El candidato presidencial Andrés Arauz busca detener el plan de privatización de la refinería de Esmeraldas que lleva adelante el gobierno de Lenín Moreno. Para tal fin, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, en contra del Decreto Ejecutivo 1094, de 10 de julio del 2020, que autoriza la delegación a la iniciativa privada de la “gestión conjunta” de la refinería de Esmeraldas.
La demanda fue aceptada por la Corte Constitucional el martes, que ha procedido a notificar a la Presidencia de la República y al Procurador General del Estado, con el fin de que intervengan y contesten en el término de quince días.
“La presente acción tiene como propósito impugnar el mismo Decreto Ejecutivo, cuya constitucionalidad es cuestionada”, afirma la demanda presentada por Arauz.
El objetivo es que la privatización de Moreno no llegue a su fin, en particular con la firma del contrato previsto para el próximo 23 de abril, es decir, un mes antes que el actual mandatario deje de ser presidente.
El intento privatizador de Moreno forma parte de su programa neoliberal que ha conducido a la profundización de la crisis que vive el país y el enriquecimiento de una minoría, en particular de banqueros.
Este decreto presenta numerosas irregularidades. Una de ellas es, por ejemplo, que, si bien solo al Estado central le corresponde autorizar la delegación a la iniciativa privada de la gestión de los sectores estratégicos, debe existir una norma expedida por la Asamblea Nacional.
Por otro lado, la delegación al privado es excepcional, y solo puede ocurrir si la gestión del sector estratégico no puede ser realizada por empresas públicas, en caso de darse esa situación, por empresas mixtas.
Por último, en caso de no poder ser hecha ni por empresas públicas ni mixtas, puede ser llevada adelante por una gestión de economía popular y solidaria, y no necesariamente privada.
En la materia específica de hidrocarburos no existe, además, una norma legal específica que establezca los casos de excepción que permiten la delegación de la gestión de la refinación a la iniciativa privada, ni norma especial que regule el procedimiento a llevarse a cabo.
A pesar de eso, el ejecutivo busca avanzar en la privatización, forzando el sistema jurídico para una delegación que pone en riesgo los intereses públicos.
Moreno, arrogándose funciones que no le competen, autorizó una delegación espuria, inconstitucional y arbitraria, con consecuencias graves para la política de hidrocarburos nacional, la empresa pública, los trabajadores de la misma.
La decisión de Arauz es impedir que se dilapiden impunemente recursos naturales y estratégicos bajo el argumento de que la empresa pública es incapaz de una gestión eficiente, cuando sí existe el conocimiento, la experiencia y el recurso humano necesario.
El intento de privatización de Moreno no responde a una necesidad real de la refinería, sino a la búsqueda de transferencia de lo público al privado para nuevos negocios personales y la profundización del neoliberalismo. Se trata de uno de sus últimos intentos, al igual que el plan de privatización del Banco Central de Ecuador.
Es imprescindible impedir estas acciones de última hora que dañaran a la mayoría del pueblo ecuatoriano y condicionar al gobierno de Arauz, donde sí se reactivará la economía del país y de las familias.
“fuente imágenes: Ministerio de Energía y Recursos No Renovables”
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