Carmelo Soria y sus hijos
Tras décadas de impunidad y verdades a medias, la Corte Suprema de Justicia ordenó someter a proceso a 15 ex torturadores y asesinos de la siniestra Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el homicidio del ex funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Carmelo Soria Espinoza, ultimado el 14 de julio de 1976.
En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Gloria Ana Chevesich, Carlos Aránguiz, Andrea Muñoz y Carlos Cerda- revocaron la decisión del ministro instructor del máximo tribunal Lamberto Cisternas que rechazó los procesamientos, ordenando que sean procesados los criminales Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann, Guillermo Salinas Torres, Jaime Lepe Orellana, René Quilhot Palma y Pablo Belmar Labbé.
Lo mismo respecto de Michael Vernon Townley y Armando Fernández Larios, ambos refugiados en Estados Unidos y protegidos por ese país, y los exiliados cubanos Virgilio Paz Romero y Juan Morales Salgado, ambos fuera del alcance de los tribunales locales.
Como cómplices fueron acusados la escritora y ex esposa del doble agente Townley -quien fue informante de la CIA -, Mariana Callejas Honores, además de María Damiani Serrano, Ricardo Muñoz Cerda y Carlos Sáez Sanhueza, mientras que como coautor de homicidio calificado fue encausado José Lagos Ruiz.
Según se determinó en el fallo, la detención ilegal y la tortura hasta la muerte de Carmelo Soria Espinoza, así como los actos posteriores destinados a ocultar las reales circunstancias en que esto ocurrió, fueron planificados y ejecutados en cumplimiento de las órdenes dadas por quienes se desempeñaron como jefes o superiores jerárquicos de la DINA, entre ellos, el fallecido Manuel Contreras y el ex coronel del Ejército, Pedro Espinoza, actualmente recluido en el penal Punta Peuco.
Por Enrique Gutiérrez, corresponsal
La Jornada en Línea
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