Ante un delincuente condenado, usualmente se forman dos bandos: quienes piden justicia de castigo severo, cárcel intramuros y ojalá tratos crueles y tortura y quienes piden rehabilitación.
Paradójicamente, las personas que reclaman cárcel y sufrimiento cambian de parecer cuando el encartado es uno de los suyos. Así, el encierro los tratos humillantes o degradantes se convierten en un arma política.
Las personas privadas de la libertad por su participación en el estallido social ocurrido durante el gobierno de Iván Duque, igual quienes hoy están encarcelados en El Salvador, permiten ver que el encierro es más una herramienta política que una sanción penal.
En El Salvador, el presidente Bukele que controla todas las ramas del poder, cambia la constitución, comete un fraude y podrá reelegirse indefinidamente.
Ordenó una represión masiva, inhumana, violatoria de mínimo común de derechos. En esas circunstancias, priva de la libertad a varios miles de personas a las que mantiene sin luz del día, sin colchones, en un espacio vital de 60 cm, sin visitas, incomunicados, encadenados, rapados, sometidos a tortura y falta absoluta del debido proceso.
Esas prácticas deleitan a la ultraderecha colombiana, que manifiesta su total respaldo, aplaude, aboga y pide a gritos que así se trate a “todo delincuente”. Quieren que las cárceles sean campos de concentración.
El alcalde de Bucaramanga, por ejemplo, se auto postula como el Bukele local, mientras el eterno candidato de apellido Arizabaleta propone la construcción de una mega cárcel en Cali y el ex ministro y también candidato en todas las elecciones, Diego Molano, propone otra en Bogotá, y la senadora María F. Cabal está de acuerdo con todos los anteriores.
En cambio, los jóvenes que protestaron durante el estallido social en Colombia y están presos, aunque no están encadenados, permanecen en cárceles cuyas condiciones han sido denominadas inconstitucionales por la propia Corte Constitucional. Son víctimas de una justicia que, en lugar de proteger, aplica castigos prolongados, que, en vez de promover reparaciones, insta a la venganza.
La ultraderecha de acá admira y ve en Bukele un modelo autoritario efectivo para reducir la criminalidad, pero, como dije antes, cuando es uno de los suyos quien resulta condenado, de inmediato descalifican y agreden la actuación de la justicia, denuncian que ésta ha sido tomada por comunistas y bandidos; contra toda evidencia y sin discutir jurídicamente la sentencia, proclaman la “inocencia” del copartidario delincuente.
Acuden al fervor y al favor de los medios de comunicación, a ese periodismo de mucha plata y poca monta y, desde allí, extienden una narrativa de odio. Amenazan, injurian, desinforman, presionan.
Cuando la responsabilidad es ineludible, piden que el bandido, SU bandido, solo puede recibir como sanción la casa por cárcel.
Es decir, ese delincuente pagará su pena privativa de la libertad rodeado por los medios de comunicación que amplificarán cada palabra suya, estará en la hacienda respectiva con todas las comodidades y privilegios y la justicia -que deberá monitorearlo- será una invitada que podrá llegar o no, según la decisión del preso.
Así ha ocurrido con figuras como Pablo Escobar, excongresista y narco que construyó su bunker cárcel y personajes de la élite política o del tejido corrupción que han experimentado ese trato.
Son casos como el de Otto Bula, del escándalo de Odebrecht, condenado por corrupción y enriquecimiento ilícito o Lucas Gnecco, exgobernador del Cesar, condenado por corrupción y paramilitarismo, “castigado” a vivir en sus lujosas residencias en Valledupar y el Rodadero.
Aún más especial y comparable solo con otros cinco presos en el mundo (Michael Lynch, Bernie Madoff , David H. Brooks, Sean “Diddy” Combs en EE UU, y Familia Bongo de Gabon en Londres) es el trato que recibe, una vez condenado a 12 años de prisión por la comisión delitos comunes, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Se le permitió escoger su lugar de privación de libertad y se decantó por su finca en Llano grande, Rionegro, Antioquia.
Queda junto al Aeropuerto Internacional José María Córdoba, conectada con Medellín y, según la prensa, es una residencia rural de alto lujo, de clima templado, caballerizas, lago artificial, extensos jardines, espacios recreativos naturales y tecnológicamente adaptados, alta autonomía funcional que permite actividades políticas, académicas o sociales y seguridad personalizada que incluye guardias, vehículos blindados, control estricto de acceso y, en general, unas condiciones fuera del alcance de quienes protestan contra la desigualdad y la violencia.
P.D. Admirar a Bukele o levantar las banderas del sionismo genocida contra el pueblo palestino no es delito, pero, en todo caso, es infamia, es crueldad…. ¡rechazo total al genocida es otra opción!
https://elquinto.com.co/mansion-por-carcel-para-uno-campos-de-concentracion-para-los-demas/
