Honduras tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, y cerca del 75 por ciento de esos homicidios son perpetrados con armas de fuego —el promedio mundial se acerca más al 50 por ciento—. Honduras no es el único país de la región en esta situación.
Poco más del 60 por ciento de los homicidios en El Salvador y el 81 por ciento en Guatemala —vecinos de Honduras en el Triángulo Norte— involucran armas de fuego.
La circulación de armas no conlleva necesariamente un mayor número de homicidios en todos los casos. Nicaragua tiene una abundancia de armas en circulación, pero su tasa de homicidios es una sexta parte de la de Honduras.
Sin embargo, en un país en el que el crimen organizado y las pandillas están fuera de control, y las fuerzas de seguridad afrontan acusaciones de corrupción de manera regular, la disponibilidad de armas es, sin duda, un facilitador de la violencia.
Por InSight Crime y la Asociación para una Sociedad Más Justa
Este estudio intenta rastrear los orígenes de las armas que están detrás de esos homicidios y que han hecho de los grupos del crimen organizado y las pandillas fuerzas tan formidables en Honduras. Esto se logra usando diversos métodos.
En primer lugar, se basa en la mejor información disponible sobre incautaciones de armas en el país. Esto nos da una idea de qué tipos de armas hay en circulación en el mercado negro, de dónde vienen y quién las pone en circulación.
En segundo lugar, InSight Crime y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con quienes realizamos este proyecto, visitaron y entrevistaron a representantes de los organismos hondureños responsables de la compra y venta de armas al público, y de la gestión del registro de porte y tenencia de armas entre la población civil.
Esto nos permitió analizar el sistema regulatorio y su capacidad de monitoreo de la dinámica del mercado negro.
En tercer lugar, InSight Crime y ASJ entrevistaron a varias personas que han participado en el movimiento ilegal de armas y municiones.
Los casos que describen son ilustrativos de tendencias a mayor escala en lo que respecta al tráfico ilegal de armas en Honduras y el Triángulo Norte en conjunto.
En cuarto lugar, InSight Crime y ASJ consultaron con numerosos funcionarios de Honduras y otros países, así como expertos de la sociedad civil, que siguen el negocio ilegal de armas.
Estos expertos nos ayudaron a darnos la orientación correcta en términos de tendencias y teorías sobre este negocio.
Quinto, InSight Crime y ASJ complementaron este trabajo con una revisión de reportajes y otras investigaciones de organismos gubernamentales y no gubernamentales, de este gobierno y multilaterales, sobre tráfico de armas, legislación sobre armas de fuego, crimen organizado y actividades de pandillas en Honduras y la región.
En suma, hemos hecho una revisión minuciosa sobre el comercio ilegal de armas en Honduras. Este, sin embargo, se encuentra incompleto.
Eso se debe a que dos de los principales sospechosos de provisión de armas de fuego ilegales —la policía y las Fuerzas Armadas de Honduras— no han divulgado información sobre sus adquisiciones, ventas de armas, controles internos y casos que impliquen a miembros de sus fuerzas.
Hasta que eso suceda, tendremos que depender de la información disponible al público, en relación con casos que involucren a las fuerzas de seguridad, y no tendremos una imagen clara del alcance que tiene la fuga de estas armas.
A pesar de esa limitación, el comercio ilegal de armas en Honduras parece seguir algunos patrones bastante claros y consistentes.
Comprende actores pequeños e individuales y actores grandes y en ocasiones institucionales. Aprovecha un mercado mal regulado y un marco legal contradictorio.
Al final, hay tantos vacíos en el sistema que quienes participan en el negocio demuestran el viejo dicho: la ocasión hace al ladrón.
Principales hallazgos
Estados Unidos es la fuente de casi la mitad de las armas sin salvoconducto incautadas en Honduras. Los principales métodos usados son su introducción en el equipaje de pasajeros u ocultas en importaciones legítimas. Estas últimas son el método preferido de grupos criminales grandes, que pagan a los funcionarios para que dejen pasar la carga.
Las armas ilegales en Honduras también proceden de países vecinos. Nicaragua, Guatemala y El Salvador son fuentes importantes de armas traficadas, muchas veces reliquias de los conflictos de la Guerra Fría. Predominan los testimonios y varios casos que relacionan al ejército y la policía con la filtración de armas.
Hay graves fallas en el sistema de registro de armas.
Existen grandes retrasos en la recolección de datos de balística de armas, y procedimientos de almacenamiento inadecuados han causado la pérdida de varios años de información de balística.
La información que se recopila no se usa para rastrear a los criminales o abrir casos en su contra.
El marco legal sobre control de armas de fuego es contradictorio y su aplicación inconsistente. Los deberes de las diferentes instituciones no se presentan con claridad, y algunos aprovechan estos vacíos legales, o simplemente ignoran la ley.
Las leyes que rigen la tenencia de armas presentan grandes vacíos, entre ellos que no definen términos claves, como “armas de fuego”, y no regulan las compras de municiones.
Hay un mercado local ilícito muy grande de armas y municiones. Según la ley, solo la Armería puede vender estas piezas, pero InSight Crime y ASJ hallaron municiones para la venta en tiendas por departamentos y armas en casas de empeño del país.
La evidencia tomada de las entrevistas y de investigaciones realizadas por otras organizaciones revelan que estos no fueron casos aislados. InSight Crime y ASJ también encontraron que la Armería vendió municiones para armas que son ilegales.
No hay transparencia en el negocio de armas en Honduras, pues ni el ejército ni la policía ni las firmas de seguridad privadas divulgan información sobre sus existencias.
Este hallazgo es especialmente preocupante a la luz de la evidencia de que parece haber una fuga de armas de los arsenales del ejército y la policía hondureñas, y porque algunos militares y agentes de policía activos y en retiro parecen tener una participación activa en el mercado negro de armas de fuego y municiones.
Hay deficiencias en las normas que rigen la Armería, el único distribuidor autorizado de armas en el país.
Según funcionarios, ellos no están obligados a verificar los antecedentes penales de los compradores de armas.
El hecho de que sus ventas de armas y municiones sean una fuente importante de financiación del fondo pensional de los militares puede crear un incentivo problemático para que la Armería venda el mayor número de armas que le sea posible.
El tráfico de armas no ha sido abordado con la contundencia necesaria.
Las personas capturadas por tráfico rara vez reciben sentencias de cárcel, mientras que los funcionarios de aduanas habitualmente permiten el paso de armas por los puntos de ingreso y no buscan armas ocultas en equipaje o contenedores.
Los propietarios de armas en Honduras se ven empujados al mercado negro por los procesos ineficientes, las escasas barreras de entrada y las pocas repercusiones.
Conveniencia e impunidad, tanto como la intención criminal, son los motores que mueven el mercado negro.
La explosión de firmas de seguridad privada ha abierto una puerta al mercado negro de armas.
Estas empresas no tienen supervisión suficiente, y se sospecha que muchas son fachadas de grupos del crimen organizado.
También hay confusión sobre el tipo de armas que pueden poseer legalmente estas firmas.
Ha habido esfuerzos importantes por combatir el tráfico de armas en los últimos años, con cierto éxito.
Esto incluye el refuerzo de la vigilancia en los puntos de ingreso al país, las redadas a puntos ilegales de cruce, y propuestas de endurecimiento de las leyes sobre las armas en Honduras.
