El presidente ecuatoriano busca eliminar el artículo constitucional que prohíbe bases extranjeras, pese al rechazo social y ambiental.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, incluyó en la consulta popular del 16 de noviembre una pregunta para que la ciudadanía apruebe la instalación de una base militar estadounidense en las islas Galápagos, bajo el argumento de combatir la pesca ilegal y el narcotráfico.
La iniciativa revive la experiencia de la base estadounidense en Manta (1999-2009), operada bajo el mismo pretexto, pero cuyos resultados fueron cuestionados por su falta de efectividad y por denuncias de violaciones de soberanía y derechos humanos.
Riesgos para el ecosistema y la soberanía nacional
Las islas Galápagos, declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978, constituyen una de las regiones ecológicamente más frágiles del planeta.
De acuerdo con los expertos, una base militar podría incrementar la contaminación marina, alterar el ecosistema y restringir el acceso de los propios ecuatorianos, quienes necesitarían permisos especiales para ingresar a zonas bajo control militar extranjero.
El constitucionalista Ramiro Ávila, en su obra La mirada imperial puesta en las Galápagos, pregunta ¿Patrimonio de la Humanidad o del Ejército norteamericano?
Ávila alerta de la instalación de la base y la violación del artículo 5 de la Constitución, el cual establece: «Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones con propósitos militares».
Antecedentes históricos de presencia estadounidense
La presencia militar de EE. UU. en las Galápagos se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1942 firmaron acuerdos secretos para permitir el despliegue de tropas estadounidenses en Salinas y Baltra, los mismos puntos mencionados hoy por Noboa.
Ya en 1929, el entonces presidente del Banco Central, Neptalí Bonifaz, propuso vender las islas a Washington para cancelar la deuda externa, idea rechazada por el Congreso pero marcó el inicio de una agenda geopolítica de largo aliento.
Durante el gobierno de Guillermo Lasso, Washington logró reinstalar la cooperación militar y acceso logístico, considerado por analistas como el inicio del retorno estadounidense al espacio estratégico ecuatoriano.
Nueva estrategia regional de Estados Unidos
Noboa expresó su alineamiento con la política exterior de Estados Unidos y de Donald Trump, y justificó la presencia de la OTAN en Europa como ejemplo para el Ecuador.
En paralelo, Washington avanza en la región con la construcción de un puerto espacial en Talara, Perú, el cual reforzaría su control militar sobre el Pacífico Sur y su posición estratégica frente a China.
El sociólogo Luis Córdova Galarza, en su investigación Nuevos enclaves militares en Perú y Ecuador, advierte de la presencia estadounidense, la cual busca convertir a ambos países en plataformas de seguridad y control marítimo, vinculadas a la disputa global por influencia entre potencias.
Resistencia social y ambiental
Movimientos indígenas, ambientalistas, juveniles y de derechos humanos rechazaron el proyecto, denunciaron su impacto ecológico, el riesgo de involucrar al Ecuador en conflictos internacionales y la violación del principio de soberanía nacional.
Tambiñen condenaron la decisión del gobierno de desplegar una campaña publicitaria millonaria en redes y medios nacionales para promover la base militar como una “ventaja estratégica” para el país, mientras oculta sus implicaciones constitucionales y ambientales.
Después de un mes de paro indígena y popular, el gobierno de Noboa busca reposicionarse políticamente con la consulta popular y un discurso de “seguridad nacional”, mientras la presencia militar estadounidense crece en América Latina.
https://www.resumenlatinoamericano.org/2025/10/29/ecuador-noboa-busca-autorizar-base-militar-de-ee-uu-en-las-islas-galapagos/
