El pasado 12 de abril, la Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegó uno de los aviones de reconocimiento estratégico (el Boeing RC-135W “Rivet Joint”) sobre el espacio aéreo colombiano, para hacer seguimiento a los movimientos y despliegues de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana -FANB- de Venezuela.
Asimismo, la intención es conocer el orden de batalla electrónico de las FANB venezolanas y su disposición en terreno, tanto táctica como estratégica.
Los operadores estadounidenses analizaron todo el espectro electromagnético de la región, recopilando así información de radares, comunicaciones, sistema de defensa aérea, señales de celular, sistema de guerra electrónica y emisoras clandestinas.
Aunque los vuelos de estos aviones se han llevado a cabo desde hace más de dos años en Sur América (siempre con el fin de vigilar el Gobierno del presidente Nicolás Maduro), ésta es la primera vez que ingresan al espacio aéreo soberano de Colombia para ejecutar una misión de inteligencia contra otro país. Anteriormente, se limitaban a operar en el Mar Caribe sobre el espacio aéreo internacional.
Después de conocer las acciones irregulares y las posibles agresiones militares por parte de los Estados Unidos contra el Gobierno venezolano y la complicidad del Gobierno Nacional de Colombia para espiar y vigilar al mismo, así como la respuesta del país bolivariano a dichas ofensivas; es menester preguntarse por las consecuencias que dichas acciones acarrean en las comunidades y territorios.
Colombia Informa conversó con Sonia Rodríguez, pobladora de la zona rural de Arauquita para conversar sobre el tema.
—Colombia Informa: ¿Cómo se ha traducido en la vida cotidiana de las y los habitantes de la frontera estos despliegues militares?
—Sonia Rodríguez: Luego de enfrentamientos entre el Ejército venezolano y un grupo armado irregular, que generó temor y el desplazamiento de familias desde La Victoria (localidad venezolana en el estado de Apure) hacia el municipio fronterizo de Arauquita (en el Departamento de Arauca, Colombia); el Estado colombiano y algunos medios masivos de comunicación afines a los intereses del régimen y el imperio norteamericano tomaron ese hecho como excusa para avivar el plan intervencionista e injerencista contra el hermano país.
Se anunció el aumento del pie fuerza colombiano, con el pretexto de defender la soberanía y garantizar la seguridad y tranquilidad de los araucanos. Sin embargo, es sabido que la presencia de más militares en el territorio corresponde con la intención de asegurar los intereses económicos transnacionales en la región, la implementación de las Zonas Futuro y el control militar y social del territorio araucano.
—C.I.: ¿Qué repercusiones ha traído esto para los movimientos sociales de la región?
—S.R.: La alta militarización no es significado de seguridad ni tranquilidad para los habitantes. Al contrario, es un factor que arrecia las acciones en el marco del conflicto armado y con ello las infracciones a las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario -DIH- y de los Derechos Humanos.
—C.I.: ¿Cuál es o cuáles son los DDHH que más están en peligro? ¿Cómo ha sido el trabajo por parte de los colectivos para la garantía de los mismos?
—S.R.: Con la alta militarización hay mayor hostilidad y estigmatización en contra de la población civil. Mayores acciones que vinculan directa o indirectamente a la población civil, especialmente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el conflicto. Hay mayor riesgo de desplazamientos, pues los territorios quedan a expensas de las transnacionales que saquean y expolian los bienes de la naturaleza.
Además, de darse una agresión militar contra Venezuela utilizando como punta de lanza el territorio colombiano, nuestra permanencia en el territorio estaría en grave riesgo. Y con ello, la vida y la integridad de los pobladores así como nuestros programas y proyectos del Plan de Vida.
Nuestro trabajo como procesos organizativos ha sido el fortalecimiento de la organización social y mantener la movilización como mecanismo de exigibilidad de los demás derechos. Frente al caso puntual de una posible agresión al hermano país, se han estado fortaleciendo las acciones de articulación y solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela y el Poder Popular.
—C.I: ¿Cuál es la principal exigencia de los pueblos de esa región fronteriza a los gobiernos?
—S.R.: Al Estado Colombiano, parar con su participación en el plan intervencionista e injerencista que Estados Unidos tiene contra Venezuela. Dejar de prestar el territorio para lo mismo, en una clara entrega de la soberanía nacional a los intereses de Estados Unidos. Y respetar la autonomía y la autodeterminación que el pueblo venezolano tiene.
* Colombiainforma.info
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