Descendiente de un linaje de cuatrocientos años de explotación esclavista, la heredera del uribismo enfrentará en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo a Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y a Abelardo De La Espriella, abogado de narcotraficantes.
Paloma Valencia es la candidata de la ultraderecha colombiana ungida por el ex presidente Álvaro Uribe. En las consultas internas del 8 de marzo, el Centro Democrático la proclamó vencedora sobre el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo.
La candidata obtuvo una votación mayoritaria de 3.3 millones.
Desde entonces, la heredera del uribismo enfrentará en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo a Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y a Abelardo De La Espriella, abogado de narcotraficantes.
Valencia es la descendiente de un linaje de cuatrocientos años que hunde sus raíces en la explotación esclavista. En tiempos de la colonia su familia, como documentó Cuestión Pública, “basaba su riqueza y poder político en haciendas y minería” con mano de obra esclavizada.
El clan se instaló en Popayán desde el siglo XVII y amasó una increíble fortuna con el oro extraído por mano de obra esclavizada y negra en el Pacífico caucano.
Pero la violencia estructural de los Valencia no se detuvo con la abolición de la esclavitud en 1851.
En alianza con Estados Unidos, Guillermo León Valencia, abuelo de la candidata y presidente conservador entre 1962 y 1966, implementó el Plan Lazo. Se trató de una estrategia de contrainsurgencia con acciones cívico-militares, guerra psicológica y formación de grupos paramilitares.
Los resultados están documentados: ejecuciones extrajudiciales masivas y la transformación de un conflicto agrario en una guerra irregular que aún no termina.
Guillermo León también fue el artífice de la Operación Marquetalia: el bombardeo con napalm lanzado contra 50 familias organizadas en autodefensas campesinas.
Este capítulo atroz promovido por los lineamientos contrainsurgentes de EEUU, es considerado uno de los peores errores militares de Colombia.
Como respuesta, las autodefensas campesinas y reductos de la resistencia liberal formaron las FARC. Bajo esa misma órbita contrainsurgente, Guillermo León Valencia firmó el Decreto 3398 de 1965 que legalizó las organizaciones paramilitares.
El decreto estableció que “todos los colombianos están obligados a participar activamente en la defensa nacional” y autorizó al Ministerio de Defensa a armar a civiles. Bajo esa fachada legal, germinó el paramilitarismo que sigue desangrando al país.
Valencia es la descendiente de un linaje de cuatrocientos años que hunde sus raíces en la explotación esclavista.
En tiempos de la colonia su familia, como documentó Cuestión Pública, “basaba su riqueza y poder político en haciendas y minería” con mano de obra esclavizada
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El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) estableció que entre 1958 y 2019 se registraron al menos 4 mil 237 masacres.
Entre 1998 y 2002, en los años del Plan Colombia, ocurrió el mayor número de estos hechos con mil 620 masacres.
El paramilitarismo ha sido la herramienta de tercerización de funciones represivas con el respaldo de los Estados Unidos.
Lejos de combatir a las organizaciones armadas irregulares o al narcotráfico, las cifras de los organismos de DDHH muestran que el aparato paramilitar solo ha servido para concentrar los recursos nacionales y aleccionar a la sociedad civil.
El mismo presidente Valencia convocó en 1962 a los directores de los principales periódicos —El Tiempo, La República, El Siglo y El Espectador— al Capitolio para sellar lo que se conoció como el “Pacto del Olvido”.
El documento del archivo revela que los firmantes acordaron “evitar toda polémica sobre las responsabilidades que en la violencia hayan tenido los partidos políticos” y “calificar a los autores de la violencia simplemente como malhechores y asesinos sin asignarles ningún rótulo político”. Se trató de la censura elevada a política de Estado para blindar a los responsables.
La candidata y sus escándalos
El archivo histórico pesa, pero el presente de Paloma Valencia no es menos turbio. Cuestión Pública reveló que en 2015 vendió un inmueble a Luis Eduardo Sánchez Yánez, empresario venezolano y exsocio de Álvaro Pulido en el Fondo Global de Construcción.
El predio, comprado por 389 millones, se vendió por mil millones.
Su primo Nicolás Laserna ocupó ilegalmente durante años más de 6.000 hectáreas baldías en Vichada. La Agencia Nacional de Tierras recuperó el predio en mayo de 2026 para entregarlo a campesinos sin tierra.
La candidata defendió a su familiar públicamente pero la justicia falló en su contra porque la función de los terrenos baldíos no es comercial.
De acuerdo a la legislación colombiana, estos deben reparar a campesinos desposeídos de sus tierras. Nuevamente y de cara a su propia historia, el apellido Valencia es asociado al despojo de tierras como factor de control territorial en desmedro de los derechos civiles de los colombianos.
El paramilitarismo ha sido la herramienta de tercerización de funciones represivas con el respaldo de los EEUU.
Lejos de combatir a las organizaciones armadas irregulares o al narcotráfico, las cifras de los organismos de DDHH muestran que el aparato paramilitar solo ha servido para concentrar los recursos nacionales y aleccionar a la sociedad civil
En 2015, la senadora propuso un referendo para dividir el departamento del Cauca en dos: una parte para los mestizos y otra para los indígenas.
Valencia argumentó que había que separar el territorio para que quedara "uno para los indígenas, para que sigan con sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones, y uno con vocación de desarrollo donde podamos tener vías, se promueva la inversión y donde haya empleos dignos para los caucanos".
La frase reveló, sin disimulo, una concepción territorial que las organizaciones sociales denotaron como apartheid.
En 2018, Valencia desvió un debate sobre el escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht que implicaba al Grupo Aval y al fiscal uribista Néstor Humberto Martínez.
Su estrategia fue proyectar un video manipulado de Gustavo Petro recibiendo dinero en contexto electoral. Mintió al Congreso diciendo que el video “le había llegado en la mitad del debate”.
La Corte Suprema determinó que la grabación era de 2005, que el dinero era lícito pues se trataba de un préstamo de campaña del arquitecto Simón Vélez, y que Valencia escogió un fragmento a discreción para empañar la imagen del entonces congresista Petro.
Las fuentes del Centro Democrático consultadas por La Silla Vacía confirmaron que el video fue entregado por el propio fiscal Martínez.
Como se documentó recientemente en Diario Red América Latina, el 21 de abril en una sesión del Congreso, la candidata Valencia aseguró que la defensora del pueblo, Iris Medina, había hecho investigaciones que mostraban, sin lugar a dudas, que el Pacto Histórico “está haciendo uso de presiones armadas para lograr la elección de Cepeda”.
El archivo histórico pesa, pero el presente de Paloma Valencia no es menos turbio. Cuestión Pública reveló que en 2015 vendió un inmueble a Luis Eduardo Sánchez Yánez, empresario venezolano y exsocio de Álvaro Pulido en el Fondo Global de Construcción. El predio, comprado por 389 millones, se vendió por mil millones
Al respecto, la defensora informó :“la defensoría del pueblo no ha publicado ningún informe o comunicado que dé cuenta de una supuesta coacción de grupos armados en contra de los electores y en favor del candidato Iván Cepeda y tampoco tienen ninguna información que permita sostenerlo.
Pido respeto por la Defensoría del Pueblo.
Todas las comunicaciones e informes que hemos expedido alrededor del proceso electoral en Colombia están orientados a velar por la democracia, la calidad del debate, la eliminación de la violencia política, eliminar también la desinformación y la estigmatización.
Las actuaciones de la senadora van en contravía de esos principios”.
Ante la notificación de la Defensoría, el candidato Cepeda preguntó a los medios de comunicación por qué a esa declaración tan importante no se le había dado la suficiente relevancia.
Y sentenció que Valencia era una "mentirosa", pues “utiliza esta clase de campañas para producir efectos en la juventud”.
Plan Colombia 2.0: La entrega del territorio
Paloma Valencia propone revivir el Plan Colombia con ayuda estadounidense.
Con todo, los datos del balance oficial del plan original son elocuentes: según la agencia de cooperación Europa-EEUU, entre 2000 y 2015, Estados Unidos suministró 9.940 millones de dólares, el 71% en asistencia militar.
Como resultado, se registraron 6,4 millones de víctimas directas, más de 7.837 ejecuciones extrajudiciales —los llamados “falsos positivos”—, 4 millones de desplazados forzados, 1.151 sindicalistas asesinados y un número incontable de mujeres víctimas de violencia sexual.
Lejos de traer paz, el Plan Colombia intensificó la guerra e internacionalizó sus agentes a través de las empresas privadas estadounidenses.
Así apareció a gran escala el fenómeno del mercenarismo.
La reedición del Plan Colombia no es una política de seguridad. Se trata de la entrega de la soberanía territorial a Washington a cambio de mantener un modelo económico que solo beneficia a las élites terratenientes.
Paloma Valencia es la continuación de un proyecto familiar que acumuló riqueza con esclavitud, legalizó el paramilitarismo, pactó el olvido para los victimarios y hoy defiende baldíos ocupados ilegalmente por sus parientes
Paloma Valencia ha mantenido una postura negacionista frente a los crímenes conocidos como "falsos positivos".
Aunque admite que ocurrieron, los califica como "un efecto terrible pero no intencionado de una política que buscaba premiar la efectividad de las fuerzas armadas".
Respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la candidata la considera un tribunal parcializado contra la fuerza pública.
Ha intentado desmantelarla desde el Congreso, insistiendo en la creación de una sala especial para militares.
La posición de Valencia sobre estos temas responde a un proyecto histórico que ha instrumentalizado a las Fuerzas Armadas para proteger sus intereses patrimoniales, aun cuando los costos sobre la población civil sean masacres, despojo y genocidio.
El País que ofrece la heredera
Paloma Valencia es la continuación de un proyecto familiar que acumuló riqueza con esclavitud, legalizó el paramilitarismo, pactó el olvido para los victimarios y hoy defiende baldíos ocupados ilegalmente por sus parientes.
Su propuesta de seguridad reedita una estrategia que dejó millones de víctimas.
Su pasado inmediato está marcado por la manipulación de información, los negocios opacos y la defensa de intereses familiares por encima del interés público.
Es la candidata de la misma mano que empuñó el látigo en las minas del Cauca, que firmó los decretos que armaron a civiles para la guerra sucia y que hoy promete, desde el balcón de la Casa de Nariño, repetir la historia que Colombia ya pagó con demasiada sangre.
https://www.diario-red.com/articulo/colombia/paloma-valencia-crimenes-familia-cuentas-pendientes/20260511221858069320.html
