La protesta popular, indígena y campesina se desarrolla en todo el Ecuador, pero lejos de apostar a la negociación, la respuesta del gobierno de Daniel Noboa fue la militarización, la ocupación de zonas pobladas y el corte de la señal de internet en algunas comunidades.
Noboa expresó estar dispuesto a una arremetida contra lo que ha llamado “terrorismo», habilitando a las Fuerzas Armadas a formar parte de la represión contra las movilizaciones populares, junto a otras fuerzas de seguridad.
Efraín Fuerez, de 46 años, fue asesinado, el domingo 28 de septiembre, con tres disparos presumiblemente de armas de largo alcance, solo en poder de las Fuerzas Armadas, lo que se suma a las denuncias de torturas contra detenidos y detenciones ilegales.
El 28 de septiembre de 2025 fue la jornada más represiva en lo que va del paro nacional desde el 20 de septiembre, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) tras la eliminación del subsidio al diésel.
Durante el fin de semana hubo bloqueos en todas las carreteras de acceso a Otavalo y los militares reprimieron a los manifestantes con gases lacrimógenos, lo cual no impidió la protesta y la movilización en esa zona. Algo parecido ocurrió en otras provincias del Ecuador, incluso en los accesos a la capital Quito.
Este domingo 28, en Quito y Cuenca hubo manifestaciones de rechazo a la violencia militar, pidieron la sanción a los responsables del asesinato de Fuerez y la eliminación de todas las medidas del ajuste económico.
Repitiendo recetas
Apelando a los mismos argumentos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, en el 2019 y 2022 respectivamente, ahora Noboa se victimiza y dice ser el blanco de ataques de grupos terroristas y que él también resistirá.
Durante el quinto día del «paro inmediato e indefinido», el mandatario retó a los dirigentes de la CONAIE a que ganen la Presidencia o la Constituyente para imponer su modelo económico y recordó que en las pasadas elecciones el excandidato presidencial Leonidas Iza sacó menos del 3% en las urnas.
Descartó la posibilidad de negociar para resolver el conflicto, e informó que hay informes de inteligencia de que algunas personas que participan en el bloqueo de vías en Imbabura reciben dinero de grupos delincuenciales.
“Ahora vemos que muchos están conectados a la minería ilegal, con el crimen organizado. Hemos visto a miembros del Tren de Aragua, narcoterroristas que lanzan piedras a los policías«, expuso en entrevista a un medio de prensa.
Sin embargo, todas las personas detenidas (alrededor de 100 en todo el país) y señaladas como supuestos integrantes de grupos delincuenciales no han sido procesadas y se trata de trabajadores, campesinos y comerciantes que salieron a protestar pacíficamente.
«Sobornando» la protesta
Con bonos, compensaciones, créditos y todo tipo de ofrecimientos, Noboa intenta desmovilizar a las organizaciones sociales y los ciudadanos. El argumento oficial es que con la eliminación del subsidio al diésel, el Gobierno ahorrará USD 1.100 millones anuales.
Tras el anuncio de la eliminación del subsidio, el Gobierno ofreció compensaciones para los transportistas de pasajeros y carga, con pagos que oscilan entre USD 400 y USD 1.800 por un período de cuatro meses. Para esto se destinaron USD 220 millones. Además, creó el Bono Agrícola Raíces, un pago único de USD 1.000 para pequeños agricultores, con un presupuesto de USD 100 millones.
Sin embargo las organizaciones movilizadas están lejos de aceptar «el canje» y ya les ha costado un muerto en las calles, presos y torturados. La relatora de las Naciones Unidas para la Libertad de Asociación, Gina Romero, se pronunció este domingo después de que se conociera la muerte de Efraín Fuerez.
“Protestar es un derecho, no puede costar la vida”, escribió en su cuenta de X. Y de la misma manera se pronunciaron diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, artistas, cineastas, académicos y un sinnúmero de dirigentes sociales de la sierra ecuatoriana.
El combustible del FMI
El Fondo Monetario Internacional (FMI) se pronunció este jueves 3 de octubre del 2025 sobre la decisión del Gobierno de Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel, y destacó que el Ejecutivo ecuatoriano busca que los subsidios a los combustibles estén mejor focalizados.
Según el FMI, la experiencia internacional muestra que los subsidios a los combustibles suelen beneficiar de manera desproporcionada a los sectores de mayores ingresos y, además, pueden generar riesgos de contrabando y corrupción.
No obstante, el FMI expresó su preocupación por las consecuencias sociales de la reforma, que ya han dejado una persona fallecida en las protestas. La institución llamó a un diálogo constructivo entre el Gobierno y los sectores movilizados como vía para restaurar la calma y alcanzar una solución definitiva.
}El fundador de la empresa de mercenarios Blackwater participa en un operativo en Guayaquil. Foto: EFE
La sombra de Erik Prince
En la apuesta a militarizar el proceso por parte de Noboa, utilizando de excusa el combate a algunas de las bandas criminales como los Chones y Los Lobos, (integradas a la lista de organizaciones terroristas por EEUU), se percibe el asesoramiento de Erik Prince.
El 18 de julio del 2025 Erik Prince, ahora fundador de la empresa de seguridad Academi, volvió a Ecuador por tercera vez en el año, donde el Gobierno de Noboa lo contrató para realizar formaciones y capacitaciones a fuerzas de seguridad, confirmado por el ministro Interior, John Reimberg. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los términos del contrato y cuánto le costarán al país las capacitaciones.
«Son militares, yo los vi»
Un nuevo informe de Amnistía Internacional revela cómo la militarización de la seguridad pública en Ecuador ha facilitado la comisión de desapariciones forzadas a manos de las Fuerzas Armadas, dejando a familias enteras en la incertidumbre y poniendo en evidencia el fracaso de las políticas de seguridad implementadas por el presidente Daniel Noboa bajo el denominado “Plan Fénix”.
«Las desapariciones forzadas se multiplican en Ecuador mientras el gobierno insiste en una estrategia militarizada que no solo no ha reducido los delitos, sino que ha aumentado las violaciones de derechos humanos», señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
«El presidente Noboa debe revertir urgentemente este enfoque y garantizar que las Fuerzas Armadas colaboren plenamente con las investigaciones”, sugiere en el mismo informe.
La investigación expone cómo el gobierno de Daniel Noboa ha recurrido de manera sistemática a estados de excepción y a la declaración de un supuesto “conflicto armado interno” para justificar la expansión del rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
«Lejos de brindar seguridad, esta estrategia ha abierto la puerta a violaciones graves de derechos humanos y ha colocado a las personas en el país en mayor riesgo», concluye el informe del organismo.
Los artistas también fueron reprimidos durante las movilizaciones. Foto: teleSUR
Fuerzas Armadas obstruyen investigaciones
El informe denuncia que la Fiscalía General ha enfrentado graves obstáculos para investigar. Las Fuerzas Armadas se han negado a entregar información, alegando “secreto” o “información reservada”.
En paralelo, el informe da cuenta de omisiones graves de la propia Fiscalía: retrasos en diligencias clave, falta de preservación de pruebas y apertura de investigaciones bajo figuras jurídicas distintas a la desaparición forzada, lo que ha dilatado el acceso a la verdad y justicia de las víctimas.
“Cada día que pasa sin que se esclarezcan estos crímenes es un suplicio para las familias que buscan a sus seres queridos. La verdad no puede seguir oculta detrás de excusas militares o de la indiferencia institucional. Las autoridades deben recordar que estamos hablando de niños y jóvenes cuyas vidas fueron truncadas, y de familias que merecen respuestas inmediatas y justicia real”. añadió Ana Piquer.
La represión en las calles encontró la resistencia popular. Foto: teleSUR
Crímenes que trascienden fronteras
El impacto de esta política militarizada no ha pasado desapercibido a nivel internacional. En 2024, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió 22 acciones urgentes relacionadas con Ecuador en casos ocurridos solo entre enero y diciembre. Por su parte, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil registró 33 desapariciones en el mismo año.
Además, familiares de personas desaparecidas se han organizado en el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Ecuador, conformado en 2024 ante la creciente recurrencia de casos y la falta de respuestas estatales.
Ofrenda ante el asesinato por parte de las fuerzas policiales de un manifestante. Foto: teleSURMilitarización: una estrategia fallida
La investigación expone cómo el gobierno de Daniel Noboa ha recurrido de manera sistemática a estados de excepción y a la declaración de un supuesto “conflicto armado interno” para justificar la expansión del rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
«Lejos de brindar seguridad, esta estrategia ha abierto la puerta a violaciones graves de derechos humanos y ha colocado a las personas en el país en mayor riesgo», concluye el informe.
https://www.telesurtv.net/noboa-y-el-camino-sin-salida-de-la-militarizacion-de-ecuador/
