La Cancillería cubana ha sido clara: apoyar –en el tema migratorio– un flujo ordenado y seguro de sus ciudadanos, sobre la base de respetar el derecho de los mismos y el carácter humanitario de una movilidad sin riesgos ante el repugnante hecho de que muchos se han convertido en presas y víctimas de mafias criminales que los abusan sobre la base de todo tipo de daños como la extorsión, el robo, violaciones e, incluso, asesinatos y desapariciones.
Aunque los acuerdos migratorios vigentes y la eliminación de la política de “pies secos, pies mojados” han hecho relativamente desaparecer las peligrosas salidas por mar, y todavía algunos se lanzan a tan desesperada odisea, lo cierto es que Estados Unidos se ha convertido en el principal obstáculo para una migración segura de los cubanos.
La razón es clara, esgrimiendo el ambiguo argumento de la vulnerabilidad para “la seguridad nacional” y escudándose en una dudosa y no probada agresión a sus funcionarios diplomáticos en su embajada en La Habana, la administración Trump se ha dejado llevar por el macabro juego de la ultraderecha anticubana y sus socios cavernícolas del deep state, cuyos rostros públicos son Marco Rubio, Mike Pompeo, Mauricio Claver-Carone, Eliott Abrams, John Bolton y Kimberly Breier, y quienes apuestan por cerrar opciones de salida de los ciudadanos cubanos, promover la intranquilidad ciudadana y gestar una situación social caótica interna –acentuada por la intensificación del criminal bloqueo y otras medidas que están implementando– que desemboque en un estallido social en forma de olla de presión.
Este peligroso juego ha salido caro para Estados Unidos cuando se recuerda a las migraciones ilegales descontroladas de 1966, 1980 y 1994, que llevaron a miles de ciudadanos cubanos a su suelo. Esta vez, empero, ante un caso de similar, los promotores de este evento tienen la carta bajo la manga de usar el tema de la seguridad nacional y establecer una bloqueo marítimo contra Cuba, volviendo al pasado tiempo de las cañoneras y estableciendo nuevas amenazas y peligrosas sanciones contra la Isla. Su plan, a fin de cuentas, es planificar el desorden social, el descontento ciudadano, incitación a la desobediencia y tratar de colapsar la gobernabilidad como pretexto aparente para una utópica intervención “humanitaria”.
La Casa Blanca sabe a lo que juega con respecto a Cuba, interesada en validar el derecho de sus ciudadanos a viajar y migrar de manera ordenada y segura, y cada acción asumida por ella está encaminada –usando la apoyatura mediática con la cuenta– a disfrazar el fenómeno migratorio con un viso político insostenible y una amenaza potencial, cuando es harto conocido que el mismo globalmente responde, sobre todo, a motivos económicos y a crisis bélicas en peligrosos escenarios para la vida. No ha sido fortuita la modificación del tiempo de validez de la visa B2 para los cubanos, tampoco el cierre de sus servicios consulares en Cuba, el incumplimiento violatorio de las cuotas establecidas anualmente en los acuerdos migratorios entre ambas partes, usando para ello pretextos insostenibles y dudosos.
Cuba, según mi opinión, garantizará lo acordado en tema migratorio con Estados Unidos, pero denuncia este juego macabro por el que están apostando la ultraderecha reaccionaria norteamericana y alerta sobre los peligros venideros que esta política puede acarrear para ambas naciones.
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