JULIO FONTANET / ELNUEVODIA.COM – E l tema de la deuda pública del país ha sido, evidentemente, la noticia más importante de 2015. Su discusión ha sido sumamente difundida en todos los medios; más aún en las pasadas semanas cuando las personas y grupos con un marcado interés pecuniario en el tema han invertido millones de dólares en anuncios, en cabilderos y en otros mecanismos para influenciar —o desinformar— la opinión pública.
Recientemente, The New York Times publicó un extenso artículo sobre la deuda pública de Puerto Rico suscrito por Jonathan Mahler y Nicolas Confessore, quienes no están en la nómina de las compañías dedicadas a adquirir “hedge funds”, también conocidos como “fondos buitre”. Su lectura debe ser obligada para todo aquel que quiera entender con relativa claridad la situación actual de la deuda, pero, sobre todo, los intereses en conflicto.
El mejor ejemplo de lo anterior ha sido, probablemente, la conducta del aspirante presidencial Marco Rubio. Electo al Congreso con el favor de miles de votantes puertorriqueños en el estado de la Florida, Rubio se había comprometido a ser coautor del proyecto que permitiría a nuestras corporaciones públicas y municipios acogerse a la ley de quiebras federal.
El proyecto contaba en sus inicios con buena receptividad entre demócratas y republicanos. No obstante, eso cambió cuando las firmas dedicadas a los hedge funds comenzaran a cabildear en contra del proyecto y a hacer grandes aportaciones a las campañas de los congresistas, entre ellos Rubio. Ello implicó que Rubio no meramente no auspiciara el proyecto, sino que comenzara a oponerse públicamente al mismo. Debe recordarse que, desde la trágica decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Citizen United, todas las grandes firmas y corporaciones tienen mucha libertad para financiar aquellos candidatos que promuevan sus intereses. En cualquier otra parte del mundo esto sería un eufemismo para soborno. Es por ello que todo elector debe cotejar de dónde provienen los fondos para la campaña de todos los candidatos.
De la lectura del artículo mencionado surge también que empresas que son dueñas de un porcentaje significativo de los bonos emitidos —como Oppenheimer Funds, Templeton, Shaw Group Marathon y BlueMountain— se han unido para torpedear cualquier iniciativa que se presente para atender la deuda. Y lo hacen sin ningún tipo de tapujos: Blue Mountain, una firma de $22 mil millones con sede en Park Avenue, Manhattan, se opuso bajo el argumento de que en los procesos de reorganización bajo la ley de quiebras se prioriza en las pensiones y retiros de los empleados y no en el pago a los bonistas; insisten en que lo que debe hacerse es bajar los gastos en educación y salud de los puertorriqueños.
A nadie en el mundo financiero le deben impresionar aseveraciones de esta naturaleza, particularmente si sabemos que los fondos buitres invierten, precisamente, en bonos de países cuyas economías están en situación precaria bajos unos términos que les garantizan un alto rendimiento. Por eso se llaman “buitre”, por su carácter de depredadores, de carroñeros. Pero ello no deja de revolver el estómago a personas con alguna sensibilidad o conciencia social.
El que se permita a las corporaciones públicas reorganizar su deuda a través de la ley de quiebras viabilizaría una mayor eficiencia de estas y que se sufrague la deuda con los ingresos sin la necesidad de despidos masivos o de aumento en las tarifas del agua y de energía eléctrica.
Es frustrante ver cómo muchos congresistas —y otras personas en el país— están dispuestos a vender su conciencia a estos grandes “mogules”. Según The New York Times, Rubio es uno de estos y ello resulta sumamente paradójico conociendo su origen. Me imagino que sabrá que no contará con muchos votos de los boricuas en los Estados Unidos, aunque sí tendrá mucho dinero para su campaña para consolarse.
