“Los estadounidenses nunca serán juzgados por delitos inventados”. Con esa advertencia, el secretario de Estado, Marco Rubio, justificó las nuevas sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, y el abogado principal de litigios Abdoulaye Seye.
Las medidas congelan cualquier activo que ambos puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y les cierran el acceso al sistema financiero de Estados Unidos.
Ciudadanos y empresas estadounidenses también quedan impedidos de realizar determinadas transacciones con los sancionados.
Washington acusa a la Corte de atribuirse autoridad para investigar y procesar a ciudadanos de países que nunca aceptaron su jurisdicción. Estados Unidos e Israel no forman parte del Estatuto de Roma, el tratado que creó el tribunal.
Rubio afirmó que la Administración de Donald Trump no entregará la soberanía judicial estadounidense a una institución internacional que considera politizada y carente de rendición de cuentas.
La Corte Penal Internacional, por su parte, condenó las sanciones y aseguró que representan un ataque contra la independencia judicial y el derecho internacional.
El tribunal sostiene que puede intervenir en presuntos crímenes cometidos dentro del territorio de Estados miembros, incluso cuando los acusados pertenezcan a países que no reconocen su autoridad.
El nuevo choque está relacionado principalmente con investigaciones que involucran a funcionarios de Estados Unidos e Israel y con las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant.
El mensaje de Washington es categórico: ningún tribunal extranjero decidirá sobre ciudadanos estadounidenses sin el consentimiento de Estados Unidos.
La Corte responde que sancionar a sus funcionarios debilita la justicia internacional y perjudica a las víctimas de crímenes graves.
La disputa no es solamente jurídica. Es una confrontación directa sobre quién tiene la última palabra cuando la soberanía nacional y la justicia internacional entran en conflicto.
Departamento de Estado, Reuters
CPI rechaza las presiones
Como presidenta de la Corte Penal Internacional, Akane tiene principalmente funciones institucionales y de representación de la institución, mientras que Seye parece haber supervisado investigaciones sobre la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania o al suministro de armas a colonos, un área especialmente sensible para Washington.
EE.UU. no reconoce la jurisdicción de la corte para juzgar a sus ciudadanos al no haber firmado nunca el estatuto de Roma, y el Gobierno de Trump aplica la misma tesis para Israel y sus ciudadanos, al tampoco ser firmante.
En un comunicado, la CPI reaccionó considerando que esas sanciones "socavan el Estado de derecho". "Cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo", señaló el tribunal con sede en La Haya.
Además, la corte rechazó las presiones y aseguró que continuará desempeñando sus funciones "con independencia e imparcialidad" y de acuerdo con el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.
