La investigación de corrupción que toca la cúpula del partido de Rajoy avanza en Madrid mientras en Colombia está estancada. Solo está detenido Diego García.
La Fiscalía española pidió que se investigara al ex alcalde de Madrid y ex ministro de justicia del gobierno de Mariano Rajoy, Alberto Ruiz-Gallardón, dentro de la Operación Lezo que busca develar la corrupción detrás de los negocios de la Comunidad de Madrid con Inassa en América Latina. En Colombia el escandalo está centrado en la Triple A de Barranquilla y en Metroagua de Satamarta y La Guajira.
El entretejido de corrupción habría empezado en el 2001 cuando Alberto Ruiz Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid (1995-2003) y que continuaría Esperanza Aguirre quien lo sucedió en la Presidencia hasta el 2012. Según la documentación Ruiz Gallardón fue quien autorizó la primera operación que dio origen a Inassa.
“Se trataría de un atractivo trampolín para el inicio de las operaciones del Canal de Isabel II en el continente americano”; este fue el argumento del director gerente del Canal, Arturo Canalda, para justificar la compra en el 2001 de Inassa por USD 73 millones, una operación que en realidad fue un desfalco millonario a las arcas públicas.
La Comunidad de Madrid utilizó el dinero para comprar una empresa opaca panameña que se desapareció legalmente poco tiempo después. Según los documentos aportados al sumario del caso Lezo, el Consejo de Administración del Canal trató este asunto en una reunión del 8 de octubre y posteriormente en otra del 14 de noviembre de 2001, en la que se dio el visto bueno a realizar una oferta por el 75 % de Inassa por 73 millones de dólares.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dio luz verde a esa operación el 29 de noviembre, con firma del presidente regional, Alberto Ruiz Gallardón, y la operación se hizo a través de la filial Canal Extensia.
Pero, en realidad, lo que hizo el Canal fue comprar la empresa opaca panameña Sociedad Aguas de América, creada para realizar esa compra y que desapareció posteriormente.
La Fiscalía quiere que se investigue a Gallardón por esta operación al considerar que causó un desfalco de unos 70 millones de euros a las arcas públicas, pues el valor de la empresa adquirida era mucho menor del que se pagó.
En la reunión del Consejo de Administración del 8 de octubre de 2001, el director gerente ofreció una serie de datos sobre Inassa, empresa colombiana propietaria de la sociedad Agua, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, conocida como la Triple A, que tenía además presencia en República Dominicana, Ecuador, Venezuela.
Según expuso, la facturación anual de la Triple A era de unos USD 73 millones. “Un negocio básico seguro cuyos ingresos deben rebasar los 80 millones de dólares cuando se terminen las ampliaciones de la concesión a zonas metropolitanas que están en curso”.
Es decir, tenía “una buena tarifa, sostenible y equilibrada”, expuso Canalda, quien justificó la compra en “la oportunidad ante la actual situación del mercado, la falta de compromisos futuros de inversión, la madurez del negocio, la excelente gestión de la empresa, la recomendación del Banco Mundial” y en la capacidad, conocimiento y experiencia del Canal en el sector.
Todo ello, dijo, hacía de la operación “un atractivo trampolín” para la entrada del Canal en América. El consejero Agapito Ramos tomó la palabra para pedir “minuciosidad” en el estudio de la operación, para que el Canal no actuase como “una Ong”, en tanto que el consejero José Antonio Llanos preguntó por qué si esa empresa tenía resultados tan positivos se ponía a la venta.
En cualquier caso, se facultó a la dirección de la empresa pública a preparar una oferta, operación que se autorizó por unanimidad en el siguiente Consejo, el 14 de noviembre, por importe de USD 73 millones
El presidente del Canal, Pedro Calvo, defendió que la operación era positiva “a la vista de los informes existentes” y defendió que “el posible o hipotético riesgo que todo negocio lleva implícito” estaba “valorado y asegurado económicamente”.
América, origen de las posteriores actuaciones que se investigan en el caso Lezo, por el que está en prisión el expresidente madrileño Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino, la cabeza de la operación de Inassa en América Latina.
En una conversación que consta en el sumario con el exministro Eduardo Zaplana, González afirmó que Inassa “no valía ni 30 millones de dólares” y que Gallardón o “su gente” estuvieron detrás de la operación.
Mientras la investigación avanza en Madrid, en Colombia no ha habido avances concretos, a pesar de los acuerdos de intercambio de información que acordaron tanto el Fiscal Néstor Humberto Martínez Neira como el Procurador Fernando Carrillo.
El único detenido hasta el momento es el cartagenero Diego García Arias, quien fue detenido el 24 de agosto el aeropuerto El Dorado cuando llegaba de Cancún y permanece en prisión a la espera de su extradición a España donde es solicitado para declarar ante la Fiscalía en el caso Lezo.
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