***Un informe reciente de Yaakov Garb, de la Universidad Ben-Gurión, presenta un análisis basado en datos de los nuevos complejos de "distribución de ayuda" en Gaza.
Mediante un meticuloso mapeo espacial, el informe argumenta que estas instalaciones no representan el avance humanitario que se afirma, sino instrumentos de una estrategia militar que desafían el derecho internacional.
Si bien las violaciones legales son flagrantes, un análisis más profundo de las cifras de población citadas en el informe revela una historia de horror demográfico que, hasta ahora, ha permanecido sepultada bajo los escombros: una brecha poblacional de casi 400.000 personas.Consulte el informe completo: Los complejos de “distribución de ayuda” israelíes, estadounidenses y de GHF en Gaza: conjunto de datos y análisis inicial de la ubicación, el contexto y la estructura interna
Estos dos temas —la perversión de la ayuda y la aniquilación de una población— están inextricablemente vinculados.
No presentan una imagen de una operación de socorro, sino de una estrategia que promueve objetivos militares mientras crea una fachada de humanitarismo para apaciguar a los observadores internacionales.
Parte I: La arquitectura del control, no de la compasión
El Derecho Internacional Humanitario no es un conjunto de sugerencias educadas, sino un conjunto de obligaciones vinculantes.
Como potencia ocupante, Israel tiene el deber, en virtud de la IV Convención de Ginebra, de garantizar y facilitar el suministro de alimentos y suministros médicos a la población civil. El sistema descrito en el informe Garb es una burla a este deber.
En lugar de facilitar la labor de agencias humanitarias experimentadas y neutrales, Israel las ha paralizado en favor de una alternativa securitizada. Este nuevo modelo presenta varias violaciones graves:Rechazo de la neutralidad:
La ayuda se distribuye desde complejos fortificados operados por empresas de seguridad privadas estadounidenses, integradas por veteranos de guerra, bajo la protección del ejército israelí.
Este acuerdo anula los principios humanitarios fundamentales de neutralidad e independencia, esenciales para garantizar que la ayuda no se utilice como arma de guerra.
El peligro para los civiles: Los complejos se encuentran dentro de las "zonas de contención" declaradas por Israel, donde la entrada de civiles está formalmente prohibida y expuesta a ataques.
En una cruel paradoja, los palestinos deben arriesgar sus vidas entrando en una zona militar prohibida para recibir ayuda vital.
Un plan para la violencia: El diseño interno de estos complejos es una obra maestra de control de multitudes militar, no de atención a la población civil.
El informe identifica una disposición de "embudo letal": una única vía de entrada y salida sin cobertura, diseñada para maximizar la vigilancia y el control de los guardias armados.
Esta disposición, sin sombra, agua ni sanitarios, está documentada para incitar al pánico y crear el caos que puede justificar una respuesta violenta.
Este no es un sistema diseñado para ayudar; es un sistema diseñado para controlar y, si es necesario, para causar daño.
Todo este sistema se describe como la contradicción de los principios bien aceptados y probados de la distribución de alimentos. Es una farsa legal y moral que utiliza el espectro de la ayuda para promover objetivos tácticos.
Parte II: La cifra no mencionada: los 377.000 desaparecidos de Gaza
Por muy condenatorio que sea el análisis legal, los datos de población contenidos en los mapas del informe apuntan a una catástrofe mucho mayor.
Antes del conflicto, la población de la Franja de Gaza era de aproximadamente 2,227 millones. El informe Garb incluye mapas que muestran las estimaciones de las FDI sobre la población restante en los tres enclaves principales.
Los números son los siguientes:Ciudad de Gaza: 1 millón
Mawasi: 0,5 millones
Central: 0,35 millones
Un cálculo simple revela una brecha aterradora: 2,227 millones menos 1,85 millones deja 377.000 personas desaparecidas.
Esta cifra es más de seis veces superior a las cifras de víctimas que suelen mencionarse en los medios de comunicación.
Si bien algunas de estas personas podrían estar desplazadas en los paisajes de escombros fuera de los enclaves principales, la magnitud de esta discrepancia, derivada de las propias evaluaciones de población de la potencia ocupante, es alarmante. Sugiere una catástrofe demográfica —ya sea por víctimas directas, hambruna o enfermedades— que supera con creces lo que se ha hecho creer al mundo.
Los complejos de ayuda y la población desaparecida son dos caras de la misma moneda. Su ubicación y diseño los hacen inaccesibles para la mayoría de la población, en particular para el millón de habitantes de la ciudad de Gaza que se encuentran aislados por el corredor de Netzarim.
El sistema no está diseñado para alimentar a los 1,85 millones de personas que se pueden contar, y mucho menos para abordar el destino de las 377.000 que no pueden.
La comunidad internacional debe mirar más allá de la fachada de estos complejos de ayuda y afrontar la cruda realidad que representan. Debemos condenar un sistema que utiliza la promesa de alimentos para obligar a una población desesperada a atravesar cuellos de botella militarizados.
Pero, con mayor urgencia, debemos exigir una respuesta a la pregunta más apremiante que plantean estos datos:
¿Dónde están los 377.000 palestinos desaparecidos?
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