El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Manuel Valderrama, dictó sentencia de primera instancia en el caso Riggs y condenó a seis oficiales del Ejército en retiro por malversación de caudales públicos y estafa en beneficio directo de la familia del general Augusto Pinochet.
Se trata de Jorge Juan Ballerino Sandford, Ramón Castro Ivanovic, Gabriel Mario Vergara Cifuentes, Sergio Marcelo Moreno Saravia, Juan Mac-Lean Vergara y Eugenio Castillo Cádiz, quienes gozarán de libertad vigilada.
El magistrado estableció que los involucrados, “en su calidad de funcionarios públicos, substrajeron para beneficio particular de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte y su familia, fondos públicos provenientes del erario nacional, concretándose de esa forma la acción material de apoderamiento de los fondos que tenían bajo su cargo en virtud de ser ellos Jefes de la Casa Militar, Edecán y Secretarios Privados”.
La nota de prensa del Poder Judicial señala que los dineros detectados en las cuentas del Banco Riggs, “carentes de justificación de ingreso y egreso, no pueden sino provenir de gastos reservados”. La malversación asciende a US$ 6.466.406.
Dando un cierre definitivo a la causa, el ministro Valderrama ordenó el decomiso de 24 inmuebles distribuidos en Iquique, Valparaíso, Viña del Mar, Quintero, San José de Maipo, Vitacura y Lago Ranco, pertenecientes a la familia Pinochet. Lo mismo hizo con tres vehículos y siete documentos bancarios que pasarán a manos del Fisco.
Cabe mencionar que en este caso no se persiguió la responsabilidad penal de familiares de Pinochet ni tampoco se dio relevancia a otra arista que permitiría explicar el origen de la fortuna del dictador: la de tráfico de armas y drogas bajo el régimen militar.
Según escribió el periodista Benedicto Castillo en su libro “Pinochet, el gran comisionista”, el 14 de octubre de 2005, un grupo integrado por el subcomisario Patricio Bascuñán, el inspector René Sagardia y el subinspector Axel Muñoz, pertenecientes a la Fuerza de Tarea de Investigaciones Reservadas (FTIR) de la PDI, entregó una minuta a tribunales que abordó este punto.
El documento informó sobre la producción y comercialización de precursores químicos de cocaína en instalaciones del Ejército, antecedentes relacionados con el empresario de origen sirio Edgardo Bathich, el ex piloto de la CIA Iván Baramdyka, y vínculos entre narcos chilenos y colombianos que se extendieron hasta después de terminada la dictadura, amparados por el Estado.
Matías RojasEl Ciudadano
