En nuestro país, la justificación de la embajadora de EEUU en Nicaragua, Laura Dogu, es que “las afectaciones del huracán Mitch pasaron y por lo tanto los nicaragüenses que se beneficiaron con el Estatus de Permanencia temporal (TPS) tienen un año para regresarse a su país”, sin importar que con ello desintegren las familias que se han formado a partir de 1998.
Más allá de la implicancia que puede tener el flujo de remesas que representa para la economía de la nación la deportación de los más de cinco mil 349 nicaragüense, está el principio humanitario de mantener esas familias unidas, por lo que sectores políticos y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes en EU criticaron la suspensión del TPS que les ha permitido residir y trabajar en ese país por diecinueve años.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las condiciones que llevaron a conceder el TPS a Nicaragua en 1998 por el paso del huracán Mitch “ya no existen” y, por lo tanto, “debe darse por terminado” ese estatuto especial, por lo que todos los nicaragüenses amparados por ese programa tienen plazo hasta el cinco de enero de 2019 para abandonar Estados Unidos.
El Caucus Hispano del Congreso (CHC), formado por congresistas demócratas, lamentó lo que consideraron una “irresponsable” decisión de la Administración del Presidente Donald Trump, ya que “ellos han vivido en EU durante casi 20 años y han criado niños estadounidenses, contribuido a nuestra economía y enriquecer nuestras comunidades.
La deportación de familias que están contribuyendo al tejido económico y social de nuestra nación no es un liderazgo, es un abuso de poder imprudente e insensible”.
Es por ello que a criterio de estos legisladores, el Congreso debe “brindar alivio” a las familias inmigrantes antes de que se cumpla el plazo, para que puedan quedarse en el país y tener la “oportunidad” de hacerse ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, el CHC está claro que en ese Poder de Estado no existe el mínimo interés para realizar la tan reclamada reforma migratoria general.
El congresista demócrata Henry Cuéllar señaló que esta decisión forma parte de una estrategia del presidente Trump “para tomar ventaja” e imponer sus políticas, ya que está poniendo sobre la mesa muchos temas al mismo tiempo con la finalidad de poder mantenerlos ocupados y tomar disposiciones como esta.
“La verdad no creo que los colegas republicanos quieran tocar este tema”, subrayó.
Por otro lado, Grupos que defienden a los inmigrantes centroamericanos con Tarjeta de Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, piden a las autoridades transformar ese documento en residencia permanente.
Para Julio Cardoza, director ejecutivo de Casa Nicaragua en Los Ángeles, “este bloque de centroamericanos con TPS” ya está “revisado por el Gobierno por más de una década”, por ello “lo justo es conceder residencia permanente” a estos beneficiarios.
“Cuando los políticos comen en su casa o van a restaurantes lujosos, no piensan que inmigrantes como los centroamericanos con TPS cosechan con incertidumbre o dolor esos vegetales y frutas en su plato”, señaló Cardoza.
Joanne Ferreira, vocera del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), dijo que las cifras aproximadas de centroamericanos con TPS y Documento de Autorización de Empleo (EAD) activos son 195 mil en el caso de salvadoreños, 57 mil a hondureños y 2 mil 550 para nacidos en Nicaragua, números que no incluyen a todos aquellos menores de edad nacidos en ese país, así como adultos desempleados.
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