Los Estados son soberanos
El artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela pauta: “son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional”.
Los Estados, que representan la soberanía inalienable del pueblo, tienen inmunidad contra las decisiones de otros Estados, y más contra las de órganos no soberanos.
¿Es soberana Venezuela?
Pero una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia suscrita el 17 de octubre de 2008 por Luisa Estela Morales contradice la Constitución al afirmar que “resulta imposible sostener una teoría de la inmunidad absoluta o afirmar en términos generales la inconstitucionalidad de las cláusulas arbitrales en contratos de interés general(…)”.
Como resultado, Venezuela está sometida a la condena de una sucursal del Banco Mundial llamada CIADI en una veintena de demandas que superan el monto de sus reservas internacionales, y una Corte Interamericana de la OEA pretende anular las sentencias del mismo Tribunal Supremo y declarar inocentes a los corruptos en nombre de los Derechos Humanos.
Derechos Inhumanos
Derechos Humanos son aquellos que corresponden a todos los miembros de la humanidad por su condición de tales, independientemente de su sexo, edad, nacionalidad, cultura o condición socioeconómica.
Han sido recogidos en diversos documentos, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa en 1789, pasando por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la ONU hasta la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos. Decía Mark Twain que el Diablo también puede leer la Biblia.
El Imperialismo también puede leer los Derechos Humanos.
La Suprema Corte de los VioladoresEstados Unidos, Inglaterra, Francia, los principales violadores de Derechos Humanos en el mundo, no se someten a ningún tribunal internacional competente en la materia.
De todos modos, estos tribunales forman parte de organizaciones internacionales dominadas por las grandes potencias, y aplican jurisprudencia según la cual las empresas privadas, que explotan a sus trabajadores, destruyen la naturaleza y venden productos dañinos o mortíferos, sólo responden ante sus accionistas, y no ante la colectividad ¿Entonces, quién puede ser enjuiciado por violación de Derechos Humanos?
Según los tribunales del Imperio, el Estado, pero no el Estado Imperialista (que no suscribe ningún tratado que lo someta a tribunales externos) sino el Estado del Tercer Mundo. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que no comparecen ante tribunales de Derechos Humanos, financian infinidad de Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) para que denuncien a los Estados del Tercer Mundo ante esos juzgados.
Así, si una empresa envenena a millares de ciudadanos, estos tribunales externos declaran responsable al Estado por no haberlo evitado; pero si lo evita, entonces los tribunales internacionales lo declaran violador del Derecho Humano que ellos consideran Supremo: el de la Propiedad.
No hay manera de ganar en este juego.
Dictadura maquillada de Derechos Humanos
¿Le cabe a usted alguna duda de que los nobles Derechos Humanos pueden ser invocados para los usos más infames?
El 11 de abril de 2002 un golpe mediático apoyado por una camarilla militar y el gremio patronal secuestró al Presidente electo de Venezuela, derogó la Constitución aprobada en referendo por todos los venezolanos, e impuso por la fuerza una autocracia.
Con las manos todavía tintas en sangre de ciudadanos inocentes, los conjurados aprobaron por aclamación el acta de instalación de la dictadura, alegando:
“Que Hugo Chávez Frías y su Gobierno ha menoscabado sistemáticamente derechos humanos garantizados en la Constitución de 1999 y en los tratados, pactos y convenciones internacionales relativas a los derechos humanos suscritos y ratificados por la República, al punto de que nunca como en estos últimos tres años los organismos interamericanos de protección de Derechos Humanos han recibido tantas denuncias fundadas de violación de los mismos, en particular relativas al derecho de la vida, al debido proceso, a la libertad de expresión e información y al derecho a la información”. (…)
“Que Hugo Chávez Frías y su Gobierno ha propiciado desde sus altas posiciones una instigación a delinquir, al propiciar violaciones de toda índole a la propiedad privada (…)”.
Asistí como simple ciudadano a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, donde abogados de una ONG opositora acusaban al pueblo que reinstauró a la Constitución y al gobierno legítimo ¡por haberse defendido!
Víctima ante tribunal de verdugos
Dijimos que Estados Unidos, el principal violador de los Derechos Humanos en el mundo, no se somete a ningún tribunal internacional.
En cambio nosotros nos entregamos como mansas ovejas a juzgados influidos por Estados Unidos.
Burócratas, jueces y árbitros extranjeros, que no conocen nuestras leyes y además se sienten competentes para declararlas nulas o carentes de efectos, enjuician y condenan constantemente a Venezuela y a cualquier país progresista.
Sordos y mudos para las colosales hecatombes en Palestina, Irak, Afganistán y Libia, drásticos magistrados que jamás tuvieron una palabra para condenar el genocidio del Caracazo del 27 de febrero de 1989 ni el golpe del 11 de abril ni el de Honduras ni el campo de concentración de Guantánamo, se dan el lujo de incriminarnos.
Situaciones coyunturales o estructurales
Así, los leguleyos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) durante las cuatro sangrientas décadas de la Cuarta República apenas procesaron cuatro denuncias sobre violaciones de Derechos Humanos en nuestro país (dos interpuestas por el terrorista Posada Carriles).
Pero en su Informe de 2010 achacan a Venezuela “situaciones coyunturales o estructurales, que estén presentes en Estados que por diversas razones enfrenten situaciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales, consagrados en la Convención Americana o en la Declaración Americana”.
Y por ello nos sitúan en la misma categoría que asignan a Colombia, Honduras y Haití, tres países ocupados por bases o milicias estadounidenses, donde el enjuiciado debería ser Estados Unidos y no sus víctimas.
Colocar a un país junto con los invadidos es preámbulo de la invasión.
Acusaciones fraudulentas¿En qué basa la CIDH esta condena?
La casi totalidad de sus pronunciamientos carece de veracidad y validez porque se sustenta, según confiesa su propio Informe, en denuncias presentadas por ONGs apenas basadas en notas de medios de comunicación parcializados.
Porque aducen como pruebas meras suposiciones, presunciones o profecías de hechos futuros, hipotéticos e inciertos, sustentándolas únicamente con expresiones tales como “habría”, “podría”, “sería”.
Porque intentan suplantar a las legítimas autoridades administrativas y jurisdiccionales venezolanas decidiendo sobre cuestiones que no han sido sometidas a ellas, o pronunciándose sobre leyes que expresan la soberana voluntad popular.
Y porque casi nunca aportan datos precisos sobre lugar, fecha y protagonistas de los sucesos, ni pruebas fehacientes.
Con tales procedimientos se podría condenar a Jesucristo. Fue lo que un tribunal de fariseos hizo.
Países en capilla ardiente
La condena de estos tribunales de organizaciones dominadas por el imperialismo es una sentencia de muerte que se ejecuta mediante invasión.
Nicaragua fue condenada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por defenderse de contrarrevolucionarios que se decían misquitos, y ello desató durante casi una década la intervención masiva estadounidense a través de la “contra”.
Libia fue expulsada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU semanas antes de que reventara contra ella el genocidio de la OTAN, que ya ronda los 60.000 muertos.
También han sido expulsados Siria e Irán, países contra los cuales llueven amenazas y quizá después lloverán bombas.
Legítima defensa
El imperialismo usa los Derechos Humanos para negar a los humanos sus derechos. Venezuela soberana no puede ser juzgada, y menos por tribunal de fariseos.
Como medida de legítima defensa, nuestros países deben denunciar y dejar sin efectos todos los tratados o instrumentos que los sometan a enjuiciamiento, valoración y condena por tribunales o árbitros internacionales de órganos dominados por potencias imperiales.
Unasur y la Celac deben crear sus propios órganos defensores de los Derechos Humanos.
Nuestros gobiernos deben prestar prioritaria atención a la defensa contra todas las acusaciones formuladas por organismos de cualquier índole en dicha materia y emprender una eficaz campaña informativa para propagar sus logros en la defensa de los Derechos Humanos las falsedades que en relación con ellos se le imputen.
Deben, en fin, investigar, desenmascarar y exponer los posibles financiamientos externos de las potencias imperiales a las ONGs.
Organismos financiados por potencias imperiales sólo deben denunciar las violaciones de los Derechos Humanos que esas potencias cometen.
La Dictadura Economica-Militar y gendarme del Mundo EEUU-CIA-TRUMP, son los principales violadores de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional.
