Los psicólogos James E. Mitchell y John “Bruce” Jessen, que crearon para la CIA e implementaron métodos de interrogatorio como la bañera (ahogamiento simulado), la privación de sueño, el confinamiento en pequeñas cajas del tamaño de un ataúd o las palizas, testificarán esta semana en la base naval de Guantánamo en audiencias previas por el caso de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Sus testimonios podrán influir en el destino de los sospechosos de los ataques terroristas si se demuestra que la CIA y el FBI fueron cómplices en torturar a los detenidos y las “técnicas de interrogatorio avanzadas” se implementaban a nivel gubernamental en violación de sus derechos humanos.
Se espera que Mitchell y Jessen comiencen a testificar a partir de hoy en las audiencias preliminares contra Khalid Sheikh Mohammed y cuatro hombres más imputados por ayudar a planificar y prestar asistencia en los atentados.
Los cinco acusados podrían ser condenados a la pena de muerte si los hallan culpables, y ahora la pregunta clave es si el tribunal decide excluir de las pruebas en su contra sus testimonios obtenidos bajo torturas.
La Amnistía Internacional subraya que los procedimientos de las comisiones militares que dictarán su veredicto final no cumplen las normas internacionales en materia del juicio justo, y “las repetidas demoras” en el proceso de los sospechosos “han contribuido directamente a la ausencia de la justicia y el remedio reales para las víctimas del 11-S y sus familiares”.
La organización, así como los abogados de los imputados, esperan que por lo menos dos de los responsables de las torturas y tratos inhumanos por fin rindan cuentas ante la justicia, aunque técnicamente sus prácticas no se consideraban ilegales durante su implementación bajo la Administración de George W. Bush, por lo cual ambos psicólogos insisten en que no hicieron nada mal y solo hicieron lo que les pidieron y lo que se consideraba absolutamente legítimo.
Según un informe secreto de la CIA sobre el papel de los médicos en su programa de torturas entre 2002 y 2007, publicado en 2018 por ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), los experimentos con torturas de los detenidos fueron legitimados gracias a los médicos contratados por la CIA.
Así, el equipo legal de la CIA había convencido al Departamento de Justicia de legalizar el ahogamiento simulado (“pese a que el ahogamiento simulado constituye un riesgo de muerte inminente”, no causaba “daño mental prolongado” que duraría meses o años, con lo cual el procedimiento “no constituiría una tortura” bajo los Convenios de Ginebra). La ONU, así como numerosos defensores de los derechos humanos, insiste en que esta práctica “equivale a tortura”.
“En lugar de ser obligados a rendir cuentas, las personas responsables del programa de torturas de Estados Unidos —incluidos Mitchell y Jessen— han sido protegidos y en algunos casos incluso ascendidos.
El hecho de que estén testificando en estas audiencias de alto nivel muestra el fracaso de la CIA para erradicar los abusos de los derechos humanos en el corazón de su programa antiterrorista”, sostuvo Julia Hall, experta principal de Amnistía Internacional en materia de la lucha antiterrorista, que asistirá a los testimonios de los psicólogos.
“La tortura nunca se justifica y cualquiera que la utilice debe rendir cuentas”, agregó, al constatar que “esta impunidad es una mancha en la historia de Estados Unidos” y “el trabajo perverso de estos ‘psicólogos’ ha hecho retroceder en la lucha global contra la tortura”.
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