Las organizaciones de víctimas de la masacre de Senkata denunciaron este martes la existencia de un “manto de impunidad” luego de que el Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto decidiera anular los obrados en el proceso contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez y otros acusados por los hechos de noviembre de 2019.
La resolución ordena remitir el caso a la Fiscalía General del Estado para evaluar un posible juicio de responsabilidades, lo que generó un profundo rechazo de los familiares de las víctimas, quienes anunciaron que llevarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Gloria Quisbert, representante de las víctimas, calificó el fallo como “una firma con sangre” y denunció que la decisión judicial otorga privilegios a los responsables de la represión que dejó decenas de muertos en Senkata y Sacaba.
“Nos han dejado nuevamente con un dolor más. La justicia tiene que ser imparcial, quien tiene que pagar que pague, pero tiene que hacerse justicia. No vamos a cansarnos, vamos a buscar otras vías y hemos denunciado a la CIDH lo que nos han hecho el día de ayer”, declaró.
El activista por los derechos humanos y representante de las víctimas, David Inca, señaló que la audiencia de anulación fue un acto de revictimización: “Los victimarios argumentaron ser víctimas y a las víctimas se las dejó en indefensión.
La impunidad ganó con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia”. Según Inca, esta decisión se suma a la reciente anulación del juicio a Leopoldo Fernández por el caso Porvenir y obedece a intereses políticos que podrían liberar a Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.
La indignación también alcanzó a las asociaciones de presos y perseguidos políticos del régimen de Áñez, quienes denunciaron haber sido encarcelados y torturados sin pruebas durante los conflictos de 2019. “Fuimos detenidos solo por defender símbolos indígenas como la whipala. Hoy la justicia protege a los responsables”, señaló un afectado.
La medida adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia, a través del instructivo 18/25, ha puesto en alerta tanto a las víctimas como a más de 33.000 privados de libertad en el país, quienes exigen trato igualitario si se abre paso a lo que llaman un “juicio de privilegios”.
En un pronunciamiento público, delegados de las principales cárceles de Bolivia advirtieron que tomarán medidas de presión si se mantiene la decisión que favorece solo a tres figuras políticas.
La CIDH y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya habían confirmado en 2021 que los hechos de Senkata y Sacaba constituyeron una masacre y exigieron sanciones para los responsables.
Sin embargo, la reciente decisión judicial reaviva el temor de impunidad y abre la posibilidad de que Áñez y otros acusados pasen a un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa, prolongando aún más la justicia que reclaman las familias de las víctimas.
Se preveía para este martes una audiencia clave para definir si la expresidenta será apartada del juicio ordinario, con la presencia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos como observador. Sin embargo, la convocatoria ha sido pospuesta.
Las víctimas reiteraron su compromiso de acudir a instancias internacionales si la justicia boliviana persiste en lo que consideran un retroceso en la lucha contra la impunidad.
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