El pueblo ecuatoriano tiene cita con las urnas. El 7 de febrero próximo, este país sudamericano, deberá elegir un nuevo presidente, en un marco nacional y global afectado por la pandemia de la COVID-19 y una presidencia, administrada por Lenín Moreno con un 90 % de desaprobación ciudadana y una población, que según datos de empresas encuestadoras, en un 40 % no ha decidido su voto.
Elecciones que se presentan con un número récord de aspirantes (16) y estimadas las más convulsionadas desde el retorno a la democracia en Ecuador el año 1979. Situación derivada de tres hechos fundamentales y ya resueltos, pero que dejaron las aguas políticas, en este país del centro de Sudamérica muy agitadas: la posible participación del expresidente Rafael Correa el cual fue definitivamente inhabilitado. En segundo lugar, la posibilidad que la fórmula conformada por Andrés Arauz Galarza y Carlos Rabascall del Movimiento Unión Por la Esperanza (UNES), apoyada por el expresidente Correa pudiera ser frenada legalmente en sus aspiraciones a competir a lo que se sumó las acusaciones contra la fórmula ultraderechista alianza conservadora CREO-PSC, conformada por el empresario Guillermo Lasso (1) finalmente la decisión del CNE que dejó fuera de las papeletas a la presidencia al binomio del Movimiento Justicia Social, conformada por el empresario Álvaro Noboa y Gino Cornejo, una decisión cargada de polémica (2) y que según el análisis político ecuatoriano, consensuaba la idea que era el único capaz de oponerse con fuerza al binomio de Arauz-Rabascall.
En este escenario, Estados Unidos, a pesar de tener sus propias y enormes dificultades políticas internas, ha aumentado significativamente la presión sobre aquellos estados de América Latina cuyos líderes del ala progresista trataron e intentan construir una política interna y externa más soberana y alejada de los influjos negativos de Washington. Léase Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua entre otros sometidos a políticas de máxima presión por las administraciones estadounidenses. En el caso del régimen estadounidense, dirigido por el agónico mandatario Donald Trump, ha brindado a las autoridades actuales ecuatorianas la oportunidad de concretar una alianza de mutuo beneficio. Un gobierno presidido por Lenín Moreno, que ayudo a detener al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en la Embajada de Ecuador en Londres a cambio de blanquear los delitos financieros de Moreno, tanto en el plano local como los millones de dólares depositados por él y testaferros familiares y socios en paraísos fiscales confirmando su política de dar un paso adelante en beneficio propio y dos atrás en desmedro del Ecuador.
La protección dada a Moreno por Washington es la misma dada al candidato de la derecha Guillermo Lasso, empresario y dueños de holding financieros, entre ellos el Banco Guayaquil cuyos principales ingresos se invierten en empresas inmobiliarias, fiduciarias y empresas off shore, lo que le permite eludir obligaciones tributarias y posibilita la libre extracción de capital. Es la paradoja de los candidatos como este banquero, plagado de discursos altisonantes de defensa de la patria y dotados de un verbo nacionalista, que en cambio buscan su resguardo financiero allende sus fronteras nacionales. Esta situación de depósitos en paraísos fiscales hubiese servido, por si sólo, para impedir la candidatura de Lasso pero, como candidato de Washington, cuenta con todo el blindaje que dicho país otorga a sus incondicionales y servidores sin remilgos.
Resulta obsceno que la presidencia del Ecuador se esté discutiendo con un Guillermo Lasso que además es fundador de 49 empresas off shore ubicadas, principalmente, en las Islas Cayman donde destaca el grupo de empresas de Andean Investment cuyo capital pasó de un millón de dólares el año 1999 a 31 millones de dólares en el 2001. En Panamá, a su vez, posee fondos depositados bajo el nombre de empresas como Corporation Multibg, Banish Holding SA, Brotgers Investment Ltda. Si nos trasladamos a Estados Unidos y en específico el Estado de Florida, donde suelen campear los políticos de derechas que escapan de gobiernos progresistas y aprovechan las ventajas financieras que da Estados Unidos, Guillermo Lasso, su hermana, sus hijos, otros familiares y testaferros, sólo en este estado tienen registradas 29 empresas bajo el logo de “Nora” y “Malena” de los cuales quince empresas del grupo Nora: Investment LLC, Investment Dos LLC, Investment Doce LLC y algunas del grupo Malena: Uno LLC, US LLC, cuentan con un patrimonio inmobiliario que supera los 23 millones de dólares.
Las acusaciones contra Lasso son de calibres mayores que las que pesan contra el actual mandatario, el converso Lenín moreno, quien es sindicado como propietario de cuentas off shore donde también se vincula a parte de su familia, como es el caso de su hermano Edwin Moreno. Ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, Lenín Moreno fue acusado por el diputado Ronny Aleaga, del partido Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, de haber incurrido en “posibles delitos cometidos como asociación ilícita, lavado de activos, cohecho y peculio”. La denuncia de Aleaga dice relación con la apertura de una sociedad en el paraíso fiscal de Belice con el nombre de la empresa off shore INA Invesment, en honor de las tres hijas del mandatario: Irina, Cristina y Karina, lo que habría originado un enriquecimiento ilícito, que incluiría una lujosa mansión en la ciudad de Alicante España. Todo ello efectuado a nombre de Lenín Moreno por su hermano, Edwin Moreno Garcés quien habría actuado de testaferro.
Todo es Incerteza
El panorama para el 7 de febrero es aún muy incierto, con una fuerte campaña contra el correísmo, en que a pesar de estar inhabilitado, la influencia de Rafael Correa se deja sentir haciendo un paralelo con Evo Morales en Bolivia, quien influyó significativamente para que el candidato del MAS fuera su ex Ministro de Economía, Luis Arce Catacora, quien triunfo por amplio margen contra las fuerzas de la derecha boliviana. En el caso de Ecuador, Andrés Arauz también fue ministro de economía de Rafael Correa y a pesar de “tener aún con poco relieve a nivel regional; sin embargo, es conocido en su país, donde fue ministro de Correa. Además posee un amplio bagaje académico y en la actualidad realiza un doctorado en economía en la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Blanco, catedrático, insospechado de haber cometido actos de corrupción”. La figura de Correa despierta amores y odios sin intermedios y en estos días el propio CNE definió que todas las imágenes publicitarias de UNES debían sacra de sus imágenes al ex presidente, inhabilitado políticamente.
Ecuador tiene desafíos de enorme envergadura y que serán parte del bagaje que deberá portar el próximo gobierno tras los fracasos del gobierno de Moreno de darles solución o contender contra ellos. Tal es el caso de la lucha contra la pandemia de la COVID-19 que ha generado una catástrofe sanitaria, no sólo por el escaso papel del estado en la lucha contra este flagelo, sino por las cifras que muestras escaso número de ventiladores mecánicos, fracaso de las políticas de contención, falta de camas hospitalarias, incluso las más sencillas y la toma de medidas que implican un fuerte freno a la actividad económica del país. El propio Arauz sufrió el contagio de la COVID-19.
Una interesante opinión, al del director de la plataforma de investigación académica Centro de Derechos Económicos y Sociales (CIDES) en Quito, Pablo José Irrurrialde señala, una serie de puntos que comparto plenamente y definen una campaña electoral tensionada por la COVID-19 y los ataques al correismo “Noto tres particularidades políticas en la actual elección, lo primero es el desencanto general ante la política electoral; de hecho, a un mes de la elección entre el 40% y 50% de la sociedad aún no ha decidido su voto. En segundo lugar, los comicios están signados por la proscripción del movimiento Revolución Ciudadana. Hay una notoria persecución jurídica y un notable cerco mediático contra el correísmo; es más, todos los candidatos han coincidido en atacar con persistencia a Andrés Arauz. En tercer lugar, la elección está marcada por el estallido social de octubre de 2019 y, dado el protagonismo del indigenismo en ese levantamiento, por primera vez el movimiento Pachakutik es una importante opción electoral con su presidente Yaku Pérez. No se puede obviar tampoco el importante protagonismo que ha ido adquiriendo la figura de Xavier Herbaz de Izquierda Democrática. Ambas agrupaciones con más similitudes que diferencias pero que suelen no unirse en función de intereses, rencillas personales y no el bien del país.
El escenario político ecuatoriano, a pesar de las 16 fórmulas en disputa sigue encajonado por la ya vieja disputa entre correísmo y su antítesis todavía está ordenado por el enclave correísmo-anticorreísmo, y donde gran parte de los contendientes lanzan sus dardos contra el binomio Arauz-Rabascall y donde el apellido Correa sigue saliendo una y otra vez. El desafio del correísmo es triunfar en primera vuelta, so pena de ver un ballotage con una opinión unificada gritando al unísono “todos contra el correísmo”. Además de triunfar en primera vuelta se debería triunfar por un amplio margen para evitar que Lenín Moreno y los suyos lancen la manida acusación respecto a fraude o impugnen esa victoria bajo los más disímiles argumentos.
Y hablo de una oposición unida a pesar que el movimiento indigenista Pachakutik pareciera estar más cercano a la posiciones del correísmo sin embargo, el propio Iturralde nos da luces del por qué no se ha logrado la unión con esta fuerza que permitiría pensar en un triunfo sin discusión alguna “La unión no fue posible porque, primero, durante la década pasada el boom de los commodities generó una exacerbación del modelo económico extractivista, al que Correa adhirió, y que precipitó además choques y conflictos entre el Estado y los movimientos sociales. Pero, en segundo lugar, hay una razón más histórica y profunda: el proyecto plurinacional de los pueblos indígenas tiene una mirada del país diferente a la matriz nacional y popular, que hoy representa el correísmo. El indigenismo no solo se presenta como antineoliberal, sino como un proyecto anticolonial”. A pesar de este pesimismo hay algunos indicios que señalan algún tipo de acercamiento, que permita pensar en una alianza estratégica. Por el bien de Ecuador y Sudamérica tal hecho sería de enorme importancia.
Los análisis del correísmo y aquellos consultados por este cronista argumentan que la posición de la población indígena ecuatoriana (como sucedió bajo el gobierno de Rafael Correa) podría comenzar a mejorar de nuevo, buscar soluciones efectivas y medulares a sus problemas sociales, así como también el tema de representación política en el poder, temas de creencias incluidas, lo que avizora que la República del Ecuador trataría de volver a un camino de estabilidad y desarrollo progresivo que bajo el mandato de Lenín Moreno sufrió un proceso de discapacidad, de echar a andar el país, de levantarlo de su silla, que más allá de dificultades motoras sumergió al país en problemas morales. No en balde se ha convocado para el día 28 de enero próximo una movilización nacional contra Moreno y su labor nefasta para el país que incluye protestas por el tema pensiones y la idea de aumentar los años para jubilarse y oponerse a la eventual privatización de las áreas estratégicas del Estado, entre otras, el petróleo, la telefonía, la minería y las empresas eléctricas.
Escrito por: Pablo Jofré Leal
