
La bala que rozó la propiedad de la fiscal de Corte Mónica Ferrero no solo perforó el aire de una madrugada montevideana: atravesó, también, la ilusión de que Uruguay estaba a salvo. No lo está.
El atentado fue un mensaje, y como todo mensaje mafioso, no apunta solo a la víctima, sino al sistema que la rodea.
En ese contexto, las palabras del asesor presidencial Jorge Chediak “nos quedamos en el combate al lavado de activos” resuenan como una confesión tardía, casi melancólica.
Porque cuando el Estado reconoce que llegó tarde, es porque alguien ya llegó e hizo lo suyo; Y ese alguien no pide permiso: instala redes, compra voluntades, dispara… Y no podemos seguir aceptando eso, no podemos aceptar algo así en nuestra sociedad.
Que entienda quien quiera entender; acá hay un mensaje claro.
Estamos frente a una situación particular y decisiva que pone a todo el sistema en un estado de reflexión y trabajo; un suceso que actúa como punto de inflexión y nos hace preguntarnos a todos: ¿Para dónde queremos ir? ¿Cuál es el camino que queremos recorrer? ¿De qué forma lo queremos recorrer?
Hace dos años, en una nota de El Observador, el experto en lavado de activos, el Dr. Alejandro Montesdeoca, advertía sobre el fenómeno del narcotráfico en Uruguay y la ausencia de recursos para investigar. Fue claro y conciso, pero nadie lo escuchó.
En un momento particular de la entrevista, la periodista le preguntó directamente sobre Sebastian Marset y su incidencia en el país.
El experto no solo brindó un breve análisis sobre el fenómeno Marset, sino que hizo una afirmación explícita que hoy, con lo sucedido, resultó ser profética: “Estamos en una situación de mucha exposición a la delincuencia organizada transnacional y regional, y no somos conscientes de eso. En cualquier momento nos puede estallar una bomba”, una bomba que, dos años después, estalló de la peor manera atacando directamente a la institucionalidad de nuestro país.
Como decía el pensador, nada nuevo bajo el sol: la advertencia estaba hecha, los estudios estaban en conocimiento de todos, pero lamentablemente, nadie hizo nada.
Estamos en un país donde el sistema político parece conocerlo todo, donde lo que se dice, incluso con la intencionalidad de prevenir en bien de todos, no es bien recibido, parece que el anticiparse no es buena cosa para el sistema.
Estamos en tiempos donde primero debe existir un hecho -no importa la gravedad- para después dar un mensaje a la ciudadanía y actuar en consecuencia.
Al final, terminan pagando los que luchan todos los días, el ciudadano de a pie que tiene que salir a afrontar el mundo para vivir, el pueblo que siempre está de rehén por la ausencia de políticas focalizadas en este sentido, en fin.
El desamparo de quienes nos gobiernan es cruel y destruye cualquier país. Está en manos del gobierno decidir si avanzamos o retrocedemos, o si abrimos o cerramos la puerta al narcotráfico.
En definitiva, más que certezas, nos quedan dudas sobre el actuar del gobierno frente a esta problemática y sobre cómo piensa mitigarla.
Es ahora o nunca: o tomar acción y redoblar los esfuerzos para atacar la raíz del problema, o nos invitan a transitar por el peor camino que puede recorrer un país: aceptar y naturalizar la presencia del narcotráfico como un actor más.
Es ahora o nunca. Porque después, ya no habrá país que nos reconozca.