Ante la inminente expiración del contrato, la compañía Bush ha decidido no renovarla.
En Washington DC, trescientas dos familias asiáticas y afroamericanas, podrían ser desalojadas de un complejo habitacional subsidiado por el Gobierno federal, a menos que la corporación propietaria reconsidere la renovación de contrato.
Estas familias protestan en defensa de su derecho a una vivienda, ante la amenaza de ser removidos por la corporación dueña de este edificio ubicado en el barrio chino de Washington DC.
La sección ocho de la ley de vivienda, otorga subsidios a familias de bajos recursos a través de contratos con los propietarios de edificios como éste.
Ante la inminente expiración del contrato, la compañía Bush ha decidido no renovarla.
Los planes de la compañía propietaria pretenden derribar el edificio y construir lujosos condominios.
La comunidad de inquilinos mayoritariamente asiáticos y otro tanto afroamericanos podrían ser echados a la calle en cualquier momento.
Organizaciones que defienden a las familias de bajos recursos económicos se sumaron a la protesta. Afirman que el intento de desalojo es ilegal.
En uno de los intentos de solución los inquilinos optaron por la compra del edificio, intento que fracasó por el precio de 250 millones de dólares que pide la corporación propietaria.
La única esperanza que tienen estos inquilinos es apelar ablandar el corazón de sus propietarios y que su caso sea la excepción en el inevitable proceso de metrificación que vive la ciudad.
Publicado por alberto rolland
