Las ciudades colombianas despiertan y rugen sus calles como no lo hacían desde hace más de cuarenta años, a pesar de que en las zonas rurales del país la lucha no se ha detenido.
Prueba de ello es que con el argumento de “quitar el agua al pez”, fue ahí donde se ejecutaron la mayoría de las masacres y violaciones masivas de los Derechos Humanos (DDHH) en las últimas décadas y son hoy el principal escenario del genocidio de líderes y lideresas sociales.
Colombia es un país gobernado por mafias que han penetrado el aparato del Estado; el uribismo, que llegó al poder en el año 2002, es la máxima expresión de ello y hoy ha logrado colmar la paciencia incluso de quienes hasta el año 2018 lo votaron.
Las razones del estallido social en Colombia son varias y van desde un nuevo paquetazo neoliberal, un presidente absolutamente impopular, un etnocidio que se ha agudizado, una educación desfinanciada y cada vez menos accesible, acuerdos de paz incumplidos, desempleo en aumento, entre otros. Pero las causas que sostienen la protesta son más profundas.
El modelo de militarización y paramilitarización del país puesto al servicio de los intereses de los grandes capitales trasnacionales que ejecutan el despojo y sostienen una de las economías más inequitativas de América Latina, según el propio Banco Mundial, la corrupción imperante, la parcialidad de la justicia, son algunas de las causas por las que, finalmente, las ciudades se han levantado.
El espejismo de una supuesta paz sin justicia ni diálogo, comienza a desvanecerse. La guerra que nunca se detuvo y vuelve a hacerse evidente. La represión continúa, siendo la respuesta más contundente a la protesta social.
El diálogo convocado por Iván Duque no satisface a la población, porque el Estado colombiano continúa al servicio de los poderes fácticos y no ceja en su empeño de “pacificar”, es decir, rendir al Pueblo colombiano. No está dispuesto a ceder un solo privilegio y no presta oídos a ningún reclamo que impida el despojo de los recursos nacionales.
Nuevamente la mejor salida que encuentra el presidente uribista es no gobernar. Responde con represión desmesurada, busca a quién culpar a diestra, pero sobre todo a siniestra, y se dedica a convocar a otros países para activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) contra Venezuela.
Después de las tan ofensivas palabras de Pacho Santos sobre Donald Trump y el departamento de Estado (que muy probablemente estos mismos filtraron), todo movimiento aparentemente innecesario puede darse como una acción desesperada.
El uribismo está entrampado: su impopularidad alcanza niveles impensados, el conflicto social se profundiza y su política exterior naufraga. Con un Trump ofendido y enredado en conflictos políticos internos, y un Sebastián Piñera a punto de que la propia derecha chilena le pida la renuncia, el continente se les tambalea.
El Gobierno colombiano está acorralado y de una bestia acorralada se puede esperar cualquier cosa, especialmente reacciones poco inteligentes, como agudizar el conflicto interno o atacar a Venezuela.
Se reparten las tareas. La ministra del Interior, Nancy Gutiérrez, se mofa de la protesta popular e incita a la violencia lanzando la frase “#NoPudieron”. La nueva ministra de relaciones exteriores, Claudia Blum, preside una reunión de los países del TIAR en Bogotá, cuyo tema central es la Revolución bolivariana.
Ninguna señal de voluntad de paz sale de la Casa de Nariño, ni para con su Pueblo, ni para con los países vecinos (…)
Si las jornadas de protesta siguen, se visibilizará aún más la cruda realidad del país y tal vez se logre avanzar, hasta llevar al Gobierno a un diálogo real. Si por el contrario, las calles se silencian, volverán quienes resisten a sus territorios a continuar su heroica pero casi invisible lucha, mientras el Estado seguirá imponiendo su agenda de Guerra al país y la región.
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