Burgos negaba dinero para Chiloé porque este Gobierno supuestamente no tiene la billetera fácil. Pues bien, ese mismo día Rodrigo Valdés decía que modificar la Ley 13.196 no está entre las prioridades del gobierno.
Es increíble, pero hay casi US$1.000 millones de dólares anuales esperando la voluntad política de quienes consideren pertinente orientar la principal riqueza del país a los temas sociales y no al espacio más oscuro del Presupuesto de la nación.
El 4 de mayo el ministro Jorge Burgos declaró, respecto a la austera oferta del Ejecutivo para paliar el impacto social de la crisis medioambiental en el archipiélago de Chiloé, que "ha quedado claro que este es un Gobierno que se preocupa de la gente en esta situación, pero no somos un gobierno de billetera fácil y no lo vamos a ser".
La tesis de la respuesta económica estatal a las demandas sociales como ‘billetera fácil’ ha sido uno de los triunfos políticos de la tecnocracia económica chilena, que en nombre del equilibrio macroeconómico no ha dudado en producir desequilibrios sociales.
Sin embargo, las anormalidades presupuestarias más flagrantes no son impugnadas cuando se trata de actores con peso político en la escena nacional.
Y resulta que sí hay billetera fácil, de modo estructural y permanente, para las Fuerzas Armadas.
La Ley 13.169, conocida como la Ley Reservada del Cobre, permitió en 2015 a las Fuerzas Armadas acceder al 80% de los aportes de Codelco al Estado chileno, según los datos calculados por la economista Marcela Vera, del Centro de Investigación Sociedad, Economía, Cultura (CISEC) de la Universidad de Santiago, entidad que dirijo.
Tal y como teóricamente se ha proyectado, cuando el precio del cobre baja, el perjuicio para el fisco no solo deriva de los menores ingresos para Codelco, sino además de la extracción del 10% de las ventas brutas.
Esta situación, que muchas veces se ha discutido en tono teórico, demuestra ser hoy una realidad flagrante: mientras el Estado no tiene dinero para absorber vergonzosos problemas ambientales derivados del extractivismo, ni tiene la voluntad de afrontar problemas sociales agudos, el dinero de la principal riqueza nacional derivado de la principal empresa estatal se transforma prácticamente en su totalidad en dinero para el estamento militar.
La evolución de los pagos al fisco sin contar los aportes a las Fuerzas Armadas por la Ley 13.196 y la evolución de los pagos por esa ley a las Fuerzas Armadas se aprecian en el siguiente gráfico, demostrándose que inmediatamente terminado el superciclo del cobre (2012) los pagos de Codelco al fisco y los pagos de Codelco a las Fuerzas Armadas tienden a igualarse, hasta llegar al absurdo de 2015, donde claramente predomina el ingreso de las Fuerzas Armadas por sobre el aporte al Estado en general.
La más importante de las irracionalidades está hoy sobre la mesa, irónicamente junto al caso chilote, cuyas demandas son negadas por costosas (aunque el grueso de su petitorio no habla de dinero).
Hasta ahora los datos entregados habían sido insuficientes y no se había planteado la principal irracionalidad: la dualidad de decir que no hay dinero para los problemas sociales y no cuestionar el dinero entregado a las Fuerzas Armadas.
No es raro que la única cifra que se ha promovido es la que habla de US$11.726 millones aportados desde 2004 a 2014 a las Fuerzas Armadas por Codelco. Pero la ausencia del detalle es parte de una discusión que, cuando se plantea, es deliberadamente superficial y quirúrgicamente cuidadosa desde el habla del mundo político.
Es el meticuloso cuidado de los civiles frente a los militares. Característico de la transición.
El siguiente gráfico muestra todos los aportes de Codelco al Estado, incluyendo los de las Fuerzas Armadas, pero se distinguen los porcentajes de aquellos fondos que van a quedar en disposición del Poder Ejecutivo respecto de aquellos que llegan a las Fuerzas Armadas. Los porcentajes son elocuentes. Ya en 2002 el 70% de los aportes quedan en las FF.AA.
El caso 2015 radicaliza el problema y se llega al mencionado 80%. Solo el superciclo del cobre, esto es, el inusitado alto valor del precio de la libra de cobre acontecido durante alrededor de una década, logró revertir las proporciones de ingreso en favor del Estado.
Pero, dado que ese superciclo está estructuralmente terminado (era un superciclo de todos los minerales y del petróleo, que duró desde 2004 a 2012), es evidente que la ley, como está, seguirá otorgando aportes más abundantes al mundo militar que al resto del país.
La historia tiene su cierre en el mismo momento en que el hombre que supuestamente oficia de guardián de la racionalidad presupuestaria, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, defiende el absurdo precio a pagar en la Ley Reservada del Cobre; un precio por un producto que sencillamente desconocemos y cuyo destino puede ser, en el mejor de los casos, la compra de armas y, en el peor, un festival de corrupción. Su frase (en una ironía inoportuna) se enuncia el mismo día en que Burgos negaba dinero para Chiloé porque este Gobierno supuestamente no tiene la billetera fácil.
Pues bien, ese mismo día Rodrigo Valdés decía que modificar la Ley 13.196 no está entre las prioridades del Gobierno.
Es increíble, pero hay casi US$1.000 millones de dólares anuales esperando la voluntad política de quienes consideren pertinente orientar la principal riqueza del país a los temas sociales y no al espacio más oscuro del Presupuesto de la nación.
Pero tal parece que sigue siendo más racional tener un arma en las manos que una buena razón. La única billetera fácil, entonces, se consigue en la simple ecuación del poder fáctico y no en la consideración del proyecto político.
Y es que las regiones pueden esperar, pero los militares no.
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