político y electorero
López Obrador hace énfasis en que Estados Unidos no ha presentado hasta ahora pruebas contundentes en contra de Rocha Moya y los otros funcionarios de Sinaloa acusados por el departamento de Justicia de ese país.
“Nuestros vecinos han aplicado el modus operandi de casi siempre; el de uso de testigos protegidos, el manejo de publicidad, las filtraciones, calumnias, los guiones a modo que entregan sus abogados a los acusados, la fabricación de expedientes con pruebas hechizas, premio o castigo y muchos otros viejos trucos.
No hay duda de ese sucio proceder, ni que se trata de un asunto político o electorero para impresionar o seguir manipulando a los ciudadanos estadounidenses sobre que México es el causante de la drogadicción en Estados Unidos y que ellos, los de partido gobernante, están acabando con la migración de gente mala y de narcotraficantes que envenenan a sus jóvenes”, afirma.
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